El gobierno de Javier Milei, con la colaboración del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha puesto en marcha una de las reformas laborales más profundas de los últimos años. El Decreto 847/2024 reglamenta 17 puntos clave de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que introduce cambios que buscan flexibilizar el mercado laboral, formalizar trabajadores no registrados y ofrecer nuevas modalidades de cese de contrato. A pesar de las promesas de reactivación del empleo y la reducción de la informalidad, la medida ha despertado críticas y preocupaciones en diversos sectores.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la regularización de las relaciones laborales no registradas. A partir de ahora, las empresas podrán "blanquear" a sus empleados informales y, a cambio, se les perdonarán deudas fiscales que varían según el tamaño de la compañía, con condonaciones de hasta el 90% en algunos casos. Si bien esta medida busca reducir el empleo en negro, se teme que las empresas utilicen esta opción para despedir trabajadores formales y recontratarlos bajo las nuevas condiciones, beneficiándose de la condonación sin mejorar las condiciones laborales a largo plazo. Esto plantea dudas sobre la efectividad real del plan para combatir la precarización estructural del trabajo en Argentina.

Otro aspecto destacado es el sistema de cese laboral que permite a las empresas y trabajadores reemplazar la indemnización por antigüedad con tres modalidades distintas: cancelación individual, fondo de cese o seguros de despido. Este cambio ofrece más flexibilidad para las empresas, pero también introduce la posibilidad de que las compensaciones económicas al finalizar un contrato sean menores. La implementación de fondos administrados por terceros, por ejemplo, genera inquietud sobre la seguridad de esos recursos y el riesgo de que los trabajadores vean reducida su protección financiera ante un despido, especialmente en sectores donde los sindicatos tienen menos poder de negociación.

La ampliación del período de prueba es otro de los puntos que genera controversia. El decreto extiende el tiempo de evaluación para los trabajadores de 3 a 6 meses en todas las empresas y hasta un año en el caso de las microempresas. Aunque esto da a los empleadores más tiempo para evaluar a los nuevos empleados antes de comprometerse con ellos, también puede aumentar la precariedad laboral. Los trabajadores estarán expuestos durante más tiempo a la posibilidad de ser despedidos sin indemnización, lo que podría derivar en una alta rotación de personal y falta de estabilidad laboral, especialmente en empresas pequeñas que busquen reducir costos a corto plazo.

El régimen para trabajadores independientes es otro cambio significativo. La nueva reglamentación permite que monotributistas o autónomos contraten hasta tres colaboradores sin que exista una relación de dependencia. Aunque esta medida podría ser útil para formalizar situaciones de empleo informal, también abre la puerta a que las empresas sustituyan a empleados en relación de dependencia por colaboradores independientes, lo que reduciría costos laborales al no tener que pagar indemnizaciones ni preavisos. Esta nueva figura de colaboración podría derivar en una mayor precarización laboral si no se fiscaliza adecuadamente, dado que los derechos de estos colaboradores serán mucho más limitados.

Finalmente, aunque la Ley de Bases había establecido que los bloqueos a empresas podrían ser motivo de despido con justa causa, este punto fue excluido del decreto reglamentario por falta de consenso entre sindicatos y empresarios. Cualquier despido por bloqueos deberá ahora ser determinado por la Justicia. Si bien esto preserva en parte el derecho de los trabajadores a la protesta, también genera incertidumbre, ya que las decisiones judiciales pueden tardar mucho tiempo en resolverse. Esto podría tener un efecto disuasorio sobre las medidas de fuerza de los sindicatos y limitar la capacidad de los trabajadores para ejercer presión en casos de conflicto laboral.

Los cambios introducidos por el Decreto 847/2024 forman parte del plan de reformas estructurales del gobierno de Milei, que busca flexibilizar el mercado laboral en un contexto de alta inflación y desempleo. Mientras el oficialismo sostiene que estas medidas son necesarias para atraer inversiones y generar empleo, los sectores opositores y sindicales advierten sobre los riesgos de una mayor precarización y pérdida de derechos para los trabajadores, especialmente en sectores más vulnerables del mercado laboral.