Ante las escalofriantes cifras de pobreza lanzadas por el Indec hace unas semanas, donde se exhibe que más del 40% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, equivalente a unos 19 millones de argentinos, mientras que la indigencia registra porcentajes superiores a los 10 puntos, alcanzando prácticamente a 5 millones de compatriotas, se nos hace imperioso analizar qué hacer o qué dejar de hacer para revertir esta situación.

Tal vez se crea que una situación dramática como la que vivimos amerite un análisis sofisticado que responda a nuestra angustiante pregunta, pero contrariamente, la respuesta es simple: a la pobreza se la vence con riqueza, aunque debo advertir a mis preciados amigos del gobierno  que “la riqueza no se imprime”, magnífica síntesis conceptual del economista y empresario Gustavo Lazzari.

En lo que va del 2021, el Banco Central de la República Argentina ha emitido más de $1 billón para ayudar al Tesoro a cubrir sus gastos, frente a los cerca de $2 billones durante todo el 2020.

Los resultados de estas políticas monetarias expansivas han implicado cerrar el año pasado con una inflación del 36,1%, y que la del presente año finalice por encima del 50%. Por su parte, economistas y consultores ya proyectan una inflación superior al 48% para el 2022.

La inflación es, de todos, el peor impuesto que castiga y denigra la vida de la gente, siendo implacable con los más carenciados, debido a la pérdida de poder adquisitivo que produce. Su causa es la emisión desmedida de pesos sin respaldo, acentuando la vulnerabilidad de los más carenciados. Si como dice recurrentemente el gobierno, fuera generada por los “empresarios formadores de precios”, Argentina junto a Venezuela y un puñado de naciones ignotas, serían los únicos países que generan, por una extraña razón, empresarios perversos. La inflación, dice el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Convengamos que si la riqueza se creara imprimiendo billetes, ¿por qué no eliminar todos los impuestos y financiar el gasto público con emisión monetaria?

Es justo reconocer que a la inflación no la trajo este gobierno, más bien está encarnada en una buena parte de nuestra historia, con distintos gobiernos echando mano a la máquina de imprimir billetes, provocando un exceso de oferta monetaria que desvaloriza la moneda e incrementa los precios. 

La irresponsabilidad de nuestros diferentes gobernantes nos ha llevado a estar en el top 5 de los países con mayor inflación del mundo y acrecentar año tras año nuestros niveles de pobreza e indigencia.

El oficialismo luego del duro golpe electoral recibido en las PASO, ha desatado una impresión desenfrenada de pesos destinados a llenar, ilusión monetaria mediante, el bolsillo de la sociedad enojada que se desprende del papel pintado con la misma velocidad que la máquina lo imprime, generando inexorablemente nuevos aumentos.

De la pobreza se sale con trabajo, y el mismo se genera con inversión y capital. Claro está que un país como el nuestro, con 50% de inflación anual, una de las presiones fiscales más elevadas del planeta, leyes laborales prehistóricas y una carencia absoluta de seguridad jurídica, lejos está de atraer inversiones, tan necesarias para el despegue económico y social argentino, advirtiendo, por si queda algún incauto, que el rebote que se observa en los sectores productivos, es producto de la retirada de la cuarentena más extensa del mundo. 

A la pobreza se la vence con riqueza, la riqueza es conocimiento y producción, la riqueza es educación y empleo, empleo que se genera con inversión de un capital que sólo vendrá en el marco de una sociedad libre, desregulada, sin impuestos distorsivos, ni millones de planes sociales para subsidiar. 

El cambio de receta es imperioso. Poner fin a la idea de huir de la vulnerabilidad mediante planes sociales debiera ser una política de Estado, así como comenzar de una buena vez a incentivar tanto la inversión nacional como la extranjera, mediante la baja de la presión impositiva, reglas de juego estables, modernización de las leyes laborales y seguridad jurídica.