¿Qué esconden las protestas de Unidad Piquetera contra el ministerio que conduce Tolosa Paz?

Cuando a mediados del año pasado, durante un discurso en Avellaneda, Cristina Kirchner planteó la necesidad de avanzar en un proyecto de reforma de la administración y gestión de los planes sociales, con el objetivo de desplazar así a las organizaciones piqueteras, abrió las puertas a un debate interno del Frente de Todos, que tuvo su correlato en las decisiones adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández. 

“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No”, afirmó la vicepresidenta.

Y agregó: “El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Sobre todo las mujeres, que son la más explotadas. Que revuelven y que son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas”.

Cuatro meses después de aquellas afirmaciones, el por entonces ministro de Desarrollo Social Juanchi Zabaleta dejó su lugar para volver a militar las barriadas de Hurlingham y consolidar políticamente el territorio que había dejado para atender la gestión nacional. Y en su lugar asumió Victoria Tolosa Paz, antecedida del mote de “albertista” (que ella misma se encargó de desmentir, ante el requerimiento periodístico, al afirmar que “el albertismo no existe, yo soy kirchnerista”) pero rápidamente le imprimió a su flamante rol ministerial una impronta muy "cristinista".

Uno de los temas en donde se alineó con el mandato de la vicepresidenta, fue justamente en la idea de transformar los planes sociales en trabajo genuino, para lo cual comenzó una tarea que generó no pocas rispidices hacia el interior de las organizaciones sociales: depurar los padrones de los beneficiarios. Una de las primeras iniciativas sobre las que Tolosa Paz avanzó fue en la revalidación de los Potenciar Trabajo. “Esto no es, ni más ni menos, que verificar que las personas que perciben esa asistencia por parte del Estado, efectivamente la estén recibiendo y no que ese recurso caiga en manos de quien no corresponde”, le explicó a Data Clave un funcionario de la cartera social.

“Cuando la ministra les pidió a los referentes de los movimientos sociales que en lugar de estar en la calle, pongan esos esfuerzos en ayudar a encontrar a la gente por las cuales el Estado paga entre 32 y 64 mil pesos por mes, les abrió la puerta para que ayuden a corroborar que una beneficiaria efectivamente trabaja donde la planilla presentada por la organización dice que trabaja para dar su contraprestación de cuatro u ocho horas, según el o los planes a los que esté adherida”, añadió la fuente.

El gobierno otorgó un plazo de 60 días para este re-empadronamiento -que finalizó el 31 de enero- al cabo del cual comenzó a reducir los pagos correspondientes a todos aquellos que no se hubieran identificado, otorgando treinta días más para regularizar las situaciones pendientes. Del millón doscientos mil beneficiarios de estos planes, hubo cien mil que no fueron identificados en los 56 Puntos Digitales que existen en los Centros de Referencia distribuidas por todo el país y controladas por las organizaciones sociales y algunos municipios.

El argumento que dan desde los movimientos para justificar el incumplimiento es que muchas personas no tienen acceso a un celular para validar su identidad o no pueden acercarse hasta alguna de estas oficinas. “Hasta ahora el mecanismo consistía en que todos los meses, las UG nos decían en una planilla que -por ejemplo- a Rosa Pérez la vimos trabajar y hay que pagarle. Hace más de 80 días el Ministerio le pidió a Rosa que se conecte a la app Mi Argentina o vaya a un Centro de Referencia para hacer el trámite sencillo, pero nunca lo hizo y los dirigentes de las orgas siguen diciendo que no puede hacerlo”, afirmaron desde el ministerio.

“Si los dirigentes que certificaban todos los meses el trabajo de Rosa -a la que decían verla trabajar todos los días- no pudieron hablar con ella ni verla durante dos meses y medio, nos preguntamos con lógica adónde está esta mujer”, conjeturó el funcionario. 

