El Congreso es el lugar donde se aprueban las normas que establecen cuánto nos va a quitar el Estado Nacional por vivir y tener nuestra actividad en el país.

Por ello, la elección que se avecina es importante no sólo desde lo político, sino también desde lo económico, pues la conformación del órgano legislativo es una llave para profundizar -o no- proyectos antagónicos de nuestra organización como país.

Más allá de los anuncios de los candidatos, que podrían o no ser cumplidos, creemos que las políticas adoptadas por los dos principales partidos durante sus respectivos gobiernos resultan una guía para determinar cómo podrían ser sus acciones en el futuro. A continuación, un brevísimo resumen de los aspectos salientes de estas gestiones en el campo tributario.

El gradualismo que aplicó en muchas áreas se vio reflejado en el campo de los impuestos, salvo la rápida decisión de abandonar el cepo cambiario, que se apoyaba en el uso de retenciones impositivas para encarecer la adquisición de divisas, bienes o servicios en el exterior.

Respecto del impuesto a las ganancias para trabajadores dependientes se puso algo de orden, al eliminarse los 13 mínimos no imponibles diferentes que venían del anterior gobierno, volviéndose a un esquema donde las deducciones eran las que definían el piso del tributo, en vez de los sueldos brutos y la zona de residencia. No se mejoró significativamente a los autónomos.

Como novedad, se gravaron a los criptoactivos en ganancias y se propició la cuasi eliminación del impuesto sobre los bienes personales. Esto último, en línea con una tendencia mundial y con la promoción de un blanqueo de capitales (“Sinceramiento Fiscal”) que fue récord a nivel mundial. El contexto internacional ayudó -iba a comenzar el intercambio automático de información financiera-, pero también hubo un voto de confianza en un gobierno pro-mercado que parecía haberse instalado sólidamente.

Con el Consenso Fiscal se promovió la disminución progresiva de impuestos distorsivos en el nivel nacional (suavización del impuesto al cheque, eliminación de ganancia mínima presunta), pero también a nivel provincial (concentrar ingresos brutos en la etapa minorista, morigerar los despiadados sistemas de percepción provinciales, limitar el medieval impuesto de sellos) y municipal (combatir impuestos disfrazados de tasas).

A su vez, se actualizaron parámetros en diversos impuestos para morigerar los efectos de la inflación y hasta se creó de una medida de valor -nunca puesta en marcha- tendiente a corregir estas distorsiones.

Se restauró el ajuste por inflación para empresas, aunque con algunas trampitas para que no se llegue a aplicar. La realidad y la alta inflación se llevaron puestas estas limitaciones.

Un punto destacado para dar competitividad al país fue la reducción gradual de la alícuota del impuesto a la renta para sociedades, que se hubiese consolidado en un 25% más un 13% ante la distribución de utilidades.

También hubo fuertes reducciones en los derechos de exportación para productos agropecuarios, aunque con vaivenes.

En línea con las políticas de desburocratización y facilitación para crear sociedades, se aprobaron interesantes regímenes de promoción para PyME y emprendedores. Estos fueron aprobados con mal timing (los contadores estaban desbordados por el sinceramiento fiscal) y poco aprovechados.

Una de las reformas tributarias más significativas en materia de beneficios -votada unánimemente en el Congreso- apostaba al desarrollo de ciertos sectores estratégicos vinculados con la tecnología y las exportaciones: la Ley de Economía del Conocimiento.

Los puntos más negativos de esta gestión: la AFIP avanzó en una triste razzia sobre monotributistas y algunas PyME, algo totalmente desfasado de lo anterior. También ese organismo logró que se consagren legislativamente herramientas abusivas (por ej., suspensión de CUIT, revival de la clausura preventiva), que habían sido muy criticadas en los anteriores gobiernos.

La aprobación del polémico “impuesto a la renta financiera”, impulsado inicialmente por Sergio Massa (quien paradójicamente en la actual gestión fomentó su derogación), también fue un hito que tuvo un efecto muy negativo en la economía del entonces gobierno, pues fue una violación de la palabra empeñada al promoverse el sinceramiento fiscal.

