Esta semana, la Unión Industrial Argentina (UIA) adelantó que tiene el objetivo de presentarse en las causas que llevan adelante tanto la CGT (Confederación General del Trabajo) como la CTA (Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos) en apoyo a la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que fuera suspendido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo mediante una cautelar.

La figura que dijeron que iban a utilizar es la de amicus curiae. Ser “amigos del tribunal” es lo que permite participar a terceros ajenos a un proceso judicial que tienen conocimiento y competencia sobre la cuestión. Según señaló la UIA en un comunicado, tienen "la intención de expresar una opinión fundada respecto de la modernización de la legislación laboral, ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo".

"Las reformas planteadas configuran el camino correcto hacia la creación de empleo privado y la reducción de la litigiosidad y sientan las bases para que, cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles", remarcó. Y agregó: "en la actualidad sólo seis millones de personas tienen empleo formal en Argentina, lo que representa casi un 50% de trabajadores no registrados".

Dos antecedentes, dos rechazos

 El 15 de enero, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Alejandro Sudera rechazó el planteo que presentó la Fundación Apolo para convertirse en Amicus. En su resolución, el magistrado sostuvo que el artículo 1° del
Reglamento anexo a la Acordada CSJN n.° 7/2013 establece que “las personas físicas o jurídicas que no fueren parte en el pleito, pueden presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en calidad de Amigo del Tribunal, en todos los procesos judiciales correspondientes a la competencia originaria o apelada en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general”.

Por ese motivo, el juez Sudera aseguró que la presentación de la Fundación, que buscaba intervenir desde estos primeros momentos en la causa, resulta extemporánea debido a que el expediente "aún no se encuentra tramitando por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Contra esto, el abogado y dirigente político Yamil Santoro presentó un recurso de reposición ante la misma cámara para que se revea la postura. 

“La presentación cuya desestimación se solicita revocar procura pluralizar y enriquecer el debate desde una óptica ciudadana, distinta y alternativa a la óptica corporativa de la Confederación General del Trabajo, que se atribuye una legitimación en representación de todo el universo del trabajo personal, cuando solamente podría reconocerse en relación a los trabajadores dependientes y registrados”, aseguró.

En estas actuaciones concurren los intereses de una mayoría de trabajadores dependientes y autónomos que no son representados por la C.G.T., sin perjuicio de que, respecto de las medidas de gobierno cuya validez se discute, cabe también recoger la perspectiva de la población en edad de ser económicamente activa que se encuentra desempleada, de los empleadores y de la sociedad civil en general", remarcó. 

Su postura, sin embargo, volvió a quedar en soledad. “Hágase saber al presentante que el mismo resulta improcedente por ajustarse a derecho lo decidido en cuanto se desestimó la presentación de 'Amigos del Tribunal'´”, dijo esta vez Sudera junto al juez Carlos Pose.

Misma suerte corrió un planteo similar de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que solicitó su incorporación como tercero en el proceso porque, de acuerdo a su argumentación, afectaría intereses propios. “Existe un consenso generalizado entre las empresas y empleadores de Argentina que las medidas del Título IV del DNU potenciarán la creación de nuevas empresas, promoverán la exportación de productos argentinos, atraerán inversiones y multiplicarán exponencialmente las fuentes de trabajo”, dijeron en el escrito presentado.

“Si se permite una actuación de la CGT, pues también debe oírse a la Cámaras antes de tomar cualquier decisión sobre la vigencia y validez de las normas laborales contenidas en el DNU”, argumentaron la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba; la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba; la Federación Comercial de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Córdoba. En el escrito, se formula también la presentación de un recurso extraordinario para que el debate llegue a la Corte Suprema y para que allí, se revoque la cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del DNU. La presentación está firmada por, entre otros, Bernardo Saravia Frías, exfuncionario durante el gobierno de Mauricio Macri. 

"La petición resulta inatendible ya que la figura de intervención de terceros resulta prima facie inaplicable en las acciones
amparistas salvo que se trate de un supuesto de intervención necesaria, lo que no puede predicarse en el caso á estudio", dijeron los camarista Pose y Sudera. “En consecuencia, y por lo expuesto, corresponde desestimar la solicitud de incorporación al proceso como tercero interesado”, concluyeron

La cautelar dictada y el recurso presentado por el gobierno en su contra está ya en la instancia de la Corte Suprema, aunque en Tribunales ven difícil que se llegue a una resolución en estas condiciones (con un fallo no definitivo) y menos durante la feria judicial.