Secretos de la Casa Rosada: los errores de la política los pagan los privados

Esta semana hubo una intensa actividad en la Casa Rosada: reuniones con sindicalistas, empresarios, dirigentes del campo y por el inicio de las clases.

“Reducir la inflación es una prioridad y es un problema macroeconómico”; “Hay que trabajar para construir reglas de juego que den previsibilidad a todos los sectores de la economía...”; “Hemos tenido déficit fiscal persistente por mucho tiempo…”; “Atacar al problema de la inflación requiere hacerlo con la política macroeconómica, con una gestión del Estado y una coordinación con los distintos sectores de la economía para que las expectativas vayan en la dirección de lo que económicamente es factible”. Éstos y otros conceptos son los merecieron el tan mentado aplauso al ministro Martín Guzmán por parte de los empresarios.

Un viejo habitué a estos convites presidenciales se lamentaba: “si todas las veces que escuché conceptos parecidos se hubieran cumplido…” al tiempo que afirmaba “espero que esta vez sea cierto”.

Mientras los aplausos se escuchaban en la Casa Rosada, el INDEC daba a conocer que la inflación en enero, por segundo mes consecutivo, se ubicó en 4% -equivalente a 60% anualizada-, pero lo que más preocupa es la suba de alimentos que fue de 4,8% (75% anual), afectando justamente a los sectores con menores recursos que son asistidos por el Gobierno nacional.

A su vez, la lentitud en el proceso de vacunación contra el Covid 19 -en medios oficiales se reconoce que nadie sabe a ciencia cierta cuántas dosis se dispondrán en lo inmediato- abre un severo interrogante sobre cuánto seguirá dañando la pandemia.

La principal carta que juegan las autoridades pasa por la reactivación de la construcción y confían en que “Dios siga siendo argentino y peronista” y mantenga el alza en los precios internacionales de las materias primas. Hasta ahora lo viene demostrando: las oportunas lluvias significarán 2 millones de toneladas más de soja y 2,5 millones adicionales de maíz, con relación a la anterior previsión, según la Bolsa de Cereales de Rosario.   

En la Casa Rosada se sabe que no será fácil ganar las elecciones. Por un lado, porque siguen los efectos de la pandemia -aún falta segunda ola y el plan de vacunación viene demorado-. Por otro, son limitadas las posibilidades de acelerar la recuperación económica en un contexto de escasez de recursos en momentos en que una buena parte de la sociedad se muestra desencantada.

En lo inmediato, en fuentes del Gobierno se anticipa que posiblemente deban ser aumentadas las ayudas bajo el sistema de REPROs (subsidio a los salarios de las empresas con dificultades), ante la perspectiva de nuevos problemas en la actividad si aumentan los casos de Covid.

La estrategia del oficialismo de cara a los próximos comicios, apunta a seducir a los sectores que no forman parte de “la grieta”, es decir lo que no se identifican con las posiciones extremas del kirchnerismo o el macrismo.

En este contexto los analistas explican que el ala más dura del Gobierno “haya bajado los decibeles”, al menos en el orden discursivo. Y que, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández se haya reunido con la Mesa de Enlace que agrupa a las principales entidades agropecuarias, desactivando lo que se perfilaba como un nuevo conflicto con el campo.

En ese encuentro, el primer mandatario expresó a los dirigentes rurales que no se subirán las retenciones al trigo y a maíz. Es que haciendo números vieron que no era necesario, al menos por ahora,  aumentar las retenciones las exportaciones. No hace falta ya que en el presupuesto 2021 la recaudación por este concepto se encuentra subestimada toda vez que la suba de los precios internacionales arrojaría un ingreso 9% superior al proyectado.

En tal sentido, un informe que llenó de entusiasmo a más de un funcionario fue el elaborado por JP Morgan que dice que las commodities pueden haber empezado un nuevo super ciclo de precios.

El encuentro de las autoridades con el campo presentó algunas particularidades. Una de ellas fue la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá y la ausencia del ministro Guzmán. No se sabe por qué faltó el titular del Palacio de Hacienda y no se entiende mucho la participación del canciller, ya que no se trataron temas internacionales.

Más llamativo aún resultó, según comentaron participantes del cónclave, que Solá llevara la voz cantante en el diálogo con el campo, contrastando con la escasa intervención del ministro de Agricultura, Luis Basterra.

A partir de este episodio, algunos especularon con la posibilidad de un cambio en el elenco ministerial, trasladando a Solá a la cartera agropecuaria, función que ya cumpliera durante los años 90. Ante la consulta de Data Clave, la especie fue descartada por una alta fuente de la Casa Rosada: “Mientras haya rumores en los diarios, no habrá cambios en el gabinete nacional”. 

