La Cámara Federal porteña confirmó hoy una ampliación de procesamientos por nuevos hechos de presunto cohecho contra exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal y empresarios en un tramo de la causa conocida como "Cuadernos" aún no enviado a juicio oral.

Se trata de una parte del caso que sigue bajo investigación en el juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini, quien dictó esos procesamientos en febrero pasado. 

La sala I del Tribunal de Apelaciones, con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó las ampliaciones de procesamiento a los empresarios Hugo Dragonetti, Alberto Tasselli y Jorge Balán como supuestos autores del delito de "cohecho activo". 

Además confirmó la ampliación de procesamiento por nuevos hechos vinculados a supuestos pagos de dos empresarios, contra el exfuncionario del ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, ya enviado a juicio en la parte de la causa cuya investigación se dio por concluida.

También se confirmó la ampliación del procesamiento de su exsecretario, Nelson Lazarte, como presunto partícipe necesario de cohecho pasivo por 9 hechos que se suman a la acusación en su contra ya enviada a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7.

Lo mismo se resolvió con otro imputado, otro exfuncionario de la exsubsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación de la gestión kirchnerista, Hernán Gómez.

Los camaristas evaluaron que "restaría evaluar la posible responsabilidad en este hecho de los otros coimputados", en alusión a uno de los supuestos pagos ilegales por parte del empresario Dragonetti, consignado en "copias del cuaderno" del remisero Oscar Centeno en 2010.

Según las anotaciones, el 22 de septiembre de 2010, "el dinero recibido por Baratta y Lazarte fue luego llevado al domicilio de la calle Uruguay 1306 y entregado a Daniel Muñoz", en alusión a la dirección de un departamento propiedad de la familia Kirchner.

El fallecido Muñoz era secretario privado del expresidente Néstor Kirchner.

La vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es una de las imputadas enviadas a juicio oral en el principal de la investigación.

En relación a la prueba, Bruglia y Bertuzzi insistieron en esta nueva resolución en que las evidencias "exceden el marco de los 'cuadernos´ y de su ratificación por Oscar B Centeno (chofer de Roberto Baratta) al prestar declaración como arrepentido" en el caso.

"En este sentido, las medidas probatorias ordenadas en el sumario han permitido constar los domicilios indicados, la titularidad de los vehículos mencionados, verificar las comunicaciones entre los protagonistas y precisar las fechas y otros detalles de los acontecimientos de entrega", enumeraron.

Además "se cuenta con los aportes de varios imputados -particulares y ex funcionarios- en el marco de los acuerdos de colaboración celebrados bajo la Ley 27.304, que en lo sustancial resultan concordantes con el relato del ex chofer y agregan información sobre la operatoria investigada", sostuvieron