Amalia Granata, cerca del discurso de odio y lejos de las estadísticas

La diputada santafesina Amalia Granata desfiló los últimos días por distintos programas de televisión y cargó contra la población trans y las políticas públicas destinadas a palear la desigualdad que padecen los sectores más vulnerables.

Entre otras cosas, la legisladora sostuvo que "desde el Estado no podemos pagar el tratamiento de hormonización a los trans. Sos trans, no tenés ninguna incapacidad, podés trabajar tranquilamente". Acusó a la población LGTBI de ser "privilegiados" y aseguró: "Yo tengo que votar un presupuesto y, en ese presupuesto, aparecen los tratamientos de hormonización para las personas trans. ¿Por qué no se los pueden pagar ellos? Si pueden trabajar sin problemas".

Lo que omitió Granata fueron las estadísticas que muestran la realidad en la que viven esta población que tienen un promedio de vida de 40 años, mientras que el de la población en general es de 77; enfrentan una pobreza estructural y son excluidas sistemáticamente por su identidad de género.

Las últimas estadísticas, difundidas por el CIPPEC, muestran que entre las dificultades para ejercer sus derechos ciudadanos se encuentra principalmente el acceso al sistema laboral. Las mujeres trans poseen empleos precarios y de elevada inseguridad, con una informalidad que, en casi todas las investigaciones, se estima alrededor del 80%, detalló el organismo.

Esta incidencia más de un 40% mayor de la informalidad está significativamente ligada a los bajos niveles educativos alcanzados y a la barrera que suponen el estigma y la discriminación: el 54% de las mujeres trans ha manifestado que se les negó un trabajo por su identidad (Fundación Huésped y ATTA, 2014). Dentro de las fuentes de generación de ingreso, se destaca por encima del resto la del trabajo sexual. En la Ciudad de Buenos Aires, el 70% de las mujeres trans ejerce la prostitución, un porcentaje que ha bajado considerablemente desde el 89% registrado en el año 2005 (Ministerio Público de la Defensa de CABA, 2017).

Esto se relaciona directamente con la vulnerabilidad habitacional ya que por el alto grado de informalidad que caracteriza a las mujeres trans el acceso a un crédito o la posibilidad de alquilar requieren de una serie de garantías inmobiliarias que al estar por fuera del mercado laboral no se tienen.

Recientemente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo regularon el registro de aspirantes para cubrir un cupo laboral para personas trans en ambas ramas de gobierno, lo que supuso no solo avanzar en la creación de empleos para el colectivo. El cupo destinado es apenas del 1%, una cifra que está lejos de ser un "privilegio", como acusó Granata, y solo rige en el empleo público. Para incentivar a los privados, el Estado le ofreció algunas ventajas.

Este tipo de políticas no supone privilegiar a un grupo específico de la sociedad, sino que "representa avanzar en la suspensión de las condiciones que facilitan lo que las referentes del colectivo trans han denominado transvesticidio social: la acumulación de circunstancias de exclusión que terminan en una muerte temprana, violenta y evitable. Supone dejar de convivir con una situación medieval en el siglo XXI", remarcaron desde el CIPPEC.

Según los números del Ministerio de Salud, la prevalencia del VIH entre mujeres trans es del 34%, mientras que para el promedio de personas jóvenes y adultas es del 0.4% (MSAL, 2018). A su vez, otra área de la salud en la que ven vulnerados sus derechos se relaciona con la construcción de su identidad de género: pese a que la Ley sancionada en 2012 plantea la obligatoriedad de la cobertura de los tratamientos hormonales, apenas el 20% de ellos se realizan bajo supervisión médica.

Los datos sobre las condiciones de vida de este grupo poblacional no son nuevos, como tampoco los políticos que se niegan a implementar políticas públicas basadas en evidencias y prefieren usar el prime time televisivo para lanzar discursos con tintes clasistas y de odio.