Otro dato que llamó la atención fue que notaron al presidente “cansado físicamente”, pero lo que más les preocupó fue que lo vieron “poco o mal informado sobre los temas agropecuarios”.

Este tema no dejó de inquietar a los asistentes ya que señalaban, “lo grave es que las autoridades toman  decisiones  sobre la base de información errónea”.

Seduciendo a la clase media 

Con la intención también de seducir a los sectores medios es que se implementará (una vez aprobada en el Parlamento) la  reducción del impuesto a las Ganancias a los trabajadores. Se apunta a que sólo lo paguen el 10% de los asalariados formales, de donde quedarían afuera del impuesto 1,2 millones de trabajadores con un costo fiscal de unos $42.000 millones.

Asimismo, están contemplando alguna medida similar para los Autónomos. Estiman que luego del receso de Carnaval, se comenzará el trámite parlamentario que incluirá la presencia de del ministro de Economía, Martín Guzmán en el Congreso. Estiman que la oposición apoyará esta iniciativa ya que fue un eje de campaña de Macri (que no pudo cumplir, se ocupan de aclarar, ya que durante su gobierno, el 25,5% de los trabajadores pasaron a tributar el impuesto a las Ganancias).

Blancas palomitas

En la misma política de atender las demandas de la sociedad (y tender a ganar las elecciones, según dicen maliciosamente desde la oposición), el Gobierno dio un giro de 180 grados y ahora todos los esfuerzos están puestos para que vuelva la presencialidad en la educación. El problema es que el retorno a los colegios está poniendo de manifiesto que los políticos -de los distintos niveles- desaprovecharon el año de receso para prever las medidas necesarias para volver a la normalidad.

Ejemplos, no se adecuaron infraestructuras edilicias o no se programaron anticipadamente los horarios de transporte. Por esta razón es que, de urgencia, el Ministerio de Trabajo dictó una resolución por la que se considera justificada la inasistencia al empleo del progenitor o adulto responsable a cargo cuya presencia en el hogar sea indispensable para el cuidado de niños y adolescentes.

Esta disposición de todas maneras no solucionará los miles de problemas que enfrentaran las familias y las empresas. Es que, por el protocolo escolar, las clases serán reducidas en sus horarios, asimismo, podrán cursarse una semana por la mañana y la otra por la tarde. Y, si una pareja envía a sus hijos a colegios diferentes, el caos se duplicará.

Para las empresas o comercios tampoco será fácil organizar los horarios laborales. Estas complicaciones se podrían haber evitado si durante el año pasado, autoridades y docentes se hubieran dedicado a planificar la vuelta a clases en el contexto de una pandemia, con o sin vacuna.

El resultado lo resumía un dirigente empresario: “nuevamente nos transfieren al sector privado los problemas que tendría que resolver el sector público”.

La falta de planificación también afecta la dirigencia política. Por caso, intendentes del conurbano señalan que, por presión de la organización La Campora, tuvieron que preparar escuelas para que se lleve a cabo el proceso de vacunación. Ante la demora en la entrega de las vacunas y el inicio de las clases difícilmente se utilicen los colegios para este operativo.

Por lo pronto, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se está pensando en habilitar otros espacios para vacunaciones masivas, como el Estadio Único o el Hipódromo de La Plata.

También ha sido un ejemplo de imprevisión la compra de vacunas. Por esta razón hasta el 12 de febrero se han vacunados en todo el país 367.665 personas con la primera dosis y 222.185 con la segunda dosis.

Un dato: en la provincia de Buenos Aires ya se inscribieron para vacunarse  más de 2.100.000 personas. En tanto, en Chile ya superaron el millón de vacunados.

Una alta fuente del Gobierno nacional explicaba sin ponerse colorado de vergüenza, que la demora en la entrega de la vacuna rusa a la Argentina obedeció a que “los rusos se molestaron por la mala prensa que tenía su vacuna en el país”.   

Perros y gatos

La relación entre los intendentes y La Campora es un capítulo aparte. Uno de ellos señaló a Data Clave que “no se puede politizar la vacunación, no se puede ir a vacunar con remera de La Campora, la salud es una política de Estado”. Además, los alcaldes se quejan de que la organización kirchnerista instala mesas en los territorios y promete vacunas, planes o viviendas y “luego se van y los reclamos nos caen a nosotros”.

Mientras se dan estas peleas, la clase dirigente sigue dando muestras de distanciamiento con las preocupaciones de la sociedad, según señalan analistas políticos. Por caso, y sin desmerecer el tema, parecería estar alejada de las prioridades del ciudadano común la declaración del Partido Justicialista Nacional planteando un pedido al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden que Cuba sea retirada de la lista de “Estados que patrocinan el terrorismo”. “Qué tiene que opinar el Partido respecto a la política internacional de Biden”, se preguntaba un viejo dirigente peronista.

