Un nuevo juicio se inició este jueves en Jujuy contra la dirigente social Milagro Sala, pero eso ya no es noticia, por la reiteración de procesos judiciales armados en su contra.

Esta vez además hay otros dos  acusados: quien era su abogado y un empleado judicial. A los tres se los juzga por la supuesta sustracción y destrucción de un expediente, en una causa que ya había sido cerrada y que se volvió a abrir gracias a la única declaración de un supuesto empleado del gobierno de Gerardo Morales. 

Sala, el abogado Alberto Bellido y un empleado judicial, Marcos Romero, tuvieron que enfrentar un debate oral por la supuesta “sustracción y destrucción” de un expediente en el año 2009, pero lo llamativo es que esa causa fue cerrada en 2012 por inexistencia del delito. El nuevo debate llamó la atención y puso en alerta a los colegios de abogados por la persecución a Bellido, quien fue llevado a juicio en un proceso a todas luces irregular.

Y la primera jornada de la audiencia ante el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Jujuy arrancó con una sorpresa. Sala participó por videoconferencia al estar convaleciente de una trombosis y al ser consultada por la jueza del tribunal María Nallar se abstuvo de declarar.

Pero cuando llegó el turno del primer testigo de la fiscalía, Jorge Luis Ruiz, exempleado en la Mesa de Entrada de los juzgados de Instrucción, declaró ante las consultas de los defensores de los imputados que recibió la propuesta de declarar contra el exabogado Bellido a cambio de reingresar al Poder Judicial de Jujuy.

"Un funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) me dijo personalmente que si declaraba a favor de ellos volvería a trabajar", aseguró Ruiz. El testigo relató que se quedó sin trabajo tiempo después del robo del expediente y que además sufrió varios episodios de violencia: "Me metieron preso dos veces", señaló.

El abogado de Bellido, Juan Cabezas, pidió que se investigue la declaración de Ruiz "ante la posibilidad de una extorsión o un cohecho derivado de un funcionario del Ministerio Público de la Acusación".

Al asumir su defensa, el propio Bellido pidió que se investigue "la conducta delictual de los abogados Juan Carlos Dávalos y Joaquín Campos", que fueron mencionados por el testigo Ruíz.

"No puedo soportar que sigamos teniendo esta clase de aprietes de personas y de funcionarios del Ministerio Público de la Acusación contra un testigo para que declare en contra de un imputado, es una causa aberrante", sostuvo.

La historia del caso

El 26 de diciembre de 2012 el entonces titular del Juzgado de Instrucción de Causas Ley n° 3584 Francisco Javier Arostegui, a solicitud de la agente fiscal, Mercedes Cravero de Sabio, dispuso el sobreseimiento total y definitivo de los imputados y el archivo de la causa que se había iniciado en 2009. 

El 26 de febrero de 2018 el juez Pablo Pullen Llermanos, sin petición de parte alguna, declaró la nulidad de la sentencia dictada en 2012, a través de la cual se había dictado el sobreseimiento. El juez desarchivó el expediente y reabrió la “investigación”. En febrero de 2018 se imputó a Bellido, lo citó a declaración indagatoria y lo envió a juicio oral.

Bellido presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia al considerar que el sobreseimiento definitivo equivale a una absolución por lo cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Al mismo tiempo, puso en conocimiento de su situación a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) para que ponga en marcha los mecanismos institucionales necesarios para que se pueda resolver la situación.

En ese sentido, un informe de la Comisión de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la FACA, que encabeza Damián Alberto Barbosa sostiene que “teniendo en cuenta las peculiaridades de la situación procesal del Dr. Bellido, a quien se lo va a juzgar por un hecho que habría ocurrido hace más de trece años, en el marco del cual se dispuso un sobreseimiento total y definitivo, que luego de más de seis años fue declarado nulo y se procesó de forma repentina a una persona a la cual ya se había investigado desde la etapa germinal de la investigación, es que se sugiere lo siguiente: Se tenga presente que el instituto del Sobreseimiento constituye un verdadero veredicto o sentencia absolutoria, que no es posible sustituirlo o reformarlo para reabrir el proceso, ya que pone fin al mismo, y que prohíbe una nueva persecución penal contra el beneficiario.”

La causa contra Sala, Bellido y Romero se reabrió por decisión del juez Pullen Llermanos con la única declaración de David "Pilo" Mansilla, un ex integrante de la Tupac Amaru, que en la actualidad supuestamente cobra un sueldo del gobierno de Jujuy.

Pero no sólo eso. Además será juzgado como coautor responsable de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la participación de dos o más personas y por ser cometido con arma", tras haber empalado y torturado a un joven en 2014, a quien acusaron de robar en su casa.

“No nos olvidemos que la causa es de 2009. Pasaron 13 años. No nos olvidemos que el homicidio prescribe a los 12 años. Cómo es posible que en 2012 se dicte el sobreseimiento firme consentido y en 2018 lo reabre el máximo perseguidor hacia mi persona que es el juez Pullen Llermanos. Realiza la reapertura unilateralmente, realiza medidas y me imputa”, dijo el abogado Bellido antes del comienzo de la audiencia.

“Todo es mentira. El testigo estrella en todas las causas de Milagro Sala es Pilo Mansilla, empalador, violador, secuestrador y extorsionador. Ese es el delincuente que ahora me acusa a mÍ”, agregó el abogado.

Mansilla estuvo dos años detenido por la causa que ahora lo llevará a juicio oral y después que se lo liberó en 2017, se convirtió en acusador de Sala. Según sus abogados, Mansilla cobra un sueldo del gobierno jujeño desde 2016.