La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que la vista que realizaron diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) a genocidas condenados en el penal federal de Ezeiza se trató de una “decisión personal”. La funcionaria cuestionó además el pedido de informes que realizó tanto el juez de la Cámara de Casación Penal Alejandro Slokar como el magistrado Daniel Obligado sobre este encuentro que mantuvieron este grupo de legisladores con represores tales como Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Raúl Guglielminetti y Carlos Guillermo Suárez Mason hijo, entre otros, sentenciado por secuestros, torturas, desapariciones y robo de bebés.   

“Fue una decisión personal, cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y esa es la libertad. Estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver o cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina lo puede ir a ver”, señaló Bullrich en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia.

De esta forma, la titular de la cartera de Seguridad se refirió, en su condición de responsable del Servicio Penitenciario Federal, a la visita que los legisladores Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo realizaron el 11 de julio pasado a la cárcel de Ezeiza a exmarinos y agentes de inteligencia condenados por delitos de lesa humanidad.

A modo de descargo, los legisladores afirmaron que no se entrevistaron en esa cárcel con “represores”, sino con excombatientes que habían librado batallas contra la subversión marxista en los años ’70.

Fuentes parlamentarias indicaron que el motivo de la visita habría sido diseñar estrategias legales para lograr que los condenados accedan al beneficio de la prisión domiciliaria, algo que la vicepresidenta Victoria Villarruel -de aceitados vínculos con represores- viene reclamando desde hace años.    

Al respecto, el camarista Slokar formuló un pedido de informes a la cartera de Bullrich, que fue refrendado por el juez del Tribunal Oral Federal Número 5 Daniel Obligado, a cargo de la ejecución de la pena de Astiz y otros genocidas de la ESMA que fueron condenados.

“Me podría preguntar sobre todos los que entran a la cárcel. Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lazaro Báez o a De Vido, condenados, no preguntaban por qué. Un juez me pregunta a mí por qué entraron”, apuntó Bullrich.

La ministra sostuvo además que los detenidos habilitados para recibir visitas “pueden hacerlo dentro del marco de la ley” y aseguró sentirse “sorprendida” ante el pedido de Slokar. “Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara a todos”, puntualizó la funcionaria.

Organismos de Derechos Humanos repudiaron esta actividad y realizaron también presentaciones penales y administrativas ante esta situación. La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) formuló una denuncia penal en la cual indica que “la deliberada intención de difundir de manera masiva estas ideas reivindica la metodología usada por los genocidas”.

En ese sentido, el Colectivo Mario Bosch de abogados que actúan en causas de lesa humanidad solicitaron la remoción por inhabilidad moral a los diputados nacionales de LLA que visitaron “institucionalmente” a genocidas condenados.

El pedido de destitución de estos legisladores se basa en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece que “con dos tercios de votos es posible remover a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación”.

Desde este Colectivo se solicitó también al Ministerio de Seguridad un pedido de acceso a la información pública para verificar en qué horario se hizo la visita y quiénes más además de los diputados acudieron al penal de Ezeiza se encuentran cumpliendo condena los genocidas.

El bloque de Unión por la Patria presentó en las últimas horas un proyecto de resolución para crear en el ámbito de la Cámara baja una comisión especial que "determine responsabilidades" y proponga "medidas ejemplificadoras" a los legisladores de LLA.

“En virtud del cumplimiento de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y para que no se consoliden acciones que tiendan a la impunidad de los actos más aberrantes de la historia de nuestro país, la Cámara de Diputados debe tomar acciones para determinar responsabilidades y corregir tanto a los arriba mencionados como otros que pudieran haber participado, acompañado y/o facilitado recursos”, sostiene el proyecto de resolución presentado por esta bancada.