El discurso del Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso dejó algunas expectativas positivas y bastantes preocupaciones. Una de ellas: sus dichos sobre una reforma del Consejo de la Magistratura que le devuelva su independencia. Hoy tiene una gran participación de la política y una de sus funciones es nombrar y quitar jueces. Así que cabe imaginar la preocupación y la presión que tendrá un magistrado que tenga que enfrentar avasallamientos de la ley o de la Constitución por parte del Estado o de legisladores o políticos.

Por lo tanto, cambiar su composición para que cumpla con el mandato constitucional del equilibrio de representantes sería un paso a favor. Sin embargo, hasta no ver la letra de la reforma quedarán las dudas; porque cabe recordar que fue en el mandato de Cristina Fernández en el que se le dio el actual formato. Desde entonces, la Fundación “Libertad y Progreso” viene sosteniendo que es prioritario y necesario avanzar en esta reforma, ofreciendo una propuesta que fue presentada a las distintas gestiones y, también, a diferentes legisladores con poco éxito.

Por otro lado, el resto de la reforma judicial que está en marcha y el hostigamiento de la Justicia, parece apuntar a someterla o restringir su independencia de la política. Este tema no sólo es relevante para los que creen en que no hay República sin una Justicia independiente y, por ende y con el tiempo, tampoco Democracia. O para a los que temen que sea la puerta para la impunidad de quienes cometieron actos de corrupción o que sea usado como instrumento contra los que opinan distinto. También es vital para la inversión; ya que cabe nadie hundirá su capital para producir y generar empleo en un país donde, si sus derechos son avasallados por el poder político, sus chances de reclamo ante la Justicia son mínimas.

Por ello, si queremos que la Argentina tenga alguna chance de prosperar y brindar más oportunidad de progreso a su gente, hay que garantizar la seguridad jurídica, “palabras horribles” para algunos referentes de este gobierno. Le guste o no a la actual gestión, empieza con el lastre de los mandatos kirchneristas anteriores, en los que el derecho de propiedad y la libertad de empresa fueron arrasados; por lo que la carga de la prueba se invierte y deberán primero demostrar que realmente están comprometidos con el respeto de los derechos de los trabajadores y productores.

Otra parte que fue muy preocupante fue cuando culpó a los empresarios por empobrecer a los argentinos especulando con los precios para amasar fortunas expulsando del mercado a los consumidores. Si miramos la historia argentina, podemos identificar períodos como los ´90 o en los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner en que la inflación fue baja; aunque es cierto que la mayor parte de nuestro pasado fue alta. Deberíamos preguntarnos qué fue lo que en esos pocos momentos de menor variación en los precios “doméstico a esos ambiciosos e inmorales poderes económicos”.

Pues no lograremos una respuesta; porque sencillamente fueron momentos de menor o nula emisión de moneda a su demanda. Si no, deberíamos concluir que el “Modelo K” funcionó mejor conteniendo a los poderes económicos al inicio y que luego lo hizo muy mal. Un absurdo, que quedan pocos en el mundo que lo sigan defendiendo; ya que la gran mayoría de los países logró bajar la inflación con políticas monetarias austeras y no sometiendo a “oscuros e inmorales poderes”.

En todos los países donde se sacó a la gente de la pobreza se lo hizo respetando la seguridad jurídica, o sea con reglas de juego claras, generales que respeten el derecho de propiedad y la libertad de empresa. Incluso, el mejor ejemplo, es China. Cuando el gobierno comunista de este país vio el derrumbe de la Unión Soviética tuvo en claro que, si querían seguir hegemonizando el poder político, tenían disminuir la pobreza, en lo cual habían fracasado. Por ello, abrazaron la economía de mercado, logrando sacar a cientos de millones de pobres de esa situación y en poco tiempo.

No hay milagros, la respuesta para lograr mayores oportunidades de progreso para todos es el capitalismo y lo que siempre fracasa es el “capitalismos de amigos”, como sucede en países como el nuestro. En ellos, los gobiernos le vuelven la vida imposible a los verdaderos emprendedores, con excesos de impuestos y regulaciones, y el único camino fácil para hacerse rico es la cercanía con el poder político para obtener prebendas.

Lamentablemente, nosotros pretendemos seguir por el camino que siempre nos llevó al fracaso. La respuesta a la inflación son los controles de precios, que desincentivan producir y llevan a que escaseen los bienes afectados; la aplicación de una Ley de Abastecimiento digna de una dictadura o comunismo, que desincentiva a cualquier inversor argentino o extranjero que pueda estar pensando en producir en el país; o un ilusorio acuerdo precios y salarios.

