La dirigencia política con dificultades para entender las demandas sociales

La Argentina no tiene respiro. “Hicimos un gol, fue el lunes, podemos festejar un ratito”, ironizó el miércoles pasado el presidente Alberto Fernández en referencia a la renegociación de la deuda emitida bajo ley extranjera.

Se trata de un logro no menor que implica el ahorro de 38.000 millones de dólares, la normalización de las relaciones financieras con el exterior y -más importante en la actual coyuntura- evita los costos de un default.

Sin embargo, el festejo no duró nada, quedó eclipsado por la crisis económica y social que tuvo manifestaciones graves como la ocupación de tierras. Y a medida que empeora la situación se tensan las relaciones dentro del Gobierno.

Al respecto, una alta fuente del entorno de la vicepresidente confió a Data Clave que, desde el primer momento, Cristina Fernández tuvo una posición contraria a una cuarentena tan rígida y prolongada como la que se viene aplicando. “No es porque no le preocupe la salud, sino que ella es muy consciente de las necesidades económicas”, explican (dicho sea de paso, estudios privados arrojan que el país se encuentra entre las naciones que han aplicado las políticas más estrictas para restringir la movilidad).

Por esta razón, señalan, desde el principio la vice presidenta se ocupó de mantener un contacto estrecho con los intendentes del conurbano para indagar qué necesidades tenían en sus distritos. También habla asiduamente con los representantes de las organizaciones sociales y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, la mantiene informada respecto a todos los aspectos vinculados a los hechos de inseguridad.

Un dato que alertó -y mucho- a intendentes del Conurbano bonaerense fue la decisión del Ministerio de Educación de dar como válido el ciclo lectivo, es decir, “todos pasan de año”.

Una señal que, como mínimo, desalienta a chicos, padres y docentes que con mucho esfuerzo intenta continuar con el ciclo lectivo. Un intendente del conurbano profundo sintetizó lo que esta decisión implicó que en su municipio: “Ahora una gran parte de estos jóvenes están en la calle y no precisamente charlando”.

En la provincia se ven con claridad las consecuencias de la crisis que agravó la pandemia “Ya no solo es una cuestión de deterioro económico, sino también moral”, confesaba con pesar otro intendente del tercer cordón, “y no se soluciona habilitando tomas de terrenos, dándoles planes y tarjetas alimentar, es más profundo”.

Además, en el mismo barrio donde hay “ocupas” hay personas que trabajaron décadas para pagar su terrenito y  construir su casa, personas que no conocieron vacaciones, sólo sacrificio. “Y nos reclaman que se sienten unos tontos por ver cómo se avala al que no trabaja, al que solo pide en nombre de que es pobre”, sintetizan algunos intendentes.

Como perros y gatos

Las peleas de la dirigencia política también sirven para oscurecer el panorama. Los legisladores no son capaces de ponerse de acuerdo en las reglas de funcionamiento de la Cámara de Diputados.

En tanto, el oficialismo se enreda en discusiones como las que mantuvieron la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, funcionaria que se refirió a la toma de tierras señalando que “no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional”, una afirmación a la que salió al cruce Sergio Berni sosteniendo que “el derecho a la propiedad privada es innegociable”.

Al mismo tiempo, atribuyó responsabilidad en las ocupaciones a dos dirigentes del Movimiento Evita y funcionarios nacionales, al secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, y al secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico. Tras negar la acusación, la respuesta de Navarro a Berni fue "Si el ministro dice que somos responsables tiene que ir a la Justicia. Si no es un charlatán de feria”.

Tanto a  Olivos como a la Casa Rosada y a la Gobernación bonaerense llegaron mensajes de intendentes asustados pidiendo frenar con la “casi autorización a delinquir por parte de la ministra que es la que tiene la autoridad justamente para impedir los ilícitos”.

El pedido no cayó en oídos sordos y desde el miércoles comenzaron a cambiar los discursos, incluso hasta el de la ministra, la misma que no tuvo problema alguno en enviar una orden judicial en contra de los manifestantes que defendían sus propiedades en El Bolsón.

Frederic este jueves declaró que las tomas de terrenos "son ilegales" y se mostró alineada con el discurso del presidente Fernández condenando las ocupaciones. Pero, quedó claro que dentro del seno del propio Gobierno nacional no hay una postura uniforme en un tema tan sensible como es aplicar las leyes en defensa de la propiedad.

Más de un miembro del kirchnerismo recordó que perdieron dos veces en la provincia de Buenos Aires con candidatos como Francisco de Narváez y Sergio Massa cuando ellos hicieron eje en la seguridad.

 “A cuántos creen que les estamos hablando cuando avalamos las tomas de terreno o tenemos una mirada muy permisiva con los delincuentes”, se preguntaban, “a los más humildes seguro que no, ya que son los que más sufren la inseguridad, las usurpaciones de sus humildes viviendas”, afirmaban.

Cabe recordar que el gobernador Axel Kicillof se vio obligado a pagar 500 pesos diarios por persona para que decidieran aislarse ante la posibilidad de tener coronavirus porque los habitantes de los barrios más humildes no querían dejar sus casas por temor a que les roben o se las intrusen.

Divorcio

Mientras tanto, las encuestas reflejan el malestar de la población y la expectativa de que lo peor está por venir. Al respecto, un analista de opinión señaló a Data Clave que existe un “divorcio” entre las preocupaciones de la gente y la dirigencia política.

