41 años a la espera de justicia: reclaman que la Corte se expida por las torturas en Malvinas

Algunos fueron estaqueados, otros sufrieron simulacros de fusilamiento, incluso los obligaron a sumergirse en pozos de agua helada como castigo.  Estos son tan solo algunos de los hechos denunciados por excombatientes de la guerra de Malvinas.

Hace 16 años se inició una investigación por torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del personal de las fuerzas armadas argentinas durante el conflicto bélico desatado en 1982. "Fuimos enterrados parados hasta el nivel del cuello, sólo con el uniforme, con los borceguíes puestos, sin ropa de abrigo y sin casco. Permanecimos enterrados por el lapso de ocho horas aproximadamente. Nevaba levemente en ese tiempo. Mientras el tiempo que estuvimos enterrados, fuego enemigo cayó en las inmediaciones, a 300 metros de la posición”, se desprende de los testimonios.

En 2021, la Sala I de la Cámara de Casación Penal, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, hizo lugar al recurso presentado de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5, acusado de presuntamente cometer torturas durante la guerra.

Los magistrados se basaron en un fallo anterior de ese mismo tribunal que, en septiembre de 2009 y con una integración distinta, había dispuesto que los hechos no eran delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, las acciones penales estaban prescriptas.

En disidencia, la jueza Ana María Figueroa estimó que existían argumentos para considerar que los delitos imputados podrían constituir crímenes de guerra, de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.

Pero no terminó ahí. Los querellantes y el fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De Luca, interpusieron recurso extraordinario federal, que fue concedido. Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra y definir si la causa sigue o si debe cerrarse por el paso del tiempo.

“Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad generan la misma obligación internacional para los Estados en cuanto al deber de búsqueda, detención, enjuiciamiento y -de corresponder- castigo de los responsables. Obstáculos como el instituto de la prescripción de la acción penal no son admisibles para incumplir con esas obligaciones”, sostuvo el fiscal De Luca, quien además recalcó que se trata de un “leading case” (caso testigo) y que está en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino.

En noviembre pasado, el procurador interino Eduardo Casal opinó que se debía dejar sin efecto la sentencia: “Ello es así pues se fundó únicamente en la remisión a un pronunciamiento anterior del tribunal que no trató acerca de todas las cuestiones oportunamente debatidas y conducentes a la solución de este litigio".

“Hay una deuda de la democracia en el abordaje de la cuestión Malvinas”

Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM-La Plata) y director de Coordinación Unidad Defensor de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, explicó a Data Clave que están esperando una pronta resolución de la Corte Suprema en la causa, que ya cuenta con el dictamen favorable del procurador general de la Nación.

“No solo estamos esperando que la sentencia salga rápido, sino ajustada a derecho”, aclaró y sostuvo que las demoras en el expediente “están generando un proceso de revictimación en quienes tomaron la valiente decisión de denunciar" las torturas.

Asimismo, el letrado detalló que los hechos configuran una “grave violación a los derechos humanos” y que el “Poder Judicial tiene un deber y obligación de investigar hasta las últimas consecuencias”. “Esperamos un fallo ejemplar y contundente”, concluyó.