La Corte Suprema tomó la decisión de realizar una auditoría en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

Fue luego de recibir un informe del secretario general de Administración del Máximo Tribunal, Héctor Daniel Marchi, quien quedó a cargo de la obra social tras conocerse una investigación contra el titular de la institución, Aldo Tonón, por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos.

El documento “examina la gestión” de la obra social a partir de diferente documentación suministrada. Las primeras conclusiones son contundentes: “Han surgido ciertos aspectos con riesgo de distorsión en la información financiera contable y administrativa”.

La obra social actualmente cuenta con 99.760 afiliados y se estima un promedio mensual de 1.232,3 millones por aportes y contribuciones. No cuenta, sin embargo, con una previsión presupuestaria, lo cual impide “establecer en forma transparente objetivos y metas de política institucional que se reflejen en un presupuesto anual con un horizonte a mediano plazo”.

En tan sólo dos años, la obra social incrementó casi un 50 por ciento de la planta mediante contratos de locación de servicios. El informe presentado al Máximo Tribunal también detectó “importantes compras directas” en medicamentos, insumos y prótesis.

Señala, asimismo, que el Directorio está ocupado por un solo director y que existen dos cargos vacantes, con lo cual las “decisiones colegiadas pasan a ser unipersonales en contradicción al Estatuto”; mientras que otras áreas sensibles también fueron ocupadas por personas bajo la condición de locación de servicio.

“Existen un alto riesgo de concentración de decisiones de gestión y debilidad en la cadena de responsabilidades”, advierte el informe.

También se cuestiona el funcionamiento del sistema informático de la OSPJN, al considerar que "existe un alto riesgo de pérdida de la información por falta de respaldo adecuado y de afectación en la prestación de los servicios a los afiliados”.

Otro de los puntos centrales es el aumento de los reclamos judiciales contra la obra social, que se duplicaron en los últimos 10 años. Actualmente representan un total de 240 causas judiciales por falta de cobertura de las prestaciones, filiaciones y reintegros.