El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, tomó la decisión de activar las fotomultas a través de un decreto que comunicó en las últimas horas. El anuncio provocó una escalada de críticas de todos los sectores de la oposición.

El jefe comunal del PRO puso en funciones un proyecto que quedó estancado en la comisión de Legislación debido a no contar con los votos necesarios como para poder volver a llevarlo al recinto para ser tratado.

Montenegro apeló a los cambios en la Ley Orgánica de las Municipalidades para poner en marcha una iniciativa que generó todo tipo de objeciones desde su presentación.

De esta manera, Montenegro pasó por arriba del HCD para activar, desde el pasado lunes, un proyecto que forma parte de un convenio con la Universidad de San Martín en el que la ciudad pasa de percibir el 50 por ciento de la recaudación de las fotomultas a un 24 por ciento.

Según pudo saber Data Clave en su momento, para evitar tener que pasar por una licitación, la Universidad de San Martín firmó en favor de una fundación de una empresa para que de esa manera un privado pueda acceder a la cuestión operativa y, con este acuerdo que se pretende aprobar desde el oficialismo, aumentar de un 30 a un 56 por ciento la recaudación.

“Es más escandaloso el procedimiento que el proyecto”, le dice a este medio el concejal Vito Amalfitano. Y cuenta: “Después de meses en el HCD sin poder avanzar, con una oposición férrea debido a que se trataba de un expediente irregular y turbio, el intendente utilizó un decretazo para meterle la mano en el bolsillo a los marplatenses. Sin ningún tipo de control, con arbitrariedad y sin saber dónde se colocaran las cámaras”.

Sobre esto último, el secretario de Gobierno, Santiago Bonfatti expresó en diálogo con una radio local que “se instalarán 140 en todo el partido, la instalación y operación es 100% a cargo de la UNSM, sin inversión del municipio. Las esquinas donde se instalarán son las que registran mayor siniestralidad. El 100% de lo que se recauda en multas se reinvierte en programa de seguridad vial y educación. Se tomarán entre 60 y 90 días para poner en marcha el programa. Comunicaremos la fecha oficial para que la gente sepa que a partir de ese momento estarán los dispositivos que detectarán la infracción".

Desde Crear Juntos habían dado a conocer el nombre del empresario detrás del acuerdo. Se trata de Leandro Camani, quien aparece como una persona vinculada a los convenios que firma la Universidad Nacional de San Martín con los municipios. “Es una persona que suele ser con su empresa SecuTrans y otras, proveedor de todos los sistemas de control en esos convenios. Venimos preguntando al ejecutivo quien era la empresa que estaba detrás de la Universidad y no nos contestan. Investigamos y vimos que en casi todos los acuerdos está la empresa presidida por Leandro Camani”, aseguró en su momento el edil Alejandro Carrancio.

Sobre esto mismo, el concejal Amalfitano le dijo a este medio que “es un un convenio unilateral con una universidad que no es de Mar del Plata y con una empresa que está sospechada. Por qué no se pudo hacer con la Universidad de Mar del Plata? De cada 10 pesos de recaudación, siete se van para afuera. Se debería haber llamado a una licitación, se violó un documento público cuando se cortó una hoja para que no pasara el expediente por la comisión de educación y se cambió el voto de un concejal de un día para el otro”.

Desde el Frente de Todos aclararon que no están en contra de las fotomultas, sino que están “a favor de mejorar la seguridad vial mediante una planificación en serio”.

Para cerrar, el concejal Horacio Taccone, de Acción Marplatense, manifestó que “difícilmente se puede cuidar a los vecinos incumpliendo la ley. Una contratación de esta magnitud no puede hacerse en forma directa bajo la mascarada de una Universidad que no sabemos si sabe algo de tránsito pero si tenemos claro que no fabrica cámaras”.