La gran apuesta

El gobierno apuesta a la construcción como palanca fundamental para la reactivación. Por esta razón es que avanza en el Congreso el proyecto de ley que otorga beneficios impositivos y abre un blanqueo de capitales para estimular al sector.

Los objetivos son ambiciosos: estiman que la implementación de la iniciativa implicará la creación de 240mil nuevos puestos de trabajo este año.

Mientras tanto, el ministro Guzmán confirmó esta semana lo adelantado por Data Clave en cuanto a que se retrasará el tipo de cambio respecto de la suba de los precios. El titular del Palacio de Hacienda ratificó su intención de reducir la inflación cinco puntos porcentuales en 2021 para acercarse al 29% pautado en el Presupuesto. En línea con ese objetivo, afirmó que espera que el tipo de cambio oficial mayorista sea alcance, en promedio, los $102,40 en diciembre, lo cual implicaría un alza anual en torno de 25%.

Guzmán afirmó que la ley del Presupuesto 2021 es "el corazón del plan macroeconómico". En su lucha por lograr bajar la inflación y que "los salarios les ganen a los precios", el ministro aseguró: "La inflación es un problema macroeconómico. Un país que no aumenta las divisas que genera, pone presión sobre el tipo de cambio y eso se traslada a la inflación".

Estas afirmaciones fueron bien recibidas por el empresariado; el problema es que al mismo tiempo, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, confirmó que los movimientos sociales saldrán a las calles durante este fin de semana largo de Carnaval a controlar los precios en los supermercados.

"Va a ser un control nacional", anunció Navarro al canal de noticias C5N. "En el AMBA entre 20 y 30 mil personas controlarán los precios", dijo el funcionario y agregó que las organizaciones sociales "buscan construir conciencia y ayudarnos".

Desde ya que, aunque no lo digan públicamente, este tipo de acciones pone de punta a los pelos del empresariado. No parece casual, en este contexto, que no hayan asistido a la convocatoria que realizó el presidente dueños de empresa de la talla de Paolo Rocca, de Techint; Luis Pagani, de Arcor; Alfredo Coto, de Coto; Hugo Sigman, de Grupo Insud y Miguel Acevedo, titular de AGD y presidente de la Unión Industrial Argentina.

En este sentido, resulta interesante un estudio realizado por Ecolatina sobre cómo evolucionaron los precios de distintos productos de consumo masivo desde la aplicación de la política de precios máximos.

El informe de la consultora abarca 18 rubros y permite concluir que la mitad, 9 productos, tuvieron aumentos por encima de los precios máximos. Pero en el canal tradicional (almacenes y otros comercios) los aumentos superaron a los precios máximos estipulados por el Gobierno en prácticamente en todas las categorías (con la única excepción de fideos secos).

Más aún se observan diferencias considerables entre los aumentos verificados en uno y otro canal. Por caso, el aceite subió 15% en supermercados y 35% en el canal tradicional y el yogurt 10%, contra 35%, en el mismo orden.

Por lo pronto, las perspectivas de precios no son favorables. Las primeras proyecciones de las consultoras arrojan que la inflación para este mes se ubicará entre 3,2% y 3,9%, impulsada por el rubro alimentos y el impacto por el comienzo de las clases, entre otros factores.

En esto contexto es que parecen aumentar las posibilidades de que el Gobierno decida utilizar al dólar como ancla de los precios. A favor cuenta con que los precios de las materias primas están elevados, en abril comienza el ingreso de la cosecha gruesa y con que posiblemente, el pago del impuesto a la riqueza provoque una oferta adicional de dólares por parte de los contribuyentes. Además, está la expectativa que el Fondo Monetario Internacional aumente los derechos especiales de giro, reforzando así las reservas.

De todas formas, no deja de ser una jugada riesgosa, advierten los economistas y recomiendan seguir la brecha entre el dólar oficial y los alternativos para evaluar la sustentabilidad del esquema. Desde ya que implicaría acumular desequilibrios para después de las elecciones, pero eso sería otra historia.

Mientras los hacedores de política se valen de estos artilugios, también existe en paralelo otra Argentina emprendedora, innovadora y solitaria. Un dato aislado, pero llamativo: la empresa estatal rionegrina de alta tecnología INVAP junto con el diseñador y fabricante argentino de helicópteros Cicaré y la empresa de servicios agrícolas Marinelli Technology se encuentran desarrollando un helicóptero no tripulado.