Quiebra o aceptación de la oferta: la jueza comercial Marta Cirulli definirá entre este miércoles y las primeras horas del jueves la situación de la empresa Correo Argentino S.A., un proceso que lleva ya casi 20 años de tramitación. La semana pasada, el grupo SOCMA propuso saldar la deuda con el Estado Nacional con el pago, en una sola vez, de $1.011 millones.

Cirulli debe definir si acepta esta oferta (que incluye también otros pagos) o si decreta la quiebra en el marco del proceso concursal. Cabe resaltar que de acuerdo a las estimaciones que habían realizado desde los entes oficiales y desde la fiscalía, la deuda es mucho más grande. Según el cálculo de la fiscal Gabriela Boquín, el monto se acercaba a los $6 mil millones mientras que el Estado había calculado unos $4.700 millones.

Este número salió de la conversión de los 296 millones de pesos (equivalentes a dólares) a tasa activa, la que suele aplicarse en los procedimientos de quiebra habituales. En el medio, desde 2001 pasaron cosas: el fin de la convertibilidad y los distintos procesos inflacionarios que vivió la Argentina.

La magistrada debe resolver, entonces, cómo se define este expediente. Puede aceptar la propuesta de SOCMA (que incluye a alrededor de 700 acreedores entre los que están Banco Nación y AFIP) o puede decretar la quiebra. En esa circunstancia, la empresa debería responder con sus bienes aunque cabe recordar que el valor de la compañía fue determinado en cero a principios de marzo.

Ahora, ¿qué pasaría bajo ese panorama? La apuesta es que detrás de Correo Argentino S.A. está la empresa del grupo familiar Macri, que puede hacerse cargo de la situación. De todas formas, al entrar a este terreno también cabe la posibilidad de que se siga negociando, por lo que el expediente está lejos del final sino más cerca de un nuevo capítulo.

A este escenario complejo de cálculos y especulaciones se le suma la casi segura intervención que deberá tener la Cámara Comercial, que será quién convalide la actuación de la jueza Cirulli. Cabe resaltar, además, que desde SOCMA intentan desde hace tiempo apartar a jueza y a fiscal del expediente, algo que por ahora no han logrado.

Mientras tanto, en Comodoro Py, hay una causa por lo que sucedió en 2016, cuando la compañía ofreció un monto que el gobierno de Mauricio Macri aceptó y que representaba un perjuicio a los intereses del Estado. Esa situación no se convalidó, lógicamente, pero hace algunos meses llegó al despacho del juez Ariel Lijo un informe de la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado donde se analizaba la propuesta desde distintas ópticas, con las variables de cuotas y montos. 

En ese informe, se consideró que en todos los casos la quita que se le hizo a la empresa era de por lo menos un 92%, en línea con lo que había planteado Boquín en el expediente comercial y la razón principal por la que se había opuesto al acuerdo, al que consideró ruinoso para el Estado.

Lijo tiene para resolver si procesa o no a Oscar Aguad que era en el momento de la maniobra el ministro de Comunicaciones de Macri. Fueron indagados también Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones; el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa; y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher.