Sistema previsional argentino: problemas y contabilidad creativa
Debemos repensar el sistema previsional actual y cómo se maneja el FGS.
El último canje de bonos realizado por Sergio Massa volvió a poner en el eje del debate el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Básicamente se obliga a que el FGS venda (regale) en el mercado sus tenencias de bonos en dólares a una paridad de menos del 30%, y que, con lo obtenido, compre títulos en pesos. Si bien es cierto que esto no altera el endeudamiento neto del Estado, sí impacta sobre la sostenibilidad del FGS.
Para enmascarar la operación, la normativa dice que estos bonos serán contabilizados a valor técnico, cuando en realidad, si fueran contabilizados a valor de mercado, sería mucho más bajo. De esta forma, el gobierno aumenta artificialmente el patrimonio de la FGS. Si esto mismo se hiciese en un organismo privado, habría un escándalo mayúsculo y el director del organismo probablemente enfrentaría más de una demanda.
Aquí nos aparecen dos grandes cuestiones a revisar. La primera es que el Estado argentino mantiene un déficit fiscal tal que, para financiarlo, está dispuesto a comprometer todos sus activos disponibles. Sin importar su naturaleza. En este afán, el rol del FGS es financiar el gasto corriente. La segunda cuestión, derivada de la primera, es que debemos repensar el sistema previsional actual y cómo se maneja el FGS.
Cuando se expropiaron los fondos privados de la AFJP y se volvió al sistema previsional de reparto, se creó el FGS. Este fondo absorbió los recursos de las AFJP con la excusa de capitalizar al sistema previsional y actuar como un fondo contra-cíclico que financie a la ANSES ante cualquier problema para el pago de jubilaciones. En la práctica, esto no solo no se implementó, sino que el FGS fue utilizado para financiar el gasto público mediante la compra de títulos del Tesoro.
La debilidad de los sistemas jubilatorios de reparto no es una novedad. Casi todos los sistemas de este tipo en el mundo se han ido volviendo insostenibles o, directamente, están en crisis por el propio diseño sobre el cual están construidos. Antes que nada, cabe preguntarse: ¿En qué consiste un sistema de reparto y por qué tienen dificultades? En términos generales, es un esquema jubilatorio en el cual los trabajadores de la economía aportan a una caja común que se utiliza para el pago de jubilaciones de trabajadores que ya aportaron y se jubilaron. En otras palabras, a los jubilados no se les paga con lo que aportaron ellos en el pasado, sino con lo que están aportando los trabajadores activos en el momento.
Hay dos grandes motivos por el cual este modelo está en crisis mundialmente: el primero es el aumento en la expectativa de vida de las personas, y el segundo es el cambio en la pirámide poblacional. Son un problema porque, en la dinámica, los pasivos del sistema jubilatorio (jubilados) crecen a un ritmo mayor que los activos (trabajadores que aportan). Esto hace que la distribución de los recursos sea cada vez más conflictiva. Y se suma que lo que aportan los trabajadores no está relacionado con lo que pagan.
El problema argentino tiene los mismos condimentos, y se le agregan algunos extras. El exceso de moratorias provocó que el número de jubilados que efectivamente accedieron a una jubilación o pensión habiendo completado sus aportes al sistema de reparto sean apenas el 43,6%*. Sin regímenes especiales. Esto afectó gravemente la sostenibilidad del sistema previsional que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), requiere de 3,3 personas activas por cada pasivo. Los datos a diciembre de 2021 indican que este ratio llega solamente a 1,6. Además, la creciente informalidad laboral genera que los aportantes del sistema sean cada vez menos y se vuelvan más vulnerables al sistema.
Estos descalabros no son gratis. La caja para el pago de jubilaciones está estrictamente ligada a lo que se recauda. Jubilar personas sin aportes implica que los saldos disponibles para los que aportaron sean menores. No es casualidad que el poder adquisitivo de la jubilación mínima caiga 32,7% desde septiembre de 2017. Además, nominalmente la jubilación mínima apenas alcanza los $58.665.