El Ministerio de Economía informó que, en julio de 2024, Argentina logró un superávit primario por séptimo mes consecutivo, alcanzando $908.253 millones. Este logro se presentó como un triunfo de la administración de Javier Milei, especialmente en un contexto económico complicado. Sin embargo, detrás de este superávit se esconde una realidad mucho menos alentadora para millones de jubilados y pensionados que han sido los principales afectados por los recortes que permitieron este equilibrio en las cuentas públicas.

Los ajustes realizados en las prestaciones sociales, particularmente en jubilaciones y pensiones, representaron el 26,8% del total de los recortes aplicados por el Gobierno en lo que va del año. Esto significa que una parte considerable del superávit proviene del ajuste a los haberes de los jubilados, quienes ya enfrentan una pérdida considerable de poder adquisitivo en un contexto de alta inflación.

En medio de este escenario, el presidente ha decidido vetar la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso el pasado 22 de agosto. La reforma proponía una actualización de los haberes basada en la inflación y los salarios, y garantizaba que el haber mínimo no fuera inferior a 1,09 veces la canasta básica total para un adulto mayor. Según estimaciones, la implementación de esta ley representaría un gasto adicional de seis billones de pesos en 2024 y quince billones en 2025, algo que el Gobierno considera insostenible para las finanzas públicas.

El veto presidencial, que se hará oficial el próximo lunes, viene acompañado de duras críticas por parte del Ejecutivo. Javier Milei ha argumentado que la reforma jubilatoria, tal como fue sancionada, no solo pondría en riesgo el equilibrio fiscal, sino que también generaría “mecanismos de condicionalidades” que dificultarían aún más la situación económica del país en el futuro. Para el Gobierno, la ley es un intento de la oposición por “romper” al actual Ejecutivo, en un contexto de tensiones políticas crecientes.

El Gobierno sostiene que la continuidad del superávit fiscal es crucial para estabilizar la economía, pero este objetivo ha venido a costa de sacrificios significativos para los sectores más desfavorecidos. En los primeros siete meses del año, los gastos primarios cayeron un 30,4% en comparación con el mismo período de 2023, siendo las prestaciones sociales las más afectadas, con una caída del 20,1% en términos reales. Las jubilaciones y pensiones, que son el principal ítem del gasto público, han visto reducidos sus valores en un 24,5% real interanual.

La situación actual de ajuste en las jubilaciones y pensiones en Argentina no es inédita. Un episodio similar ocurrió en el año 2001, cuando el país atravesaba una crisis económica profunda. En ese entonces, el Gobierno de Fernando de la Rúa implementó una serie de recortes en el gasto público, afectando directamente a las prestaciones sociales, con el objetivo de reducir el déficit fiscal y cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al igual que hoy, los jubilados y pensionados fueron uno de los sectores más golpeados por las medidas de austeridad, viendo reducidos sus ingresos en un contexto de inflación y recesión.

A diferencia de 2001, cuando las medidas de ajuste provocaron un estallido social que culminó en la renuncia de De la Rúa, la actual administración enfrenta un escenario más complejo y polarizado. Si bien la economía argentina hoy se encuentra en una situación de fragilidad, el contexto global es distinto, y las dinámicas políticas internas también han cambiado. La decisión de vetar la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso podría ser interpretada como una estrategia para evitar un desborde del gasto público, pero también corre el riesgo de profundizar la crisis social y aumentar el descontento de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

En ambas situaciones, la tensión entre la necesidad de mantener un equilibrio fiscal y la obligación de garantizar condiciones dignas de vida a los jubilados pone de manifiesto un dilema recurrente en la política económica argentina. En 2001, la incapacidad de encontrar un balance adecuado derivó en una crisis institucional y social de gran magnitud. Hoy, el oficialismo enfrenta el desafío de evitar que la historia se repita, buscando alternativas que permitan la sostenibilidad fiscal sin sacrificar a aquellos que ya han dado gran parte de sus vidas al país.

Además de los recortes a los jubilados, el ajuste ha impactado en otros sectores clave como la obra pública, que representa el 22,8% del total de los recortes, y los subsidios económicos, que han caído un 15,4%. La paralización de las obras de infraestructura y los ajustes en tarifas de servicios públicos han contribuido significativamente al superávit, pero han generado también un aumento en el costo de vida para muchos argentinos.

El veto a la reforma jubilatoria no solo profundiza la crisis social, sino que también anticipa un escenario de conflicto político. A pesar del veto, la ley podría entrar en vigencia si el Congreso logra nuevamente dos tercios de los votos a su favor, aunque Javier Milei ya ha comenzado a mover sus fichas para asegurarse de que esto no ocurra, contando con el apoyo de varios legisladores del PRO.

Mientras tanto, los jubilados seguirán recibiendo aumentos mensuales en línea con la inflación, según lo establecido por el Decreto 274/2024, pero la incertidumbre sobre el futuro de los bonos compensatorios persiste. Estos bonos han sido cruciales para paliar la pérdida de poder adquisitivo, pero el Gobierno aún no ha decidido si los mantendrá o si habrá ajustes en su monto.

La decisión de vetar la reforma jubilatoria se suma a una serie de medidas que han generado descontento en diversos sectores de la sociedad. Las protestas y las tensiones políticas podrían intensificarse en los próximos días, especialmente si se confirman los rumores de nuevas movilizaciones impulsadas por sindicatos y organizaciones sociales en defensa de los derechos de los jubilados.

Con el superávit fiscal en la mira, el Gobierno de Javier Milei apuesta por la austeridad para estabilizar la economía, pero el costo social de estos ajustes, especialmente para los jubilados, podría desencadenar un nuevo ciclo de conflictos y tensiones en Argentina.