Poco antes de las 15, la Comisión de Presupuesto y Hacienda dio el puntapié inicial al debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, participan de la reunión en la Cámara de Diputados. También se encuentra presente el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

En primero en tomar la palabra fue el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien dijo que el programa "asume como objetivo central que el país continúe en la senda del crecimiento con inclusión" y evitando "ajustes o reformas que quiten derechos laborales y previsionales". 

En concreto detalló que el acuerdo con el FMI tendrá 10 revisiones trimestrales, con un período de gracia de 4 años y medio, "sin sacrificar en este plazo dinero de la Argentina; los pagos se realizarán desde 2026 hasta 2034, lo que marca un esquema totalmente diferente a la acumulación de vencimientos insostenibles en 2022". La primera revisión ocurriría en junio próximo.

"Al tratamiento de esta ley, teniendo en cuenta los vencimiento de marzo, es importante darle toda la celeridad que se pueda", reclamó Manzur a los diputados.

Manzur también se refirió al contexto internacional por el COVID y el conflicto Ucrania-Rusia, y pidió tener "una mirada previsora". "Necesitamos dar un cierre a la negociación para evitar la interrupción de los compromisos".

Guzmán aseguró que el acuerdo con el FMI es “un principio de solución” pero no resuelve todos los problemas

A continuación, el ministro Guzmán afirmó que la situación de la deuda tiene un “gran potencial desestabilizador” por la “carga de la deuda en cuanto en montos y la secuencia de vencimientos”.

Aseveró, asimismo, que las condiciones del programa “son consistentes” con el plan de Gobierno. “En este acuerdo no hay ninguna reforma que implique quita de derechos”, añadió.

El titular de la cartera de Economía confirmó que la Argentina no tiene los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos de 2022 y 2023. Guzmán destacó la importancia del esquema monetario-fiscal y la necesidad de "anclar expectativas".

"Es nuestra responsabilidad marcar lo desestabilizante que potencialmente es la situación en caso de no poder contar con las condiciones para refinanciar la deuda Stand By de 2018", sostuvo y solicitó el acompañamiento del Congreso.

Para Guzmán, el documento es un "principio de solución" y advirtió que en caso contrario se va a "generar profundo estrés cambiario con consecuencias en la inflación, en la actividad económica, el empleo y la pobreza".

En este sentido, el ministro aseguró que el acuerdo respalda las politicas del Gobierno y "es el camino" pero no resuelve los problemas de Argentina. "El principal problema que seguimos teniendo son los 44 mil millones que tenemos que pagar", concluyó ante las preguntas de los diputados de la oposición.