El Gobierno nacional realizó una denuncia judicial que por los presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado" en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales "se podrían relacionar directamente" con esos delitos.

"Hasta el momento, hay 32 personas denunciadas en la línea 134 y se da el detalle de quiénes son y en qué organización operan”, dijo el vocero. 

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, aseguró que identificaron a 14 organizaciones sociales entre las que nombró al Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur, La Dignidad, Barrios de Pie, y el Movimiento Evita- y consignó que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada el miércoles último ascendió a 60 millones de pesos, que "será la factura que se le pasará a los movimientos sociales".

“Vamos a intimar a las organizaciones sociales para que, por supuesto, se hagan cargo del gasto del operativo que no le corresponde a la ciudadanía”, afirmó el vocero presidencial.