Hace exactamente un mes, la Ciudad reguló la utilización de la e, x y @ por parte de los docentes en las escuelas. La medida, según argumentaron desde el GCBA, busca "ordenar el uso del lenguaje para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes", pero generó una oleada de presentaciones en la Justicia porteña.

La primera causa fue impulsada por Cele Fierro y Vanesa Gagliardi, del MST en el FIT Unidad, mamá de una alumna y docente, respectivamente. Luego se presentó la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT+).

En la causa también se presentó el INADI como “Amicus Curiae” por entender que la resolución del Gobierno porteño "discrimina a quienes no se autoperciben dentro del binomio masculino-femenino y excluye a las identidades reconocidas por la Ley de Identidad de Género 26.743 y el Decreto 476/21, en el que se reconocen las identidades no binarias en el Documento Nacional de Identidad".

Ambas causas -por conexidad- tramitan actualmente ante Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Romina Lilian Tesone. En este escenario, la magistrada notificó a las partes de la audiencia, donde concurrirá la ministra Soledad Acuña; las amparistas, el asesor tutelar, la fiscal y la directora del Observatorio de Género Diana Maffía. 

La audiencia será este miércoles en la sala de audiencias, ubicada en Suipacha 150. Acuña le confirmó a Data Clave que concurrirá a la citación. "Vamos a sostener la necesidad de eliminar obstáculos en los procesos de enseñanza", dijo.

Por su parte, Cele Fierro pidió "escuchar a todas las partes" y que "quede en claro que el retroceso en la comprensión de textos no es culpa del lenguaje inclusivo, sino del deterioro social y de las políticas de ajuste que aplica el gobierno porteño". "La resolución de Acuña, que se cree comisaria del lenguaje, ataca derechos humanos básicos: a la libertad de expresión ya la identidad de género. Por eso reclamamos su anulación", añadió.

La medida aplica a los contenidos que dictan los docentes en clase, al material que se le entrega a los estudiantes y a documentos oficiales de los establecimientos educativos. Los amparistas, sin embargo, afirman que se trata de un "accionar discriminatorio" y que restringe "el derecho a la libertad de expresión".

"Fuera de ese ámbito, tanto docentes como alumnos, son libres de expresarse con el lenguaje que elijan. Nuestro responsabilidad es mejorar las trayectorias educativas de los chicos y chicas. Esa es la única prioridad en la Ciudad y el objetivo por el que trabajamos día a día", aclaró la ministra desde su cuenta de Twitter.