“La falta de empatía llega a tal nivel que el presidente Alberto Fernández dijo en un reportaje tener poco conocimiento del caso Solange”. Se trata de uno de los temas que más sensibilizó a la opinión pública y se relaciona con Solange Musse, una joven a la que le impidieron - por cuestiones burocráticas- cumplir con su último deseo de ver a su padre antes de fallecer de cáncer.

En una Argentina precaria, el cimbronazo provocado por el coronavirus pone al descubierto problemas de vieja data, como los relativos al déficit habitacional.

Los barrios populares (villas y asentamientos) ya superan los 4.400; allí viven 4 millones de personas que no cuentan con servicios básicos. “El coronavirus puso de manifiesto, entre otras cosas, el problema del hacinamiento”, evalúan en esferas oficiales.

Pero también se señala que el tema es más complicado. No se trata sólo de la necesidad de los más humildes, sino también del negocio de algunos que se apropian de esta forma de terrenos para luego revenderlos, según denuncian intendentes del conurbano o de El Bolsón en Rio Negro.  

Peor aún, dirigentes opositores afirman que las tomas de tierra son incentivadas por organizaciones sociales (Movimiento Evita, Barrios de Pie, entre otros) que a su vez disputan por conseguir fondos del Estado. Explican que cuantos más terrenos se ocupan más casas será necesario construir y por lo tanto más trabajo tendrá las cooperativas que depende de estas organizaciones.

La situación de deterioro lleva a que “los barras bravas” -hoy con tiempo libre por la falta de partidos de fútbol- sean ocupados como fuerza de choque tanto para la ocupación de tierras como para su desalojo, según quien sea el contratante, de acuerdo a lo que se comenta en el conurbano profundo.   

La extensión de la pandemia al interior amenaza acentuar caída global de la actividad: contra 12% de retracción que preveían los economistas en el PBI para el año, ahora se calcula con que la retracción puede llegar a 13 o 14%.

Este nivel de caída en la actividad y la desocupación -cerca 15% en general y 20% en el Conurbano- no se refleja todavía en la conflictividad social que está reprimida por la cuarentena.

A medida que la gente salga a la calle y aumente la temperatura con la primavera y verano se verá más conflictividad. Cuando la gente empiece a moverse se va a dar cuenta del deterioro real de los ingresos, porque ahora no consume al estar encerrada en sus casas, señalan analistas.

Se prevé que los mayores problemas se darán en clase media -ingresos mensuales del orden de los  60.000 pesos-  y media baja -40.000 pesos- que son sectores a los que no llega la ayuda del Estado. Son los que pueden de vez en cuando comer en un restaurante, hacerse una escapada de mini turismo, comprar alguna prenda de vestir, entre otros consumos.

En el gobierno creen que “lo peor ya paso”. La batería de ayudas se centran en básicamente en préstamos porque consideran que es necesario ganar tiempo para que se vaya consolidando la recuperación.

El problema es que hay una gran incertidumbre a punto que mediciones reservadas arrojan que “la gente tiene un gran temor porque se pueda repitan los desórdenes del 2001”.

Esta percepción es compartida por aquellos políticos que están más en el territorio. Temen por un diciembre complicado “el malestar ya se siente en la calle”, explican.

El problema de esta falta de percepción o empatía por parte del gobierno nacional (aunque también de una parte de la oposición) de los temas que realmente preocupan a la gente, son recibidos como: “ametrallamiento de los medios opositores instigados por el macrismo”. El propio Alberto Fernández, en más de un reportaje, se quejó de la mala información que manejan los medios, dando a entender que informan de manera errónea con intencionalidad política.

Crisis sanitaria

A esta situación crítica en materia social se suma que el sistema sanitario en buena medida está al borde del colapso. Mientras siguen aumentando los casos, es cada vez más difícil lograr que la población se aísle como sí lo hizo en marzo y abril.

La falta de recursos humanos -terapistas- puede llevar a un aumento en la cantidad de muertos particularmente en el interior con el consiguiente impacto político negativo, sostienen especialistas. La pandemia dejó de ser un activo del Gobierno y pasa a ser un pasivo, comentaba un analista.

 “El sistema de salud va a salir de la crisis del coronavirus hecho trizas”, señalaba a Data Clave un importante dirigente del sector. Resumido, el problema pasa porque al incremento histórico que vienen sufriendo los gastos en atención médica se sumará ahora la caída en los ingresos.

No sólo en la Argentina, sino en todo el mundo, la inflación del sector salud es superior al promedio, porque los nuevos descubrimientos científicos (medicamentos, métodos de diagnóstico, etc.) suponen que los costos sean crecientes.

Históricamente la variable de ajuste fueron los ingresos de los médicos. Estudios del sector muestran que dos décadas atrás los honorarios del personal de la salud representaban 20% de la estructura de costos de las prepagas, hoy esa participación se redujo a menos de 5%.

Pero el coronavirus está determinando ahora que el sistema afronte una severa caída en los ingresos. En lo concerniente a las prepagas, se observa un triple efecto: hay afiliados cambian por planes más baratos, otros se dan de baja y los que se van son los “sanos”, de donde los que quedan en el sistema no sólo son menos sino que gastan más porque tienen  enfermedades preexistentes.

El sistema de las obras sociales tampoco está exento de problemas. La caída en el empleo formal implica menores aportantes a un sistema que ya venía debilitado -en el último año se perdieron 400.000 puestos-. En este contexto, los representantes tanto del sector privado como del sindical están en conversaciones con el Ministerio de Salud para hacer frente a la emergencia, en momentos en que la mayoría de los sanatorios sobreviven gracias al aporte del sueldo complementario que paga el estado (Asistencia al Trabajo y la Producción).