Cuando en diciembre llegó el fallo de la Corte Suprema, en el Consejo de la Magistratura lo leyeron casi como una sentencia de imposible cumplimiento. Cuatro meses para pasar de 13 integrantes a 20 (como lo eran en 2006) obliga a realizar elecciones para elegir a esos nuevos/as integrantes y que en el Congreso se pongan de acuerdo para mandar sus representantes. La advertencia era clara: o son 20 o a partir del 16 de abril todo lo que hagan será nulo.

En el medio, todos los avances que se hagan en los concursos para elegir jueces/zas son leídos por la oposición como maniobras para “apurar” los temas. Esto generó molestia en los últimos días, ya que varios consejeros señalaron a Data Clave que para que una terna prospere si o si necesita el okey de los opositores, por lo que no es realmente posible “apurar” una designación.

Un concurso está compuesto por distintas etapas: el llamado, el examen, las entrevistas, la confección de los listados, el análisis de antecedentes. Hay ternas provisorias e interviene tanto la Comisión de Selección como la de Labor dentro del Consejo. La terna sale de ese trabajo e incluye a los tres candidatos/as que hayan obtenido el mayor puntaje. Pero, para que esa terna avance y pueda ser enviada al Poder Ejecutivo para que el Presidente elija al candidato o candidata, necesita que se la vote entre todos los consejeros y precisa una mayoría especial. Hasta el 16 de abril, esa mayoría está compuesta por nueve votos sobre trece posibles, lo que significa que si o si el oficialismo necesita que por lo menos dos personas del bloque opositor aprueben la terna.

“Se quejan y mandan notas sobre juzgados vacantes pero las ternas las traban bastante seguido”, se queja un asesor. Del otro lado, los opositores sostienen que muchas veces se rompieron los acuerdos y que al Gobierno solo le interesa avanzar con concursos que involucren a Comodoro Py, como son los dos puestos de la Cámara Federal, hoy ocupados con los trasladados Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

En la comisión de Selección se discutió esta semana no solo sobre los lugares de los camaristas sino también las vacantes en cuatro tribunales orales federales y en dos juzgados de instrucción de Comodoro Py. Al Plenario llegarían recién después de la intervención de la comisión de Labor, sin demasiadas posibilidades de éxito por ahora.

Más allá de las internas por los lugares claves, quedó evidenciado que los movimientos hechos para aprobar los procesos necesarios y cumplir con el fallo de la Corte parece una tarea imposible. Si bien las elecciones de la jueza que pasará a integrar el Consejo parece encaminada (dos de las listas ya tienen sus candidatas), entre los dos organismos de abogados no se ponen de acuerdo. Incluso el Colegio Público de Abogados de la Ciudad sigue en su postura de realizar los comicios el 26, 27 y 28 de abril, cuando originalmente se iba a hacer la elección para el recambio de integrantes que se debe formalizar a fines de este año.

En los ámbitos políticos la cuestión tampoco está clara: la crisis política-judicial que atraviesa el oficialismo en cuanto a proyectos e idea alcanza a lo relacionado al Consejo. Su propuesta de reforma está en el Senado y la oposición que encabeza Juntos por el Cambio ya anunció que su idea es que el presidente de la Corte sea también el presidente del organismo, algo que el oficialismo quiere evitar. No están los números en la Cámara de Diputados como para avanzar y tampoco parece ser prioridad, por ahora, entre los integrantes del grupo. Tampoco se ha debatido quiénes ingresarán por la tercera minoría para completar este proceso de convertirse en 20.

El llamado a extraordinarias parece naufragar entre otras cuestiones y la posibilidad de una paralización de actividades del principal órgano de administración del Poder Judicial genera inquietudes y preocupaciones. ¿Hay posibilidad de pedirle a la Corte una prórroga en su plazo? Esa fue la pregunta que Data Clave le realizó a varios asesores/as dentro del Consejo. Aunque lo ven como una posibilidad, no está por ahora entre las opciones a tomar de forma inmediata. A dos meses del posible “shutdown”, son más las incertidumbres que las certezas en el proceso.