Las hipótesis que se barajan a la hora del análisis oficial son tres: 

1- la beneficiaria nunca supo que alguien le robó la identidad y alguien está cobrando un plan en su nombre, sin saberlo; 

2- la beneficiaria cobra el plan pero le dio la tarjeta a otra persona que lo percibe por ella y luego le da una pequeña parte. Y ahora que los medios expusieron el tema, está enojada y no quiere continuar con la mecánica;

3- la beneficiaria no se acercó a validar porque sabe que en realidad no cumple los requisitos para cobrar un plan.

No son pocos los que sospechan que esos 3.200 millones de pesos que salen de las arcas del Estado pero no llegan a los supuestos beneficiarios, se pierden en un sinuoso camino donde las organizaciones sociales tienen la responsabilidad de controlar y no lo hacen. “La clave es la certificación, ahí es donde se produce el vacío”, afirman desde el ministerio.

Ocurre que -además de los Potenciar Trabajo- también el Estado financia el programa Nexos, que aporta recursos públicos para el desarrollo de proyectos propuestos por las organizaciones sociales (por ejemplo, pintar una escuela). Es la propia organización la responsable de determinar qué cantidad de mano de obra y de días se necesitan para llevar a cabo la labor. En el ejemplo planteado, si se presupuestan treinta trabajadores pintando durante treinta días, el programa acompaña con un aporte correspondiente a otra media jornada laboral (32 mil por mes para cada uno). “Después se les paga a diez compañeros durante quince días y terminan el proyecto, pero se quedan con el resto del recurso”, explicaron las fuentes oficiales.

Belliboni contra una Tolosa Paz que no se va al mazo

El líder del Polo Obrero, la agrupación más numerosa de la Unidad Piquetera, tiene una pésima relación con Tolosa Paz, a la que compara peyorativamente con quien fuera titular de la cartera durante el macrismo, Carolina Stanley. Este miércoles Eduardo Belliboni volvió a las calles junto a miles de militantes de la organización que conduce para reclamar por los planes caídos. “Al Gobierno le sirve decir que somos piqueteros y que recibimos dinero, Unidad Piquetera debe organizar unos 150.000 planes, muchos menos de los que manejan Emilio Pérsico (líder del Movimiento Evita y funcionario del ministerio), y Juan Grabois, (referente del MTE), que no protestan contra el recorte de planes porque se beneficiarán con los fondos que el Estado ahorre”, sostuvo en declaraciones a Delta 90.3

“La plata que sobre de ahí va a ir a parar a las cooperativas de ellos. Pérsico lo que quiere es que le den la plata a él. Y el que no pudo hacer la validación que se embrome”, agregó Belliboni, en alusión al proceso de validación de datos que instrumentó el Ministerio para detectar irregularidades. Su impresión sobre Tolosa Paz no es mucho mejor: “Conocí muchos ministros de Desarrollo Social: Tolosa Paz no entiende el puesto en el que está, no sabe nada”.

Fiel a su estilo combativo, Tolosa Paz no se quedó callada. "El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre", afirmó la ministra de Desarrollo Social.

¿Cuánto cuesta un acampe?

Entre el miércoles y el jueves, el centro de la ciudad de Buenos Aires se vio nuevamente atravesado por una protesta de las organizaciones sociales convocadas por la Unidad Piquetera, cuyos militantes acamparon sobre la avenida 9 de Julio, justo enfrente del histórico edificio donde se encuentran los ministerios de Salud y Desarrollo Social. “Esto no es gratis, alguien lo paga y si hacés los números, te vas a dar cuenta que es una fortuna lo que cuesta movilizar a esta gente”, le dijo a Data Clave un funcionario del larretismo.

"Un acampe de entre ocho y diez mil personas, le cuesta a cualquier organización entre 40 y 45 millones de pesos ¿de dónde te imaginás que sale ese dinero? Porque si hay organizaciones que se fondearon con tantos miles de millones provenientes de los recursos que el Estado les otorga, pueden acampar muchos días y muchas veces", completó la fuente.