La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional ante la Justicia Nacional del Trabajo, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de estabilidad de los trabajadores de planta permanente en la Ley de Empleo Público. La presentación también incluye una solicitud de medida cautelar para que se suspenda de inmediato la aplicación de la norma, que según el sindicato afecta gravemente los derechos de los empleados públicos.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que la Ley Bases "aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público", y destacó que su inconstitucionalidad es evidente, ya que contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esta cláusula garantiza la estabilidad laboral de los empleados públicos, una protección introducida en la reforma constitucional de 1957.

La demanda de ATE se enfoca en los artículos 11 de la ley 25.164, que fue modificado por el artículo 52 de la ley 27.742, y el artículo 14 de la misma norma. También cuestiona las reglamentaciones incluidas en el Decreto 695/2024, en particular el artículo 51, que afecta la estabilidad laboral al permitir despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional. Aguiar señaló que la protección de los empleados públicos no solo busca evitar despidos injustificados, sino también prevenir que las sucesivas administraciones políticas traten a los trabajadores como "botines de guerra", cesanteando masivamente al asumir el poder.

En este sentido, el dirigente cuestionó la subjetividad de la ley, que otorga al empleador la facultad de determinar la "dotación óptima" de personal en cada organismo del Estado. "De ninguna manera podemos aceptar que sea el propio empleador quien defina cuántos trabajadores necesita un organismo. Esa discrecionalidad va en contra del espíritu de los constituyentes que establecieron la garantía de estabilidad en el empleo público", señaló Aguiar, añadiendo que "alguien como Milei, que ha expresado su deseo de destruir el Estado, podría considerar que hasta dos empleados en la Casa Rosada son demasiados".

El titular de ATE destacó además que la implementación de esta norma ya está afectando de manera directa a los trabajadores que han sido declarados en disponibilidad. Estos empleados padecieron importantes reducciones salariales, la pérdida de derechos laborales, y en muchos casos, el despido definitivo. Aguiar aseguró que la situación es grave y que la aplicación de la Ley Bases está teniendo consecuencias inmediatas sobre la vida de los trabajadores estatales.

La presentación judicial de ATE, firmada por Aguiar y el equipo jurídico del sindicato, integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, acusa al Gobierno de sentar las bases para la destrucción del empleo público y del Estado. El documento señala que el Estado es el único actor capaz de brindar respuestas efectivas a las crisis sociales y económicas que enfrenta el país, y que la estabilidad de los empleados públicos es un pilar fundamental para garantizar la continuidad de los servicios públicos y los derechos de la ciudadanía.

En su demanda, ATE también acusa al Gobierno de violar varios artículos de la Constitución Nacional, incluidos el artículo 1, el 14 bis, el 16, el 17, el 19, el 28 y el 75 inciso 22. El sindicato sostiene que las modificaciones introducidas por la Ley Bases destruyen el derecho a la estabilidad en el empleo público, permitiendo que el Poder Ejecutivo actúe con arbitrariedad y sin respetar las garantías constitucionales que protegen a los trabajadores.

Además de la demanda, ATE solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, que depende del Ministerio a cargo de Federico Sturzenegger, un informe detallado sobre la cantidad de trabajadores en planta permanente en la Administración Pública Nacional. El gremio pidió información desglosada por organismo, con datos sobre la antigüedad, función y nivel escalafonario de los empleados, así como un detalle sobre los despidos realizados desde diciembre de 2023 hasta la fecha. También se solicitó que se aclare si existen informes sobre la "dotación óptima" de empleados en cada organismo, como lo establece la nueva ley.

La solicitud de ATE forma parte de una estrategia para visibilizar los recortes en el empleo público y los despidos en masa que, según el gremio, están vinculados al ajuste que impulsa el Gobierno en un contexto de crisis económica profunda.