Los intendentes de Juntos salieron en bloque a mostrar sus diferencias con respecto a la resolución del Gobierno nacional que congela por 90 días los precios de 1.432 productos de consumo masivo. Se trata de una medida que tiene claro impacto en el bolsillo de la gente y que aspira a conseguir un resultado electoralista de cara a las legislativas de noviembre.

Claro, esto último no es algo al pasar. Y desde Juntos lo saben. Es por eso que los jefes comunales de la UCR y el PRO sellaron el acuerdo político para mostrarse en desacuerdo. Y poner sobre la mesa una palabra crucial para generarle un revés al Frente de Todos: “Desabastecimiento”.

Luego de varios debates con los diferentes actores de la cadena de producción y formadores de precios, el Ejecutivo nacional publicó en el Boletín Oficial la medida y, a instancias de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, bajó directivas sobre su aplicación, reafirmó que “garantizará su cumplimiento” y pidió a los intendentes, en especial a los del Conurbano bonaerense, su compromiso con la fiscalización en el territorio.

Días atrás, en diálogo con Data Clave, el senador bonaerense, Paco Durañona, había dejado en claro la importancia de que los intendentes sean los encargados de hacer regir y controlar la disposición nacional. “La única manera en la que se puede hacer por fuera de los intendentes es con un ejército de inspectores. Y ese no es el camino porque aun teniéndolos no conocen los territorios. Es un rol que tienen que tener los municipios. Y los que vivimos en los territorios les vamos a poder exigir a las autoridades locales que ejerzan el control del cumplimiento de la legislación. Hoy no lo pueden hacer”.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Augusto Costa, se reunieron el miércoles con Feletti para terminar de ordenar con el fin de robustecer la medida y brindar desde la Provincia todas las herramientas necesarias para su implementación y supervisión.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Y en las últimas horas los jefes comunales de la oposición salieron en conjunto a cuestionar el control de precios. “Son prácticas que no funcionaron nunca. Objetivamente erróneas e inaplicables”, le dice a Data Clave, el intendente de Pergamino, Javier Martínez.

Y añade: “Va a generar mayor compresión y desabastecimiento porque no se va a poder producir con esos precios. Está claro que lo que ayuda a bajar los precios es la competencia, pero el estado está complicado porque no genera las reglas para que la buena competencia exista. Es un nuevo error, de los tantos que se vienen cometiendo”.

Por su parte, Guillermo Montenegro, a cargo de Mar del Plata, tildó de “medida electoral” a la iniciativa y aseguró que es “irrealizable”. “No es una solución real. Tiene que ver más con una situación particular que se quiere resolver tres semanas antes de una elección”, dijo. Y agregó: “Tratar de frenar la inflación con un decreto no es lo que hay que hacer. Los comerciantes no van a tener valor de reposición, por lo que van a tener problemas”.

Su par de Bahía Blanca, Héctor Gay, le dijo a Data Clave que “en general comparto la visión crítica de mis colegas, basada en la experiencia. No veo ninguna posibilidad de éxito en el actual contexto. Si no se erradican las causas de base del problema es imposible que funcione. La historia es implacable respecto de estas medidas, más allá de que exista algún abuso generado por la extrema desconfianza que el propio gobierno manifiesta”.

Más allá de las diferencias, la oposición tiene en claro que la medida puede tener un impacto actual para el bolsillo de los bonaerenses pero “no hay necesidad de salir a consentir una idea que solo busca un voto. No se puede pagar un voto con un kilo de polenta a mitad de precio. Nos estamos bajando el precio nosotros como país. No es medida seria. No aporta nada y muestra que están desesperados por conseguir un voto”, le dice a este medio un armador de Juntos en la Provincia.

El primero en dar el paso por la negativa fue Néstor Grindetti, a cargo de Lanús, y rápidamente se sumaron más jefes comunales bonaerenses. “Yo no voy a participar de ningún control de precios ‘militante’. Necesitamos un plan serio para bajar la inflación y crear trabajo. No movidas para distraer a la ciudadanía en tiempos electorales”, agregó Diego Valenzuela desde Tres de Febrero.

Más medido, el alcalde de La Plata, Julio Garro, sostuvo que “siempre hay voluntad de acompañar y de trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones. Lo que no tenemos es certeza de hacia dónde quieren ir y cuál es el plan, porque estás son recetas que ya se aplicaron muchas veces en nuestro país y nunca funcionaron”.

Fuentes municipales le dijeron a Data Clave que “vamos a esperar el alcance de la medida y si apelan a que los municipios se sumen, en La Plata está el área de Defensa del Consumir que tendrá a su cargo la coordinación de las acciones que se definan”.

Para cerrar, y también en diálogo con este medio, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, aseguró que “es una medida que no funcionó. Desesperada. Tratando de contener lo incontenible. Es como cuando se rompe la compuerta de un dique y lo querés tapar con una palangana. No favorece ni a la producción, ni a la credibilidad en el país. Es algo que va a terminar con desabastecimiento y la factura de esto la va a terminar pagando el pueblo”.