Estos últimos siempre terminaron en enormes fracasos; pero desconozco si en algún país alguna vez hubo uno que funcionara. Si así fue debe haber sido porque, mientras los empresarios y los gremios cumplían su parte, el gobierno hacía lo que le correspondía, reduciendo rápidamente el déficit y conteniendo los excesos de emisión. De esta forma, se logra que las expectativas de los primeros se alineen con la inflación realmente generada por su banco central. En la Argentina, dado que este tipo de acuerdos unifican las expectativas de empresarios y gremios; por lo que, al principio, logran cierta mejora en la suba de precios.

Sin embargo, los gobiernos no hicieron su parte en materia de austeridad fiscal y monetaria. ¿Para qué? Si todo se estaba resolviendo sin que ellos tengan que revertir políticas que los benefician. Por lo tanto, pronto la inflación volvía a aflorar, los empresarios y los gremios se daban cuenta de que habían sido estafados en su confianza y los precios se reacomodaban fuertemente, incluso gestando crisis. Hoy estos acuerdos tienen muy baja credibilidad, dada la historia; por lo que pueden ser un paliativo muy coyuntural que, si el gobierno no hace su parte, terminará mal como todos los demás.

El discurso presidencial no mencionó ninguna de las reformas estructurales que hay que hacer para resolver los problemas de fondo que llevan décadas incubándose y que siguen acumulándose en la actual gestión. Sí abundó en los típicos parches que pretenden incentivar la inversión en los sectores que ellos determinan “estratégicos” o relevantes, aliviándoles los inconvenientes que les genera la estrategia económica general y que, por ende, seguirá afectando negativamente al resto de la economía.

Este tipo de políticas están destinadas a gestar mediocridad o a un rotundo fracaso; ya que, ¿quién les asegura a los “privilegiados” que en el futuro no se los sumará a la generalidad si al gobierno le conviene o si cambia de idea sobre su “relevancia”? De hecho, la historia argentina está plagada de estos “cambios de ideas”, que casi siempre implicaron violar inconstitucionalmente alguna ley, como pasó con la legislación de minería durante la gestión K.

Respecto a la judialización de la decisión de tomar el crédito con el FMI, la realidad es que, si no lo hubieran tomado, en 2018 la Argentina hubiera entrado en default y en una crisis como la de 2001-2. Es cierto que no se usó para resolver los problemas de fondo que generaron esa debacle de la credibilidad en el futuro de la Argentina; lo cual es algo que tienen que juzgar con su voto la gente y no un magistrado, ya que es una decisión de política económica. Para que haya delito, alguien debió haber sido favorecido adrede con una determinada medida.

Cabe aclarar que opiné igual cuando se judicializó la venta de dólar futuro que se hizo al final del gobierno de Cristina Fernández. Por eso, creo que es un error que el Presidente siga generando precedentes que pueden costarle futuras denuncias sin sustancia, si su gestión también fracasa como las anteriores. La mala noticia para él es que es muy probable que eso le pase, si repite el error de CAMBIEMOS de confiarse en una fuerte reactivación inicial y no hacer las reformas estructurales que solucionen los problemas de fondo de la Argentina, poniéndola en una senda de crecimiento sostenido.

Por último, cabe mencionar una preocupante y gran contradicción en el discurso presidencial. Finalizó definiendo que su gran logro sería gestar la unidad de los argentinos. Sin embargo, fue contundente cuando dijo que los que opinan diferente a él sobre cómo gestionar el país lo hacen “preservando intereses de poderes económicos concentrados” y dañando a la sociedad. Creo que esto habla de la falta de respeto al otro que puede honestamente tener ideas distintas y que se está consolidando en ambos lados de la brecha.

Si el Presidente cree que quien opina distinto lo hace por oscuros intereses, la unidad que busca sólo se puede dar en el marco del “Pensamiento Único”; lo cual se aleja del espíritu de una Democracia Republicana para acercarse a los regímenes populistas, algunos de los cuales terminaron consolidándose en dictaduras, como en Venezuela.

Esperemos que el Presidente tome conciencia de los profundos problemas que tiene el país y del camino adecuado para resolverlos. No sólo en cuanto a recuperar la unidad de los argentinos, sino de evitar una crisis realizando las reformas estructurales que hace décadas demanda la economía del país y que por ello sufrimos una eterna decadencia con crisis que son cada vez más seguidas.