El gradualismo de todas estas políticas y el poco tiempo en el que rigieron impide poder hacer una evaluación de sus efectos, ya que -como veremos- fueron violentamente revertidas por el actual gobierno.

En líneas generales, desde el inicio -con o sin pandemia- se adoptaron medidas para aumentar la recaudación, muchas con tinte ideológico y sin una evaluación de los efectos/daños que provocarían.

Se crearon nuevos gravámenes, como el Impuesto PAIS (con impacto en adquirentes de divisas, bienes o servicios en el exterior), el impuesto a la riqueza (con un severo castigo para activos en el exterior) y contribuciones sobre determinadas primas de seguros.

También hubo aumentos en otros impuestos, como el fuerte incremento de bienes personales (con castigo para activos en el exterior), en los derechos de exportación para productos agropecuarios, en las contribuciones patronales, en Impuestos Internos a productos tecnológicos o vehículos, en el impuesto al juego online y en el impuesto al cheque para retiros en efectivo de empresas.

Además del Impuesto PAIS se volvió a utilizar a la AFIP con fines cambiarios, aplicándose retenciones para desincentivar compras o pagos en divisas, con un importante impacto recaudatorio y obstáculos para su devolución.

La presión tributaria aumentó en muchos ámbitos por la falta de actualización en tiempo y forma de las diferentes variables (por ej., mínimos no imponibles en ganancias y bienes personales).

El ajuste por inflación impositiva (empresas) pasó a computarse por sextos, pretendiendo una licuación de sus efectos en el tiempo por la inflación.

Entre lo más negativo encontramos un fuerte aumento de la alícuota corporativa de ganancias, llegando casi al 40% cuando se distribuyan utilidades. Esta reforma se ha anunciado como beneficiosa para las PyME, pero únicamente beneficiará a microempresas (cada vez más micro, por efecto de la inflación).

También fue muy malo el freno y marcha atrás con la Ley de Economía del Conocimiento, a la que se le limitaron sus beneficios y sujetos alcanzados.

Otra pésima medida es el nuevo Consenso Fiscal, que -entre otras cuestiones- da vía libre a las provincias para fijar alícuotas de Ingresos Brutos.

En el ámbito de las amnistías, se aprobó un blanqueo para la construcción -que está fracasando- y una moratoria de hasta 10 años. Esta última ha sido acotada por cuestiones ideológicas a pequeñas empresas y con condiciones que resultan de muy difícil cumplimiento para otras, atentando de este modo contra su propio éxito.

Más allá de las tardías y necesarias actualizaciones del monotributo, nos parece muy positiva la creación de un mecanismo intermedio para evitar un salto brusco cuando se pasa a ser Responsable Inscripto.

Desde el lado de las propuestas electorales, la coalición gobernante ya ha manifestado su intención de seguir aumentando la presión tributaria (el que avisa no traiciona), aunque desde lo discursivo sostenga que únicamente lo hace respecto de quienes tengan una mayor capacidad contributiva. Este aspecto, por lo menos puede resultar controversial: los bajos montos a partir de los cuales se empieza a “castigar” al contribuyente, así como el mero efecto de la inflación y la falta de actualización de las variables en cada impuesto hacen que la presión -tarde o temprano- llegue a sectores de bajos recursos, a medianas y pequeñas empresas.

Por el contrario, el arco opositor -en general - hace hincapié en las dificultades para la actividad económica que genera el actual nivel de presión sobre los

contribuyentes y -con distintos matices- propone alivianar esta carga para que el sector privado comience a despegar.

Cualquiera sea quien gane, la preocupante falta de seguridad jurídica en materia tributaria es uno de los aspectos más negativos que encontramos en estas gestiones, con los efectos que esto trae en la economía. Lo notamos día a día en nuestra actividad: relocalizaciones record de empresas, de sujetos con altos patrimonios y de profesionales altamente capacitados. Una triste realidad sin perspectivas de cambio en el mediano plazo.