“Esta acusación es un disparate judicial, institucional y político", dijo hoy Cristina Fernández de Kirchner al declarar en una audiencia donde se solicita la nulidad de gran parte de la causa por el Memorándum con Irán. Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal 8, que decidió realizar esta audiencia pública.

Con un enfoque político, la actual vicepresidenta apuntó no solo contra los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos sino también contra “la mesa judicial” conformada durante el gobierno de Mauricio Macri. Hubo comentarios también sobre los magistrados Claudio Bonadio y Julián Ercolini.

Al comienzo de la exposición, la actual vicepresidenta se dedicó a repasar qué estaban haciendo los imputados en esta causa al momento del atentado el 18 de julio de 1994.

"¿Qué responsabilidades institucionales teníamos los que estábamos acusados hace 27 años cuando sucedió el atentado a la AMIA. El Cuervo Larroque tenía 17 años, Juan Martín Mena tenía 15”, puntualizó. Recordó después su primer contacto con esta causa, a través de su trabajo como senadora y luego se introdujo directamente en lo que calificó como una “cooptación” del Poder Judicial por parte del macrismo.

Mencionó después el rol de la Unidad de Información Financiera, de la AFI que lideraban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y también del asesoramiento que realizaba Fabián “Pepín” Rodriguéz Simón.

Al mencionar “la doctrina Irurzun”, a la que consideró como parte del plan para encarcelar opositores, recordó también el caso de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. “Se ponen a dedo jueces violando todas las garantías del juez natural y que después avalan todas las tropelías que determinados jueces hacen en la primera instancia en Comodoro Py”, marcó.

Enumeró luego todas las causas donde está imputada. “Se conformaron jueces de atracción: los únicos dos jueces que me tocaban en Comodoro Py eran Bonadio y Ercolini mientras que los dos jueces que intervenían salvo en una causa eran Hornos y Borinsky”, resaltó.

Al hablar finalmente de la causa Memorándum, recordó que el pacto no entró jamás en vigencia porque Irán nunca lo aprobó. “Esta denuncia cayó en el juzgado de Daniel Rafecas que el 26 de febrero de 2015 dictó un fallo ajustado a derecho y la archivó”, recordó la acutal vicepresidenta.

En ese momento, recordó que el 29 de diciembre de 2016, Casación reabrió la investigación, luego de lo que ella denominó como una “cooptación del Poder Judicial y del Estado para atacar opositores”. “Resucitaron una causa que estaba acabada”, sostuvo y allí se expresó directamente sobre las visitas de los jueces Hornos y Borinsky a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos.

“El secretario privadísimo de Macri, Darío Nieto, adulteró y suprimió de la lista de los ingresantes a la Casa Rosada y a Olivos a los jueces”, denunció la vicepresidente. “Si fueron a charlar de cosas que no tenían nada que ver, no se entiende por qué razón no se informó y se suprimió expresamente de la lista de visitas”, manifestó. “Jugaba al tenis y se iba a comer con Mauricio Macri, ¿alguien puede creer que ese juez es imparcial?”, se preguntó al respecto de Borinsky.

En otro tramo de su declaración, que se extendió unos 75 minutos, recordó que en toda las causas relacionadas con la AMIA los jueces de Casación se habían apartado pero que no lo habían hecho en este expediente.

Hacia lo último, sostuvo que el rol que tuvieron los fondos buitres fue “fundamental” en esta situación. “Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué”, afirmó Cristina.

“Todavía me cuesta creer que a 27 años del atentado se esté dando este montaje de una mentira para ganar elecciones y para poder echarle la culpa a quienes mal o bien, cuando nos tocó gobernar la Argentina lo hicimos para que se pudiera estar mejor”, cerró la vicepresidenta.

Luego, quienes expusieron fueron las abogadas del Larroque, otro de los imputados en el expediente. La causa seguirá el próximo 4 de agosto, con las declaraciones del resto de los implicados.

Luego de eso, la jueza Gabriela López Iñíguez y los magistrados José Michilini y Daniel Obligado deberán definir si declaran o no la nulidad de las actuaciones que tuvieron sus colegas de Casación y todo lo que implicó su decisión, lo que haría caer el juicio.