Siete años atrás, a las 9.38 una explosión estremeció al centro de Rosario. Los vecinos asustados salieron a las calles para ver qué había sucedido. No fue un ruido pasajero, fue ensordecedor. Un edificio ubicado en calle Salta 2141, a metros del pintoresco Boulevard Oroño, había estallado, a raíz de una fuga masiva de gas, en lo que se conoce como la “Tragedia de Rosario”.

“No fue una tragedia, porque era evitable”, dijo Marcela Nissoria, mujer de Hugo Montefusco, una de las 22 víctimas fatales de la explosión.

Estaban en pareja hacía 30 años y tenían una hija de 21 –ahora tiene 28-, pero hacía tres que estaban “distanciados” y vivían en diferentes hogares. “Él estaba en el departamento de unos amigos alquilando”, contó Marcela. Sin embargo, se veían todos los días. Hugo paseaba a los perros y la noche anterior al siniestro habían cenado juntos. Nadie se imaginaba que esa comida sería la última que compartirían en familia.

Hugo trabajaba en terapia coronaria del Sanatorio de la Mujer y en el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Estudió medicina, pero dejó en quinto año. Con un giro del destino, ese día tenía guardia y un compañero se la cambió.

El 6 de agosto de 2013 murieron 22 personas, aunque los cuerpos de muchos de ellos fueron encontrados en los días posteriores. Desde ese entonces, la vida de los familiares de las víctimas y de las decenas de heridos no volvieron a ser las mismas.

Marcela contó que en un segundo todo cambió. “Cayeron los proyectos de todos. Nosotros hicimos un duelo saludable luchando. Hay otros papás que están desarrollando enfermedades mortales, deprimidos, empastillados como nunca”,  explicó.

INJUSTA JUSTICIA

El 19 marzo pasado los jueces de la la Cámara Penal de Rosario, Carina Lurati, Carlos Carbone y José Luis Mascali, confirmaron la sentencia dictada en primera instancia en la causa de la tragedia, que condenó  a cuatro años de prisión por estrago culposo a Carlos García, el gasista matriculado que había trabajado en el edificio el día del hecho, y absolvió a los restantes 10 imputados.

“Veintidos muertos, nadie preso. El gasista está libre, porque como está por cumplir 70 años, con el covid no puede entrar a prisión”, indicó Marcela indignada.

La causa continúa con un solo querellante, la familia Gianángelo, cuyo reclamo ni siquiera fue acompañado por la apelación de la fiscal. Los demás decidieron bajarse. “El martes les respondieron sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron. No solo se lo negaron, sino que además les dijeron que debían pagar costas. Eso indigna. Una situación donde la familia de la víctima sigue y los vuelven a victimizar con un fallo que deja afuera a los responsables. Esta familia seguramente va a seguir”, relató Marcela.

En cuanto a por qué decidió apartase de la causa, Marcela aseguró que “no tiene que ver con lo económico, queríamos justicia”.  “Me llamaron para arreglar en noviembre de 2013, sin embargo, no acepté y creí que nunca lo haría. Pero cuando mi cabeza empezó a funcionar mejor y empecé a ver que ya habíamos perdido mucho e íbamos a perder más, arriesgaba la vida de mi hija y tenía a mi suegra de 90 años a cargo, no valía la pena tanto estrés. No me arrepiento después del fallo que le dieron a ellos”, afirmó.

Foto: Twitter @MNissoria

UNA LARGA LUCHA

Durante estos años, los familiares hablaron con todos los gobiernos: municipal, provincial, legisladores, con Mauricio Macri (cuando estaba en campaña política), con Sergio Massa, e intentaron dialogar con el interventor de Energas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero no los atendió. 

“Todo se maneja como quiere el poder. Nosotros los ciudadanos que queremos justicia es realmente una misión imposible”, reclamó Marcela, con resignación por todo lo transcurrido.

Los familiares de las 22 víctimas fatales se habían presentado como querellantes y llevaron a juicio oral a 11 imputados: al gasista García y su ayudante, Pablo Miño;  al gasista José Luis Allala, a los inspectores de Litoral Gas, Gerardo Bolaño, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de Mantenimiento de redes de la empresa, Claudio Tonucci; a la gerente Técnica, Viviana Leestra; y los tres integrantes de la administración del consorcio del edificio, Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Reppupili. La justicia decidió solo condenar al gasista y no a los demás por “insuficiencia de pruebas”.

Marcela agregó que ellos “no solo lucharon para que los responsables vayan presos”, sino “también para que nunca más haya un Salta 2141” y definió al fallo como que “deja abierta las puertas del infierno a Rosario”.

EL MEMORIAL

Durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz  se expropiaron los departamentos ubicados en el lugar y se les pagó a los 60 propietarios. El objetivo era construir un memorial, donde prometieron que funcionará un espacio cultural y educativo de la memoria y de la música.

“Vamos a exigir que el memorial se construya. Por ahora, pusieron un portón, hicieron un estudio de suelo y se detuvo ahí. Es un hecho histórico en la provincia”, señaló Marcela.