En mayo vence el régimen de regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, ley sancionada quince años atrás, en el Gobierno de Néstor Kirchner, que creó una nueva industria, industria que hoy puja para que ese régimen sea prorrogado y, tras varios meses de intensa negociación, estaría cerca de lograrlo.

El Frente de Todos presentó un nuevo borrador con el nuevo proyecto que reemplazaría el régimen vigente y lo hizo circular por los bloques opositores. Es una iniciativa que interesa por la positiva a provincias productoras de soja, maíz y caña de azúcar, y por la negativa a las petroleras.  

“Se está trabajando en un proyecto integral para dar respuesta al sector y acompañar un modelo de desarrollo nacional con integración en la cadena de valor”, describió un diputado del Frente de Todos involucrado en esta trama, en diálogo con Data Clave. Además, confirmó que el objetivo es sancionar la ley antes de mayo. Dijo también que “se está buscando y trabajando en la búsqueda de los consensos con todas y todos los participantes de la cadena de agregado de valor”.

La negociación la llevó adelante Marcos Cleri, diputado del Frente de Todos, miembro de La Cámpora representante de Santa Fe, una de las provincias que más impulsaron la prórroga a esta iniciativa. Junto a Máximo Kirchner, Cleri se sentó con los principales productores de biocombustibles del país para negociar la letra chica de este borrador, que deberá primero ser aprobado en Diputados y luego en el Senado. 

Según fuentes consultadas por Data Clave, a pesar de no estar en el borrador, se estudió durante los últimos meses y está en negociación aún la posibilidad de crear una empresa estatal que intervenga en el sector. Se barajó como una chance concreta para incluirlo en este proyecto, incluso estaba decidido el nombre: “Y-bio”. Iba a ser un anexo de YPF que fue parte de las negociaciones. A pesar de que perdió fuerza, la chance sigue estando y no se descarta una ley aparte.

Letra chica

El proyecto propone un régimen especial para biocombustibles vigente hasta el 31 de diciembre de 2030 con una posibilidad de extensión por única vez 5 años más. Se establece a la secretaría de Energía como autoridad de aplicación y se instaura un nuevo esquema de corte para los combustibles. De esta forma, se descartaría un rumor que corrió con fuerza en los últimos días: la creación de una empresa estatal que intervenga en la producción y comercialización de esta industria. En este marco, sólo podrán mezclar o comercializar aquellas empresas autorizadas por la autoridad de aplicación. 

Lo más relevante del borrador, es el porcentaje de corte que se fijarán para los biocombustibles en los surtidores, que implica una baja en el régimen actual. Para el gasoil se impone un porcentaje mínimo obligatorio del 5% sobre el total del producto. Pero en este punto, se deja la posibilidad de que la autoridad de aplicación pueda disminuir el porcentaje hasta 3% “por situaciones de incremento de precios”. Actualmente es del 10%.

En el caso del Etanol, se establece una cuota obligatoria del 10%. Pero de este porcentaje se impone un 6% mínimo al corte con alcohol de caña de azúcar. Esto es un beneficio para los ingenios que no pueden exportar sus productos y destinan gran parte a la producción local. En contrapartida, el corte de bioetanol de maíz se reparte el otro 4%. Un 2% para las empresas grandes y el restante 2% para las pymes.  En este caso, rige hoy un corte del 12%.

Según el borrador, los productores del bioetanol de maíz son los grandes perjudicados de este incipiente proyecto. Sin embargo, no descartan cambios en el debate de comisión para morigerar el impacto sobre ese sector en particular. Algo que traería problemas políticos principalmente con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Las grandes cerealeras son las que más en contra están de este proyecto, en tanto, del lado de las empresas petroleras y las pymes del biocombustible hay un aval casi total a la iniciativa del oficialismo. En ambos sectores apuntan ahora a la letra chica que pueda discutirse en el trabajo de comisión, se estima que haya un margen de 1% de aumento para los porcentajes de corte actuales.

En tanto el sector petrolero discute un aspecto puntual de la redacción de un artículo que apunta a la sustitución de importaciones. Entienden que encarece el producto porque los obliga a comprar biodiesel en Argentina en caso de querer importar nafta.

El Gobierno busca generar un nuevo mecanismo con la creación de  una autoridad de aplicación para evitar problemas ante posibles subas de precio. La autoridad de aplicación podrá “reducir los porcentajes establecidos” a productoras de Bioetanol a base de maíz hasta el 1% cuando “la suba de precios pueda distorsionar el precio del combustible fósil”. 

Entre los participantes de la cadena de agregado de valor están los principales productores de biocombustibles, los cuales se benefician con las adjudicaciones que establece la Secretaría de Energía. Desde ese sector, que incidieron en la redacción del borrador, son optimistas con la aprobación de la Ley.

Menos conformidad hay entre los pequeños y medianos productores, integrados en la Cámara Panamericana de Biocombustibles. Estos exigen que el corte del gasoil se mantenga en el 10% y que el precio del biodiesel se fije en dólares. Piden también, que la autoridad de aplicación “debería ser el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el que fije la estrategia de reducción de emisiones y descarbonización de nuestra economía”, al sostener que “los últimos 4 o 5 Secretarios de Energía han incumplido la regulación vigente en referencia a los biocombustibles”. 

La oposición rechazó el borrador del oficialismo. El radical Alejandro Cacace, aseguró que “es malo, porque reduce el corte respecto a lo actual, con eso desaprovecha capacidad instalada y reduce el mercado, es arbitrario en asignar qué empresas pueden cubrir el cupo, y deja el precio al arbitrio de la Secretaría de Energía”, dijo a Data Clave.

El rechazo es también compartido por el interbloque Consenso Federal, integrado entre otros por los diputados que se identifican con Roberto Lavagna y también los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti. “Con ese grado de discrecionalidad que se le asigna a la autoridad de aplicación no tiene sentido la ley, el secretario de Energía puede rehacer la Ley, de derecho y de revés, no tiene sentido”, aseveró ante este medio Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado de esa bancada.