El carpincho es una de las especies de fauna silvestre sudamericana más estrechamente relacionadas con la raza humana desde tiempos precolombinos. También atrajo la atención de los primeros conquistadores europeos quienes lo definían como “puerco de agua”, pues no podían creer que se tratase de un roedor, por su enorme tamaño. Muchos naturalistas y narradores que acompañaron a las primeras expediciones realizaron exhaustivas descripciones de este animal, entre otros, el mismísimo Charles Darwin, quien en 1832 le dedicó varios apuntes, al observarlos detenidamente en los bajos de Maldonado. “Es un animal pacífico, que rehúye el conflicto y le teme al hombre, pero cuando se percibe en peligro, puede reaccionar de modos imprevisibles”, sostuvo el padre del naturalismo.

Esta semana cobró notoriedad la secuencia de episodios inicialmente cronicados en redes sociales por los habitantes de uno de los barrios más acomodados del Gran Buenos Aires, en el que se podían apreciar a varios de estos animalitos “invadiendo” las propiedades de los habitantes de Nordelta e, incluso, “agrediendo” a mascotas y personas que transitaban por el lugar. La explicación no es compleja y hasta parece lógica: con la pandemia mermó la actividad económica y social y, por ende, se redujo la circulación humana en muchos lugares del planeta, lo que dio lugar a la reaparición de los ocupantes naturales de esos territorios, de donde fueron desplazados por el “progreso” y la urbanización. 

Las escenas bien pudieron haber sido extraídas de una película de ciencia ficción, pero formaron parte del contenido de centenares de artículos periodísticos y noticieros, que se regodearon morbosamente mostrando esta suerte de “lucha de especies” y hasta riéndose de algunas secuencias donde la confrontación entre el poderoso ser humano y el débil y desplazado carpincho alcanzaba ribetes épicos (como el supuesto ataque del “carpincho redentor” contra un motociclista que circulaba por el barrio).

Sin embargo, otra clásica confrontación propia de las sociedades modernas también tuvo lugar en las calles de nuestras ciudades esta semana, con repercusiones mediáticas infinitamente menores y un enfoque no tan favorable para el más desprotegido. Una “lucha de clases” manifestada –una vez más- con el despliegue de miles de familias que salieron a reclamar por trabajo genuino en todo el país. Como cantaba Joan Manuel Serrat, esos desposeídos “no piden limosna, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de ébano, son pobres que no tienen nada de nada, sin nada que vender o nada que perder”. La letra de “Disculpe el señor” es una fuerte crítica al abuso de poder de los ricos sobre los pobres, representado en la metáfora de un mayordomo que se dirige a su señor manifestándole la preocupación porque “se nos llenó de pobres el recibidor”. La canción transmite, entre metáforas irónicas y giros sarcásticos, una profunda crítica a la desigualdad social, a la falta de solidaridad con los postergados, al egoísmo y el culto al dinero de los poderosos. 

La realidad, generalmente, supera a la ficción. Y con el crecimiento de la pobreza que registró la Argentina durante los últimos cinco años y el nivel de conflictividad social en aumento, la metáfora poética del Nano queda opacada.

Macrismo, pandemia y después

Los cuatro años de la administración Cambiemos fueron devastadores para la Argentina. Y las consecuencias terminaron pagándolas los vulnerables de siempre. Para colmo de males, la pandemia desnudó el grado de informalidad de la economía doméstica. Cerca de nueve millones de personas ─trabajadores informales o de casas particulares y monotributistas de las categorías más bajas─ recibieron en 2020 el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que, según el presidente Alberto Fernández, le brindó al Gobierno una dura radiografía de los sectores “olvidados”.

En ese contexto, y ante la complejidad de equilibrar las cuentas públicas, esta semana fue tema de debate y análisis la continuidad de los planes sociales. En el Gobierno señalan que el objetivo es reemplazar las asignaciones por trabajo genuino. Y las organizaciones sociales integradas al Frente de Todos, pugnan para que esta consigna no se quede solo con el enunciado. “La única solución es generar un ingreso universal para todas las personas que no tienen un ingreso fijo”, dijo Juan Grabois en diálogo con este cronista y disparó el debate en medio de una intensa agenda de marchas en la Ciudad de Buenos Aires. La presión que ejerce el grupo de los “cayetanos” se hace sentir.

En el gobierno, el debate está instalado y empieza a recorrer los pasillos de los ministerios. El flamante nuevo titular de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunió con el ministro de Economía, Martín Guzmán por este tema. “Yo hablo con Zabaleta y con Guzmán y te aseguro que la asignación universal está en agenda”, explicó el referente de UTEP. “Hay que ir hacia un plan plurianual, que supere los períodos de gobierno, que permita recuperar una matriz productiva, de desarrollo, que permita resolver el problema de la falta de acceso a la vivienda y que eleve los niveles de empleo”, sintetizó Grabois.

