La cadena de supermercados Carrefour tiene previsto inaugurar cuatro locales más en Mar del Plata. Y la noticia, lejos de ser bien recibida por la comunidad, generó ruido a nivel local. Sucede que con sus nuevas adquisiciones viola la ordenanza sobre la instalación de grandes superficies comerciales y/o cadenas de distribución.

Las nuevas sucursales, que se están terminando en Alberti al 1500, Santa Fe al 2200, Güemes al 2400 y San Martín al 3500, cerca del centro de la Feliz están próximas a abrir. Incluso, una de ellas tiene un cartel de apertura para el próximo 30 de septiembre.

Sin embargo, según una ordenanza provincial, la cantidad máxima de locales que podrán instalarse por cadenas de distribución “no podrá ser en ningún caso superior a tres” y  “ratificando lo dispuesto por la Ley provincial 12.573 para localidades de más de 300.000 habitantes, con el objetivo de evitar la saturación y la excedencia de oferta y así proteger al pequeño y mediano comerciante, y al consumidor de un mercado concentrado”.

De esta manera, la cadena francesa no solo estaría transgrediendo la ordenanza provincial sino que también pondría en riesgo la gran cantidad de pequeños locales aledaños a estas nuevas sucursales que ya alertan sobre la problemática que les significaría.

“Es como poner a un comerciante en un ring con Tyson”, le dice a Data Clave el presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIS), Blas Taladrid.

Tras darse a conocer la novedad, los vecinos elevaron la voz en reclamo de una competencia acorde. Sucede que los marplatenses ya vienen muy afectados por todas las restricciones que originaron la pandemia y que bajó los niveles de turismo provocando una gran cantidad de cierres.

En la actualidad, Carrefour cuenta con un hipermercado y dos supermercados a nivel local por lo que en caso de sumar una sucursal más ya estaría infringiendo la ley. “Los municipios tienen prohibido otorgar beneficios para la instalación de grandes supermercados en detrimento del comercio minorista. Lo que busca la ley es evitar la concentración de la oferta en el sector alimenticio”.

Y agrega: “Necesitan una serie de aprobaciones y audiencias que nosotros vemos que no se está siguiendo. Es una cadena que ya tiene su tope con alcanzado. Se identificaron cuatro lugares que no tenían cartel. Hicimos una denuncia pública y a partir de eso, uno de los locales puso un cartel de próximamente ya que todo lo que se estaba haciendo era sotto voce. La cadena ya sabe que tiene el cupo en la ciudad. Esto nos lleva a un estado de alerta. No se está cumpliendo con la ley”.

Para cerrar, Taladrid sostiene que “se debería actuar de oficio. Estamos analizando si incluso es un delito penal. El funcionario puede que no lo sepa, pero el grupo económico lo tiene claro y avanza igual”.