"Va a haber igualdad de género el día que les den a las mujeres el derecho a delinquir y sean penadas como tal", lanzó el juez Juan Carlos Gemignani hace dos meses y medio, el 8 de marzo de 2021. En el Día Internacional de la Mujer, el magistrado de la Cámara de Casación Federal se dirigió de esa forma a sus colegas juezas y les refirió que la cuestión de género era “relato” y hasta las tildó de delincuentes. Hubo denuncia en el Consejo de la Magistratura, se ordenaron medidas de prueba pero la pandemia y ciertos enfrentamientos políticos del oficialismo dejaron la cuestión en segundo plano. 

Sin embargo, el que no se quedó quieto fue el juez. Primero, había amenazado a sus colegas con denunciarlos si certificaban o difundían los mensajes del 8 de marzo, ya que argumentó que se trataban de comunicaciones privadas. "En los artículos 153 y subsiguientes del Código Penal están reprimidas las conductas de intromisión y divulgación de mensajes y documentación privada, y frente a la eventualidad de la divulgación de cualquiera de los incorporados en el referido medio, me veré obligado a proceder a formalizar las acciones pertinentes contra todos los que por acción u omisión contribuyeran a esa divulgación", marcó.

Ahora, la estrategia de Gemignani se dirige directamente al Consejo de la Magistratura: no sólo porque intentó frenar todas las medidas que se ordenaron en el marco de la Comisión de Disciplina y Acusación sino porque llevó la discusión también el fuero en lo contencioso administrativo federal.

Hace un mes, en el Consejo se aprobaron varias medidas de prueba, entre las que se encontraba la realización, en el ámbito de la Cámara de Casación, de una encuesta anónima a empleados/as y funcionarios/as para conocer si Gemignani “ha cometido otros actos de violencia de género, haciéndose saber que deberá indagar si el magistrado denunciado a) ha cometido hechos de maltrato hacia las mujeres en el ámbito laboral; b) ha proferido alguna manifestación denigrante o discriminatoria hacia las mujeres en ámbito laboral; c) si trata en forma desigual a las mujeres en el ámbito laboral; d) si ha hecho algún comentario inapropiado hacia el género femenino o hacia el feminismo”.

También se requirieron copias certificadas de las expresiones que tuvo Gemignani en el grupo con sus colegas y que se remitan las presentaciones que hicieron la Asociación de Mujeres Juezas, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el gremio Sitraju ante Casación al respecto de esta situación.

La estrategia de Gemignani, ejecutada a través de un grupo de abogados que se han dedicado profesionalmente a la defensa de represores e imputados por crímenes de lesa humanidad, consiste en que se declare la inconstitucionalidad de todas las medidas de pruebas y que se ordene al Consejo que no se las lleve a cargo. Para eso, presentaron un amparo con precautelar incluida, una medida excepcional que se solicita cuando se considera que ni siquiera se puede esperar a conseguir una cautelar.

“El chat al que la COMISIÓN pretende asignarle el carácter de institucional no es tal, sino que se trata de un grupo, cerrado, privado, en el cual los intervinientes comparten las más variadas circunstancias, de índole personal – comentarios, opiniones, chistes, nacimientos, dolencias personales y familiares, etc- que de ninguna forma se limitan a cuestiones relativas al funcionamiento de la Cámara Federal de Casación Penal”, planteó Gemignani y en esa línea sostuvo que todos los mensajes son “correspondencia privada” y nada tienen que ver con su función.

“La COMISIÓN optó por infligirme el mal más grave, aplicarme un escarmiento, herir mi honra en el medio en que actúo, frente a todo el personal y funcionarios de la Cámara que integro, sin siquiera haberme dado derecho de defensa alguno”, expresó en la presentación hecha ante el Juzgado Contencioso. No se queda solo en eso sino que compara al trabajo del Consejo de la Magistratura con la Edad Media: “la COMISIÓN revive esas arcaicas y aberrantes prácticas de vergüenza o humillación pública, y lo hace a pesar de mis reclamos para que cese en ello, obviando alevosamente mi derecho de intervención en juicio”. Luego, agregó: “Señoría, en la Edad Media al menos se permitía el ejercicio del derecho de defensa; derecho que a la COMISIÓN poco parece importar al buscar, contra todo, imponer la pena de vergüenza y humillación pública a través de la realización de una encuesta anónima, indicativa y difamatoria, retrocediendo siglos de camino recorrido por la justicia y los derechos humanos”.

Fuentes consultadas por Data Clave sostienen que el comportamiento de un juez debe evaluarse también en sus tratos. Pusieron como ejemplo que la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento que removió hace pocas semanas al fiscal Julio Castro consideró “mal desempeño” a sus conductas de acoso con empleados y empleadas y también a la denuncia por violencia que impulsó una ex pareja. 

La presentación de Gemignani ya sufrió el primer revés: el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, no hizo lugar a la precautelar solicitada. En una resolución bastante escueta, el magistrado le pidió al Consejo de la Magistratura que realice un informe al respecto y luego definirá si corresponde tomar una decisión para frenar el proceso disciplinario.

Más allá de la judicialización, Gemignani evidenció que su estrategia es tratar de derribar de cualquier forma la investigación en su contra. Sabe que no cuenta con muchos aliados dentro del Consejo, a pesar de que los sectores más conservadores del mundo judicial salieron a defenderlo: la lista Bordó y “Compromiso Judicial” se expresaron a su favor. Sin embargo, desde el ala más “progresista” le recordaron la multa del 35% que se le impuso como castigo por hechos también vinculados con la cuestión de género.