El tema se discute al ritmo del presupuesto 2022 que debe enviar Guzmán antes del 15 de septiembre al Congreso. En ese marco, se dio el cónclave de ministros. Según se desprende de trascendidos del palacio de Hacienda, en la cartera económica no termina de convencer la idea. Sostienen un pasaje hacia un refuerzo de los planes de empleo genuino por sobre los de subsistencia y descartan, en principio, el salario básico universal. Guzmán y Zabaleta dialogaron sobre la necesidad de “asociar la transferencia de ingresos a la capacitación y al trabajo y acordaron seguir trabajando juntos de forma articulada en la agenda común”. Si bien no hubo ninguna definición, al concluir el encuentro, un fuerte trascendido corrió como reguero de pólvora: el ingreso universal no es la primera opción que manejan el gobierno. Grabois desmintió esa versión y sostuvo que mantiene diálogo permanente con Zabaleta y que el tema sigue en debate.

Los bocetos que hacen circular a modo de borrador los movimientos sociales proponen un salario universal cercano a los $20.000 que significaba para el estado un porcentual de 2,9 del PBI. Parte de eso se recupera en consumo haciendo menor el impacto para el Estado. Esto para la cartera económica es sencillamente “inviable”. Además, Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete lo había señalado la semana pasada: el gobierno “no cuenta con datos que le indiquen que el ingreso universal sea la solución”.

Lo que se da, no se quita

Este lunes la Argentina recibirá U$S4.350 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) de parte del Fondo Monetario Internacional, dinero que utilizará para pagarle los U$S3.600 millones que le debe abonar hasta fin de año. Ese dinero forma parte de los U$S650.000 millones en DEG que aportaron los países desarrollados al FMI para repartir entre las naciones miembros para hacer frente a la pandemia. Más allá de que exista un Proyecto de Resolución aprobado en el Senado por la mayoría oficialista para que ese dinero engrose las arcas del país, lo cierto es que Guzmán los utilizará para pagar dos cuotas de U$S1.800 millones cada una, una en septiembre y otra en diciembre, que el país le adeuda al organismo en concepto de intereses. “Es como si vos venís a mi cumpleaños y me regalás una botella de whisky, yo la guardo, y cuando llega tu cumpleaños, yo te la regalo a vos”, dijo con ironía Carlos Melconian para graficar lo que sucederá.

En la entretela del debate por los DEGs subyace la discusión del inminente acuerdo con el FMI. Algunas versiones que surgen del interior de la coalición oficialista afirman que ya esta redactado en los términos que negoció Guzmán. Versión algo resistida por los movimientos sociales. “El Fondo nos tiene agarrado de las pelotas. No comparto la decisión del Gobierno de buscar un acuerdo con el Fondo en términos de negociación”, remarcó Grabois. 

Una de las definiciones de esta semana y que empieza a ser parte del debate interno en el Frente de Todos con la salida de Daniel Arroyo del ministerio de Desarrollo Social es el manejo de los planes sociales y a donde van destinados. Con un agotamiento notorio en el sistema, incluso desde los propios movimientos se empieza a cuestionar la cadena generada en la asistencia social. “La discrecionalidad que existe es consecuencia no de la bondad o maldad de un dirigente, sino de que hay una enorme demanda de trabajo”, apuntó Grabois. El manejo de los planes de asistencia está en el centro hasta de los propios movimientos. Otro de los puntos que dicen beneficiaria el salario universal es la adjudicación directa sin intermediarios. Evitar la discrecionalidad que perciben los propios líderes piqueteros, como el Potenciar Trabajo, y garantizar un ingreso al trabajo informal o aquellos que no tienen ingresos. 

“A la ventanilla del Ministerio de Desarrollo Social, va desde el más maquiavélico dirigente que juntó 100, 200 personas desesperadas que van a pedir, y genera una intermediación negativa, pero también va hasta el más santo de los curas villeros”, disparó el dirigente social de UTEP. La presión de los “cayetanos” es clara y se expresa en cada movimiento en las calles: “No se puede ajustar por la parte más delgada del hilo, que son los pobres”. Reemplazar asignaciones por trabajo es un gran enunciado, pero para hacerlo realidad es necesario una decisión política que depende directamente del presidente. Y el cumplimiento de la palabra empeñada por el presidente para garantizar que no haya más pobres, también depende de lograr que la ecuación se incline a favor de los más vulnerables.