Organizaciones que nuclean a los medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, trabajadores de prensa y organizaciones de derechos humanos realizaron una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y alertaron sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión en nuestro país.

Las organizaciones señalaron que “en apenas dos meses, el gobierno de Javier Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional, intervenir el sistema público de medios y prometer su privatización, intervenir la autoridad de aplicación de las leyes que rigen al sector excluyendo a las minorías parlamentarias de las decisiones y reprimir sin miramientos a los trabajadores de prensa que intentan cubrir las manifestaciones contra el ajuste y el desmantelamiento del Estado”.

Además, precisaron que el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan “amenazan constantemente con clausurar valiosas políticas promotoras de derechos como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

En la presentación recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentó que en la sentencia del Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela (2015) que “la pluralidad de medios o informativa constituye una efectiva garantía de la libertad de expresión, existiendo un deber del Estado de proteger y garantizar este supuesto, [...] por medio de propender por el equilibrio en la participación, al permitir que los medios estén abiertos a todos sin discriminación, puesto que se busca que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos”. 

En este sentido, señalaron que Milei está “desmontando ese principio”, orientado por el dogma de que “sólo el mercado merece sobrevivir”, y al mismo tiempo está “desarmando la arquitectura institucional de gestión de la comunicación” para hacerla “más presidencialista”, reduciendo la participación de las otras fuerzas políticas y de la sociedad civil. 

También aseguraron que en el contexto social y político actual de la Argentina “parece haberse normalizado que los agentes estatales cometan actos de violencia contra periodistas, especialmente durante acciones policiales destinadas a combatir la protesta social”.

Y sentenciaron que, en estas condiciones, la Argentina “se ha transformado en un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo, situación que se ve agravada por las condiciones de precariedad laboral en la que se encuentran la enorme mayoría de los periodistas que trabajan en los medios de comunicación del país”.

Resaltaron los hechos ocurridos durante las protestas del 1 de febrero, mientras dentro del Congreso nacional se debatía la “Ley Ómnibus”. “Al menos treinta y cinco periodistas y fotógrafos fueron heridos por la represión policial mientras trataban de cubrir el accionar policial”, expresaron. Y recordaron que al día siguiente, la ministra de seguridad Patricia Bullrich, “responsabilizó a los mismos trabajadores de prensa por sus heridas acusándolos de no estar adecuadamente identificados, afirmación que las imágenes desmienten”. 

Las organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humano que “haga constar que la vigencia del DNU 70/2023 atenta contra las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino”. Y en consecuencia, solicite una revisión de la mencionada norma. 

Además, pidieron que “adopte las medidas necesarias para trabajar colaborativamente con el Estado para evitar la aprobación de normativas que buscan coartar o limitar la libertad de expresión sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”. 

También solicitaron que “el Estado adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la libertad e integridad personal de las y los trabajadores de prensa”.  Y, en particular, pidieron a la CIDH que le reclame al Estado la suspensión y derogación del Protocolo Anti-piquetes. 

Por último, le pidieron a la comisión que solicite a la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión que organice, lo antes posible, una jornada de escucha a periodistas, fotorreporteros/as y representantes de medios de comunicación comunitarios, sindicatos de periodistas, organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión y expertos académicos.

La presentación fue hecha por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por Sindicato de Prensa  de Buenos Aires (Sipreba), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM), la Red de Medios Digitales, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA), Centro de Industrias Culturales, Políticas de Comunicación y Espacio Público de la Universidad de Quilmes, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina (AMARC Argentina).