Bojanich, el hombre detrás del fuerte lobby en el Congreso por la ley de biocombustibles

Los apodos de “Rey” para los empresarios son a veces exagerados. Y sorprende cuando esa categoría se le otorga a un apellido poco conocido. Pero este último atributo es el que puede permitir alcanzar ese mote. Juan Carlos Bojanich, con 64 años y de Bahía Blanca, lo multiplica por dos. “Rey del Bingo” y “Rey del Biodiesel”. Y no es vano, concentra cerca del 5% de las máquinas tragamonedas del país y el 25% de la producción del biodiesel. Pero su fortuna no está en manos del azar, sino más bien de sus conexiones. La producción del derivado de la soja utilizado para el corte de las naftas y sus nexos con el kirchnerismo le ha permitido ganar cifras millonarias en los últimos años.

Bojanich es desde hace 30 años dueño mayoritario del Bingo de Bahía Blanca donde tiene montada unas 600 máquinas tragamonedas. Desde principios de los 2000 ingresó como accionista al poderoso Grupo Midas que opera las 1200 máquinas de los bingos de Ciudadela, Caseros, Merlo y Hurlingham. También desde 2014, tiene una participación de Crown Casino S.A., sociedad que opera otras siete salas y 1.500 slots en Río Negro. Pero el juego no sólo le dio alegrías, también algunos dolores de cabeza. Hace unos años fue procesado junto a sus socios de Midas como “coautor responsable” del delito de evasión al impuesto a las Ganancias “reiterado” en 6 oportunidades durante el período 2008 – 2013. Hace poco más de un mes, en otra causa, la Justicia procesó otra vez a los accionistas por el presunto delito de lavado de dinero y evasión al fisco. Por esa causa, hubo un resonante megaoperativo que incluyó 8 allanamientos a los bingos y oficinas del emporio del juego.

Más allá de los problemas con la Justicia, Bojanich tiene el foco puesto en su principal negocio: el biodiesel. Pese a los nuevos horizontes que planea con Bahía Energía (relacionado a la producción de glicerina) Bojanich está ahora concentrado en un feroz lobby para lograr que la Ley de biocombustibles se extienda por varios años más. La ley, que nació con un propósito noble, se convirtió en un negocio perfecto, con reglas cada vez menos claras y con fines cada vez menos prácticos. 

Promulgada en 2007, la norma establece que tanto el gasoil como la nafta, deben incluir un corte de “biocombustible” en su producción. Ese corte es actualmente del 12% en nafta y 10% en gas oil, con plazos fijados hasta mayo 2021. Senado aprobó su extensión hasta 2024, con apoyo de todos bloques (70 votos a favor, 2 ausentes) y en un trámite que aún reposa en Diputados. Aumentar el porcentaje de corte, y mantener exenciones tributarias, son los objetivos de Bojanich. 

El bio que se le incorpora al combustible (bioetanol, biodiesel y biogás) surge de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos. El corte para la nafta se denomina bioetanol y deriva de la caña de azúcar o del maíz, mientras que el biodiesel se aplica en el gasoil y deriva del aceite de soja. A este último se dedica el empresario bahiense. 

La Ley en cuestión (26.093) incluye beneficios fiscales para la construcción de nuevas plantas. Pero esos beneficios, lógicamente no son otorgados a las gigantes del agro que se dedican únicamente a la exportación como Cargill, COFCO, Molinos, Renova (sociedad de Glencore y Vicentín).  Para el mercado local producen Explora (grupo Endriven), Unitec BIO (Corporación América), Patagonia Bioenergía (Vicentín y otros), Cremer (empresa alemana) y algunas pymes como BH Biocombustibles y Soy energy.

Astuto, Bojanich encontró una manera de estar dentro del régimen de promoción y ser uno de los mayores productores de biodiesel facturando en torno a US$ 250 millones cada año, según un artículo publicado por la Revista Forbes. Ser una pequeña o mediana empresa es requisito exclusivo para entrar en el régimen. Para recibir tales beneficios, el empresario formó seis empresas distintas destinadas al mismo fin: Biobahía SA, Biobin SA, Bio Ramallo SA, Biobal Energy SA, Bio Corba SA y Refinar Bio SA. Con sus seis “pymes”, Bojanich se aseguró este mes el 25% de las ventas de biodiesel definidas desde el Estado, según consta en la web de la secretaría de Energía. 

Lejos del azar, Bojanich siempre cursó buenos nexos para sus negocios. En el juego se mostró muy cerca de Daniel Angelici y en algún momento se habló que podía ser parte del acuerdo entre el Tano y Poder Star con el que iban a buscar licencias para juego on line en la Provincia. En tanto, en el biodiesel, sus vínculos aceitados dentro del kirchnerismo los que le permitieron ir concentrando cada vez más cupo del mercado. Un detalle no menor es que las compras del cupo de corte que usan las petroleras, entre ellas YPF, son definidos por el Estado. Desde la Secretaría de Energía se define a qué productoras de biodiesel tiene qué comprarle cada petrolera. Pero también decide qué cantidad y a qué precio. Mercado cautivo y precio garantizado son dos de las fallas que los especialistas observan en la Ley, entre ellos varios diputados que prefieren ponerle paños fríos a las prórroga del beneficio. 

Pero ahora hay otra batalla en el horizonte de los productores de biodiesel. En mayo de 2021 vencen los beneficios otorgados por la ley, y el lobby en el Congreso es feroz para renovarlos por otros 15 años. A contramano del mundo, “La Liga bioenergética” busca elevar el porcentaje de corte de las naftas. Buscan impulsar que pase a ser de entre el 15% y el 27% con lo cual el negocio se duplicaría y hasta se triplicaría, aunque los productores seguirán siendo los mismos. Es decir, una torta más grande para los mismos comensales. También pujan por un aumento en el precio de referencia de en torno al 40% y aseguran que la industria es inviable.

Para acercar posiciones en el Congreso, Bojanich encargó la misión a uno de sus hijos, José Luis, quien desde mitad de año recorre los pasillos del Palacio legislativo con el objetivo de explicarle a los diputados y senadores las virtudes de la vigencia de la ley y de la necesidad de la prórroga. 

Sin embargo, no es lo que opinan expertos en energía y las mismas compañías petroleras, quienes advierten que esta medida va a ir directamente a los precios de las naftas y del gasoil y que quienes terminarán pagando el costo son los consumidores finales.

“Entendemos que el foco y objetivo de la ley promulgada en 2006 fue promover la instalación y desarrollo de una nueva industria, inexistente hasta ese entonces (...) 14 años después, dicho objetivo fue cumplido (...) Sin embargo, el costo de dicho régimen de promoción, tanto para el país como para los consumidores y el resto de la cadena de valor de los combustibles, ha sido significativamente oneroso, con consecuencias negativas en términos de impacto fiscal, generación de divisas y niveles de competitividad, y con desarrollos dispares en términos de precio y calidad”, reclamaron varias petroleras, incluida YPF, en una carta enviada a los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas