Los últimos días del año trajeron una renovada hostilidad entre el gobierno y varios de los integrantes de la Corte Suprema, que a partir del 29 de diciembre tendrá 3 miembros. El retiro de Juan Carlos Maqueda por jubilación deja a un Máximo Tribunal presidido por Horacio Rosatti e integrado por Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.

Justamente este último es que viene llevando adelante una estrategia de diferenciamiento de sus colegas, a medida que se acerca un poco más a la postura del Ejecutivo. Lo hizo a mediados de este año, lo ratificó en una acordada de esta semana donde criticó que se instrumentara el mecanismo para que la Corte funcione de a tres y lo profundizó ni siquiera asistiendo a los homenajes a Maqueda y apuntando contra los otros dos jueces.

“Desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces, se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo en el Tribunal, secretarios letrados, acordadas para poner en cabeza de otros funcionarios decisiones de superintendencia que corresponden a los jueces de la Corte, fijación de reglas generales para que las causas sean juzgadas por conjueces, presiones a los secretarios de Corte para que se jubilen, y designaciones de personas sin concurso ni experiencia con la sola prueba de la vinculación con algún ministro” asestó.

No se quedó solo con eso: aseguró que existe una “ambición desmedida” que implicó “un aumento de gasto y una pérdida de ingresos”. “Hubo un abandono total de los fondos anticíclicos, sin gestión alguna, que han perdido valor y que, seguramente afectará el funcionamiento, con las consiguientes responsabilidades. Es una falta de respeto a la sociedad, que ha reclamado austeridad en el Estado y es una falta de respeto al resto del Poder Judicial, que carece de los recursos necesarios para brindar un adecuado servicio de justicia a la población”, remarcó y agregó que hay 87.218 causas que esperan un pronunciamiento del tribunal, algo que catalogó como “histórico” por el “atraso”.

Al mismo tiempo que Lorenzetti hizo nuevamente públicas sus críticas, el resto de la Corte dio a conocer que el Máximo Tribunal dictó en 2024 más de 12.250 fallos, que abarcaron unas 20.200 causas resueltas.

Batalla entre la Corte y el Gobierno atravesada por la incertidumbre con las vacantes

En el comparativo interanual, en 2023 el Máximo Tribunal dictó 10.024 sentencias, mientras que en 2022 fueron 8050. Segun apuntaron desde la Corte, esto se dio mientras estuvo integrada con cuatro jueces y con una dotación de personal que se mantuvo “relativamente estable”

“A noviembre de este año, el personal del Máximo Tribunal era de 2471 personas. En 2023 fueron 2484 y en 2022, 2446”, explicaron. Luego, tomaron un dato que significó una respuesta directa a Lorenzetti. En 2017, la Corte tenía 2558 empleados, una integración plena y dictó 7401 sentencias. Ese año, el juez rafaelino todavía era presidente, lugar que ocupó hasta septiembre de 2018.

Comisión o no comisión

“Que un proceso de la Argentina lleve 20 años es increíble, no sé si puede funcionar con tres jueces. Desde el punto del vista del quorum podrá, pero en términos de eficiencia procesal me cuesta creer que podamos tener una Corte con tres miembros”, dijo esta semana Guillermo Francos.

El jefe de Gabinete manifestó el sentir que predomina en Rosada: en 2025 habrá si o si cinco jueces en la Corte Suprema. A pocos días de la feria judicial y con un Congreso sin actividad programada para enero, la rosca y las definiciones pasaron para febrero.

De acuerdo a lo que pudo constatar Data Clave, la idea es volver a negociar con los senadores los dos pliegos, no solo el de Ariel Lijo sino también el de García Mansilla. Lijo (muy cercano a Lorenzetti) llegó a tener en algún momento los dos tercios necesarios pero La Libertad Avanza dinamitó sus chances. Manuel García Mansilla, en cambio, siempre estuvo lejos.

En caso de que no se logren los acuerdos, LLA ya tiene más que decidido avanzar con los nombramientos por decreto y en comisión, un mecanismo que Mauricio Macri intentó y no lo logró.

El artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional permite al Presidente de la Nación llenar vacantes en empleos que requieran acuerdo del Senado cuando este se encuentra en receso. Estos nombramientos, denominados “en comisión”, tienen vigencia hasta el final del próximo período legislativo. Sin embargo, esta herramienta fue diseñada en un contexto muy distinto al actual: cuando los recesos legislativos podían durar hasta siete meses.

Desde sectores académicos, varios constitucionalistas advirtieron que este mecanismo no debería utilizarse como una vía para sortear los desacuerdos legislativos. “La Constitución no habilita al Ejecutivo a tomar atajos cuando no logra los votos”, señalaron en un comunicado los abogados Martín Aldao, Laura Clérico y Horacio Etchichury, entre otros. Desde tribunales señalan la relevancia de la utilización de conjueces (que ya se han utilizado en causas donde están excusados los ministros).

“No existen dudas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ­cuya composición se impugna­ tiene jurisdicción en los asuntos de todo el país y que todos los ciudadanos pueden verse afectados si dos de sus cinco miembros son designados de manera unilateral por el P.E.N., sin acuerdo del Senado de la Nación y sin siquiera poder ejercitar el derecho que les acuerda el artículo 6 del decreto 222/03. A través de este decreto, el Poder Ejecutivo se impuso una limitación para la nominación de los candidatos de la Corte Suprema, pero al mismo tiempo le otorgó un derecho a los ciudadanos para intervenir y opinar, y de este modo ejercer un control público en la designación de tan altos funcionarios”, explicó el juez Alejo Ramos Padilla en 2015 cuando dictó una cautelar que impedía que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz llegaran por decreto a la Corte. Ambos lograron en 2016 más de los dos tercios necesarios.

Ante esto, se abren distintos panoramas: ¿se le otorgará a Lijo una licencia especial para que no tenga que renunciar? ¿se les tomará juramento a los dos “en comisión”? ¿Cómo reaccionará el resto del universo judicial? ¿La estarán viendo?