El Presupuesto enviado al Congreso tiene algunos supuestos macroeconómicos polémicos. Particularmente, el supuesto del 33% de inflación anual para el 2022. Lo primero para decir es que difícilmente la inflación baje para el año que viene.  Con una inflación que se estima en 50% para este año, el año que viene se ubicaría por encima de este nivel, superando ampliamente la inflación presupuestada.

Las razones de la aceleración de la inflación para el año que viene son varias. Primero, el déficit fiscal primario estimado en el presupuesto es del 3,3%. La pregunta que siempre nos hacemos es “¿Cómo lo financiamos?” (aunque la pregunta que habría que hacerse es “¿Cómo lo eliminamos?”). La primera respuesta que se nos viene a la mente es mediante el BCRA. Las fuentes de financiamiento vía organismos internacionales y endeudamiento en el mercado interno que se explicitan en la Ley son demasiado optimistas. De esta manera, la asistencia del BCRA será mayor a la Presupuestada echándole más nafta al fuego a la inflación.

Por otro lado, la reducción de los subsidios energéticos al 1,5% del PBI implica una suba de tarifas que tiene un impacto directo en el índice de precios. No solamente eso, dada la crisis energética a nivel global que impulsó el precio del gas a niveles muy altos, la reducción del déficit fiscal por reducción de subsidios se pone en jaque. El alto costo del gas se traducirá en mayores subsidios a pesar de que suban las tarifas. Si no hay una fuente alternativa de reducción del déficit fiscal, la emisión monetaria será mayor, empujando los precios al alza. La crisis energética no solo le pega al déficit (y, por ende, a la inflación), sino también a las reservas ya que en caso de que no haya producción nacional suficiente para abastecer la demanda interna, tendremos que importar gas a precios internacionales. 

El tipo de cambio es otra variable que va a requerir un ajuste el año que viene. La estrategia electoral de pisar el tipo de cambio como ancla inflacionaria tiene un límite. La apreciación cambiaria no puede ser eterna y el ministro y el Presidente del BCRA lo saben. La cuestión es si el ajuste va a ser discreto (una devaluación de un determinado porcentaje del tipo de cambio) o gradual (aceleración de la devaluación del tipo de cambio diario por encima de la inflación). Una economía con el nivel de brecha cambiaria que tiene actualmente es insostenible.  Seguir ajustando el cepo cambiario para perder cada vez menos reservas es muy costoso en términos de actividad económica.

En el medio está la renegociación de la deuda con el FMI. Un acuerdo le daría algo de respaldo a los ajustes de precios relativos que necesita la economía y haría que la inflación no se desmadre como consecuencia de ello. Sin embargo, hay que recordar que el Acuerdo con el Fondo es condición necesaria pero no suficiente para poder generar confianza en el mercado. Sin voluntad por parte del gobierno para encarar reformas estructurales, no hay organismo internacional que nos salve.

De esta manera, los argentinos vamos a seguir sufriendo de una inflación muy alta. Primero, para pagar los desajustes generados por el “Plan Aguantar” del gobierno, y segundo porque las medidas que adopta el gobierno para enfrentar la inflación van por el camino equivocado. No hace más que ver las medidas que adopta el nuevo Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, al querer controlar más de 1600 precios. Pruebas de que ese tipo de controles han fallado hay muchas.

Para verdaderamente bajar la inflación hay que poner la mira en el BCRA no en la Secretaría de Comercio como nos quiere hacer creer el gobierno. Es el exceso de pesos, que se suma a una demanda de dinero en retroceso, lo que provoca el descontrol de precios. Para evitar que el BCRA emita dinero para financiar al Tesoro es menester reducir el gasto público y, consecuentemente, el déficit fiscal.