Luego del receso invernal, un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomarán el debate por la reforma de la movilidad jubilatoria. El encuentro se llevará a cabo desde las 11 en el Salón Illia, con la participación de expositores y especialistas sobre el tema. 

La iniciativa había causado cruces entre el peronismo y los bloques dialoguistas. Desde Unión por la Patria intentaron llevarlo a recinto previo al Pacto de Mayo, pero los gobernadores, por medio de los senadores del radicalismo y apoyados en La Libertad Avanza, lograron posponer el debate. Sin embargo, en la última sesión se votó que cuando se abra nuevamente el recinto se debata con dictamen de comisión.

El proyecto que cuenta con media sanción de Diputados es rechazado por el Gobierno Nacional debido al costo fiscal. El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a esto en la conferencia de prensa del martes. “No se está evaluando. No está en agenda, todavía al menos”, señaló Adorni, aunque reiteró que el presidente Javier Milei ya dijo que “para más adelante” es necesaria pensar una reforma previsional, con una “reforma laboral que la acompañe”.

Inclusive, por esta iniciativa que prevé una recomposición del 8% de los haberes previsionales y un adicional del 50% por RIPTE una vez por año, el presidente acusó a los legisladores de “degenerados fiscales” y amenazó con vetar todas las leyes que atenten contra el equilibrio fiscal

La intención del Senado sería introducir modificaciones al proyecto y que vuelva a Diputados. Martín Lousteau (UCR), Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Edith Terenzi (Cambio Federal) presentaron sus propias iniciativas. Desde el Poder Ejecutivo también van a plantear su propia versión.

Qué propone el proyecto

La iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contempla el índice de inflación como referencia, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). Asimismo, establece una garantía para el haber mínimo, que tendría como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total.

Por otro lado, la iniciativa instruye a la ANSES a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.