Arrieta publicó los detalles de los proyectos para liberar a los genocidas que reveló Data Clave

En plena pelea con sus compañeros de bloque de la La Libertad Avanza que la quieren expulsar, la diputada Lourdes Arrieta publicó los proyectos de ley para lograr la libertad de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, que habían sido adelantados por Data Clave.

Luego de publicar los chats para mostrar cómo se organizó la visita de la comitiva a los condenados que están alojados en Ezeiza, Arrieta filtró ahora una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial con los que pretendían lograr la libertad de los represores.

La visita a los genocidas, de la que ella formó parte, sigue generando reacciones. Arrieta hizo dos denuncias contra sus compañeros de bloque, con el argumento de que la llevaron engañada a la cárcel de Ezeiza. Sus colegas ahora la quieren expulsar.

"Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia", dijo en una nueva publicación en sus redes sociales sobre las capturas de pantalla en las que se puede observar la coordinación entre distintos diputados del bloque para acudir a la cárcel para establecer nexos con los detenidos por delitos de lesa humanidad.

"Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas", agregó la legisladora.

Acto seguido, la legislador dio a conocer los proyectos de ley y un decreto que, eventualmente, intentarían que el presidente Javier Milei firmara para otorgar la libertad a los condenados que cumplen sus penas en Ezeiza.

"Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal", señala el primer artículo de uno de los eventuales proyectos.

Vencido el plazo dispuesto en el decreto, proponen que opere "la extinción por insubsistencia de la acción conforme la garantía establecida por el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a nuestro sistema legal por ley 23.313". El término deberá ser contado "desde la fecha de comisión del delito".

Al ser redactado con el fin de liberar a represores de la dictadura, una oración del artículo generó sorpresa debido a que hace mención al caso de que se vea afectada la democracia. Es que el texto propone que el cómputo de los 25 años "se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes".

Por otro lado, el proyecto de ley denominado "Plazo Razonable" también argumenta en el mismo sentido que el decreto respecto al tiempo máximo de un proceso penal. Sin embargo, el plazo propuesto es de 20 años, en lugar de 25.

El texto señala que "en base a pautas que surgen de la jurisprudencia de la CSJN y la CIDH, entendemos que el lapso de veinte años". Además, indican que el tiempo comienza a correr desde el momento en que la autoridad ha tomado conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Pasado ese tiempo, el Estado se vería obligado a finalizar con "la persecución penal".

Según aseguran, los 20 años propuestos como plazo máximo "superan los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional, de los ciclos de vida, el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del CP para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua, también con creces los tiempos ordenatorios de las normas procesales para cada etapa del proceso y el dictado de resoluciones (...)".

Luego de difundir los proyectos de ley, la diputada Arrieta denunció que sus colegas de bancada buscan lograrla "impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad". 

Y agregó que la liberación de los genocidas "no es la agenda del presidente Javier Milei. Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei".

Quien le salió a contestar fue el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. “Lo que nos faltaba, una vergüenza y un dislate jurídico para un indulto o amnistía encubierta. Inadmisible. Afortunadamente, en el parlamento hay número suficiente para frenar semejante agravio a toda la sociedad. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Fin”, posteó el legislador.