El juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de la empresa Jan de Nul, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la licitación frustrada de la Hidrovía Paraguay-Paraná. La medida fue solicitada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien encabeza la causa iniciada tras una denuncia de la Coalición Cívica.

La presentación judicial cuestiona una deuda de US$78 millones que el Estado mantiene con la empresa encargada del dragado del río, por donde circula el 80% de las exportaciones del país. Según el pliego de la licitación anulada, el ganador de la concesión debía pagar ese monto para cancelar la obligación pendiente.

El allanamiento se realizó para recolectar documentación vinculada a esta deuda, que ha sido objeto de controversia. Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió sobre "serias irregularidades" en la redacción de los pliegos y sostuvo que "no consta en actuaciones que exista tal deuda y por ese monto". Desde Jan de Nul aseguraron que cumplieron con todos los requisitos legales y calificaron la acusación de direccionamiento como un intento de deslegitimar el proceso.

La licitación para el dragado y balizamiento de la Hidrovía estuvo plagada de reclamos. Empresas como la belga DEME y la danesa Rohde Nielsen denunciaron que el pliego estaba diseñado para beneficiar a Jan de Nul, algo que el oficialismo negó. Sin embargo, tras conocerse que solo DEME presentó oferta, el Gobierno revirtió la situación y acusó a la firma belga de ejercer presión sobre sus competidores para forzar su exclusividad en la licitación.

En consecuencia, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la apertura de una investigación contra DEME en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, aunque hasta el momento no se ha confirmado el inicio formal del expediente. La empresa belga se defendió afirmando: "Desconocemos la razón por la que la actual empresa dragadora y otras competidoras no se han presentado".

Mientras la disputa judicial avanza, el Congreso también puso la lupa sobre el caso. La Cámara de Diputados debatió la situación de la concesión con la presencia de funcionarios del Ejecutivo. Según el sector agroindustrial, es clave resolver la adjudicación ya que mejorar el dragado permitiría aumentar la capacidad de carga de los buques, que hoy navegan con solo 60% de su bodega completa, cuando podrían alcanzar el 90% si la profundidad de la vía fuera mayor.