El submarino ARA San Juan ya había colapsado con 44 tripulantes adentro. No estaba confirmado y la búsqueda continuaba, pero la sospecha de un fatal desenlace era alta. Aún así, las esposas y los familiares continuaban enviando mensajes a los teléfonos de las víctimas. Llamaban para escuchar la voz del contestador. Ingresaban al chat para repasar viejas conversaciones o apenas ver la foto de perfil. Pero eso se cortó un día de marzo del 2018. Automáticamente, los 44 números fueron dados de baja, lo que elevó las sospechas sobre el espionaje ilegal que estaban sufriendo hace varias semanas. 

Ese es uno de los elementos que investiga el fiscal Daniel Adler del juzgado Federal de Mar del Plata. El motivo de aquel episodio habría sido evitar que trascendiera información respecto a lo que sucedía en el buque, la agónica pelea que dieron los oficiales en esas diez horas en las que lucharon contra el incendio que se había provocado por un cortocircuito en el balcón de la barra de baterías. 

Uno de los mensajes de la esposa de uno de los tripulantes, previo a que el teléfono sea dado de baja

Pero no es el único elemento por el cual se investiga a las autoridades y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. También hubo escuchas, infiltraciones y operaciones en redes sociales. ¿El objetivo? Anticiparse en los movimientos, generar diferencias entre los familiares y elevar sospechas sobre su defensa.

Hay una similitud entre esta causa y la que investiga el juez Juan Pablo Auge de Lomas de Zamora respecto al espionaje ilegal contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: la utilización de la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia ilegal. Pero hay una diferencia: este espionaje se realizó frente a gente que atravesaba un delicado duelo, que aún aguardaba desde la base naval de Mar del Plata por el parte diario con la ilusión de recuperar el ánimo y algo de esperanza, gente de bajos recursos que luchaba contra el aparato estatal para exigir justicia mientras resolvían cómo seguir adelante.

La rueda de testigos comenzó este lunes. Seguirá el miércoles y el jueves. Son cinco las denuncias que presentaron en este sentido. La primera fue en 2018, luego desestimada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Daniel Rafecas. Volvió a la escena tras el descubrimiento de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño: tres discos duros con material que confirma el seguimiento de las actividades y comunicaciones que mantenían los familiares de los tripulantes en la ciudad de Mar del Plata.

Valeria Carreras es la abogada de la querella (los familiares) en la causa sobre el hundimiento del ARA San Juan. Es también una de las denunciantes sobre el espionaje y fue, también, una de las espiadas. En el material aportado figuran varias fotos de Carreras en Mar del Plata, que se tenía que disfrazar en abrigos para sortear el seguimiento. Y fue presionada por la armada y por el ministerio de Defensa, según denuncia, cuando impugnó la elección de la empresa Igeotest para la búsqueda del submarino, por los nexos entre esta empresa con las FF.AA y por su hipótesis respecto a que "no era objetivo del Gobierno encontrar el buque".

Una de las fotos halladas en el disco duro reveló Caamaño, en la que aparece la abogada Carreras en un café de Mar del Plata

Ese es uno de los elementos que considera Adler. Como también la operación que se montó sobre Jesica Gopar, esposa del tripulante Fernando Santilli. Gopar había denunciado que el Estado la había dejado a la deriva, sin contención, pero tras varios días y semanas de exposición decidió desistir de su reclamo mientras desde la Armada contraatacaron vulnerando los derechos de Gopar, según detalla la abogada Carreras.

Entre las pruebas que recibió Adler este lunes están las conversaciones entre los familiares en donde comparten las sospechas por mensajes que recibían, por movimientos extraños en los grupos de facebook y por la aparición de figuras que se acercaban a la base con el fin de obtener información.

La aparición -casi fortuita- de esos tres discos duros permitió que se avance en la causa que investiga si se espió ilegalmente a los familiares de las víctimas. Es el quinto intento tras varias denuncias que quedaron a la deriva. La prueba parece contundente, y será analizada este viernes por la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.