El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis y a la gerenta general de la entidad María del Carmen Barros por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado.

La causa se inició con la denuncia de la diputada Graciela Ocaña, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, donde aseguró que ambas funcionarias “habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del directorio” para “la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como ‘Pitty, la numeróloga’ para un ‘un curso de coach’ por la suma de $1.800.000″, “la designación de Héctor Javier Silva, exmarido de Silvina Aída Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA”; y “el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA”.

“El insospechado grado de impunidad de esta gente les hace creer que pueden cobrar millones de pesos de una entidad pública y que cuando le preguntan cuál fue el servicio prestado decir que es algo privado. Como si esto fuera poco, en otra parte de la entrevista la numeróloga dijo que ni siquiera prestaba el servicio en el Banco, sino que la Gerenta General del Banco Nación se acercaba a su lugar de trabajo donde hay cámaras. ¿Cuál es el servicio que le puede prestar una numeróloga al Banco de todos los Argentinos que no lo prestaba en el Banco y que la Gerenta General debía ir hasta su lugar de trabajo?”, agregó Ocaña en el escrito presentado ante la justicia. 

En ese marco, la diputada enfatizó: "más que un servicio para el Banco es claro que es un servicio privado para Barros y que lo abono mediante una factura apócrifa que se cobró con dinero público que le pertenece a todos los Argentinos”.

Además de la imputación, Ocaña requirió “un pedido de acceso a la información pública al Banco Nación, que hasta la fecha no se han dignado en contestar”.