Hoy se busca lanzar un plan para transformar los subsidios asistenciales en subsidios al empleo formal. Desde Hacienda, se anunció el programa “Puente al Empleo”. El incentivo a las empresas privadas es que contratando beneficiarios de planes asistenciales baja el costo laboral debido a que podrán tomar como parte del salario el monto del beneficio asistencial. Para los beneficiarios, la ventaja es que no tienen que darse de baja del programa asistencial. De esta manera, se espera convertir los subsidios asistenciales en subsidios al empleo formal. Esto ya se intentó en la gestión anterior y en el actual. Uno de los tantos problemas es la falta de consensos en políticas equivocadas.

Claramente, la idea suena muy atractiva. Que un beneficiario de un plan pase a ser un asalariado en una empresa formal implica progreso individual y social. Seguramente esto explica el amplio consenso de la iniciativa. En efecto, el gobierno anterior intentó algo similar con el “Plan Empalme” (2017) y el actual gobierno impulsó una iniciativa parecida en el 2021. Ambos casos fracasaron. Pero, ¿Por qué? Resulta pertinente evaluar la dinámica del mercado de trabajo para responder esa pregunta. Tomando datos del INDEC, entre 2012 y 2021, la población en edad de trabajar creció en aproximadamente 3 millones de personas.

De esta cifra, se desprende que el 25% se insertaron laboralmente como empleados públicos, el 32% quedaron como desempleados o inactivos y el remanente (43%) como cuentapropistas. Lo que muestran los datos es que, en la última década, todo el crecimiento de la población en edad de trabajar se insertó como empleado público, cuentapropista o quedó desempleada o inactiva. El empleo asalariado en empresas privadas, tanto registrado como informal, se mantuvo estancado. En un escenario donde las empresas durante una década no aumentaron su plantel, pretender que los planes asistenciales se conviertan en empleos formales es un acto de voluntarismo.

La no creación de empleos de calidad responde a un entorno macroeconómico que desalienta la inversión y la producción. La generación de empleos está obstaculizada por las viejas instituciones laborales que generan costos no salariales altos e inciertos.

1. Las leyes y los convenios colectivos centralizados con una desactualización muy importante, complementados con interpretaciones judiciales que potencian las distorsiones.

2. Las cargas sociales (entre las más altas del mundo) y un profundo deterioro del sistema educativo y de formación profesional.

Las políticas públicas actuales desalientan la generación de empleo. Por eso no hay oportunidades de conseguir empleos de calidad. La principal consecuencia es el aumento de la pobreza y se multiplican los planes asistenciales. En el mejor de los casos (estos últimos) aportan paliativos, pero no resuelven la pobreza. En pocas palabras, pretender con una política pública (subsidios al empleo privado) compensar las distorsiones de otra política pública (malas instituciones laborales) es inconsistente y un puente al fracaso.

Resulta llamativo que por tercera vez en menos de un lustro (desde gobiernos de diferente color político) se apele a lo mismo. Eludir la solución de los problemas (actualizar las instituciones laborales) e improvisar con anuncios voluntaristas es una de las muchas políticas de Estado equivocadas que se comparten e impulsan desde ambos lados de la grieta.