Luego de la inflación más elevada desde 1991 a pesar de los experimentos monetarios que mantuvieron inalterada la base monetaria durante 2019, este año volvió a evidenciarse que los precios de la economía doméstica tienen un determinante principal en el tipo de cambio oficial. Con una mayor estabilidad, aunque lejos de estar congelado, el tipo de cambio se movió a la par de la inflación al punto de replicar matemáticamente el dato de inflación del mes previo.

Esta dinámica se sostuvo hasta el mes de noviembre y por lo que dejan inferir las primeras semanas de diciembre, este mes el tipo de cambio iría algo por debajo de la inflación por primera vez en el año. La relativa estabilidad del cambio oficial junto a los mayores controles de precios y la merma del consumo durante la cuarentena, permitieron una baja de la inflación en un año récord de emisión monetaria (mostrando una vez más, la falla del diagnóstico monetarista).

La principal preocupación que viene desde los inicios de la crisis cambiaria en abril de 2018 está asociada a los precios de los alimentos que acumulan en este período un aumento de 203% frente a un incremento del 178% en los precios del resto de la economía. Esta aceleración de la inflación se enmarca en una reactivación tibia en el agregado pero que es muy dispar según el sector de actividad y ubicación geográfica que tenga la empresa.

Así, el sector alimenticio acumula un colchón para no trasladar incrementos de los costos (de insumos, salariales o tarifarios) a los precios finales. La suba en los precios internacionales de la soja y el maíz incide en los precios de los alimentos tanto como un costo de oportunidad (generado menor rentabilidad relativa de otros productos) como en el costo directo de otros componentes de la canasta básica (especialmente, las carnes). Nuevamente, se evidencia el rol redistributivo fundamental de los derechos de exportación en el desacople de los precios internacionales con los precios domésticos.

La resistencia del sector empresario en este rubro a los esquemas de precios máximos -a pesar de ser uno de los que menos sintió el efecto de la pandemia- requiere, como política de corto plazo, la imposición de la autoridad política en la negociación frente a la tozudez de su dirigencia. En el corto plazo, la imposición de este tipo de medidas. En paralelo, el fortalecimiento la capacidad productivo y la referencia de otros actores al interior de la cadena productiva - como sugerimos en el Informe Especial “Producción de Cerdos ¿Para qué y para quiénes?” - serán dos estrategias para dos horizontes temporales distintos que garanticen el acceso a una canasta alimentaria a precios razonables en simultáneo con un mayor efecto en la creación de empleo, divisas e impacto ambiental razonable.

En 2021 se develará la tensión que existe sobre la capacidad de dar razonabilidad a los incrementos de precios con una inercia inflacionaria heredada todavía alta y consolidar la recuperación de la actividad, la ganancia y los ingresos si la situación sanitaria lo permite. La viabilidad de este sendero virtuoso entra en confrontación con la tradicional injerencia del Fondo que pretende imponer su programa de ajuste en cada uno de los acuerdos con países comprometidos. Un giro ortodoxo podría dejar al gobierno con un acuerdo de la deuda pero a costa de un capital político disminuido y sin reactivación consolidada.