BAPRO: cómo es el pacto con el que Kicillof logró quebrar a Juntos y exponer al PRO
Tras sumarse al ultimátum de la Suprema Corte bonaerense, el mandatario provincial consiguió que la UCR se diferencie del partido amarillo en relación a la iniciativa por la reforma jubilatoria. Sin embargo, no fue tratada este miércoles.
El gobernador Axel Kicillof lanzó este lunes un duro ultimátum contra la oposición en relación al tratamiento de la reforma jubilatoria del BAPRO. El mandatario provincial se apoyó en la Suprema Corte bonaerense y llamó a los legisladores de Juntos a “soltar”, en un claro mensaje dirigido a sus líderes políticos.
El cometido de Kicillof era lograr que los diputados y senadores del PRO dejen de seguir las líneas políticas del expresidente Mauricio Macri y de la exgobernadora María Eugenia Vidal en favor de una iniciativa que, de no aprobarse, le provocaría a la Provincia un costo de “400 mil millones de pesos” por la ola de amparos presentados por los jubilados y jubiladas de la banca bonaerense.
El mensaje del gobernador tenía más de un destinatario. Es que más allá de apuntar los cañones hacia la plana mayor del PRO, la idea era exponer de cara a la sociedad la deuda que generará una ley aprobada durante el mandato de Vidal.
“La Ley 15.008 fue un acto irresponsable y oportunista. Fue aprobada el 18 de diciembre del 2017, sobre tablas, sin discusión en comisiones. Intempestivamente, casi unilateralmente, por Vidal y su partido. Se proponía un ajuste previsional, lo cual estaba completamente en línea con lo que se proponía el Gobierno nacional en la Capital Federal cuando hubo una enorme reacción del pueblo”, había manifestado Kicillof.
Y agregó: "La idea era derogarla, no quisieron y lo aceptamos Hoy estamos desamparados. Lo discutimos, hicimos las modificaciones y luego decidieron no votarla. ¿Por qué? Porque apareció Macri un día en un Zoom y se negó a qué esta ley salga. Mauricio Macri, no el exintendente y funcionario de la Ciudad. Otro capricho, otro acto de oportunismo y de tratar de manipular y manosear un hecho constitucional".
En ese marco, el oficialismo siempre buscó apoyarse en la UCR para poder evitar otra nueva derrota económica para la Provincia de parte de una ley que ya fue catalogada de “anticonstitucional” de parte de la Suprema Corte. Y que tras la última audiencia logró su objetivo.
Sucede que el radicalismo se plantó puertas adentro y dejó en claro que está a favor de la modificación de dos artículos para lograr esquivar el impacto económico al erario público. En la previa de lo que será la sesión de hoy en la Legislatura, los legisladores de la UCR acordaron no dar el quorum y de esa manera terminaron con la chance de que la iniciativa que busca devolverle el 82 por ciento móvil a los trabajadores llegue al recinto.
Al menos por este miércoles. Es que tras las el acuerdo interno de la UCR, el oficialismo y el sector rojo de Juntos pactaron para dar el debate en la próxima sesión, dentro del plazo que puso la Suprema Corte bonaerense para tomar una resolución legislativa (14 de diciembre). No con el objetivo de aunar los votos y lograr la aprobación sino de cada uno exponer su posición.
De esta manera, el oficialismo no pudo conseguir la iniciativa buscada, pero sí puso en evidencia al PRO.
El radicalismo ya había adelantado que no había posibilidad de votar de manera contraria al partido amarillo. “No vamos a provocar un terremoto en la previa de una elección”, le dijo a Data Clave un legislador de la UCR. Pero sí optarán por abstenerse. De esa manera, el FdT llevó el tema al recinto aunque no conseguió que se apruebe.
Pese a a dejar expuesta a parte de la oposición, Kicillof no logrará la venia legislativa de una promesa de campaña que le había realizado al titular de La Bancaria, el diputado nacional Sergio Palazzo. Una derrota que tendrá su impacto político.
Sin embargo, el gobernador utilizará este desenlace para marcar nuevamente al PRO como uno de los principales responsables de una nueva deuda para la Provincia. Y es que, como ya advirtió, la Suprema Corte bonaerense tomará cartas en el asunto a partir del 14 de diciembre para atender los más de 5 mil amparos (que podrían llegar a 11 mil) que le demandarán al estado un grave dolor de cabeza. Y de bolsillo.