Tal como indica la ley, hace más de una semana el Poder Ejecutivo envió la Ley de Presupuesto 2024 al Congreso. Se acordó no ser tratada previo a las elecciones, algo que parecería poner en evidencia que incluso, oficialmente, la Ley de Leyes se considera también un <papel muerto>. No es una calificación que aplique exclusivamente para este presupuesto en particular; la Ley de presupuesto ha ido perdiendo poder de señalización con los años producto de proyecciones que terminaban estando muy lejos del escenario macro que finalmente ocurría.

Algunas veces esta práctica resultaba adrede para que el Jefe de Gabinete contara con el manejo discrecional de los recursos extras, algo que en los últimos años ya promedió el 35% del total presupuestado inicialmente.

Cualquiera sea el desenlace electoral, la brecha respecto al escenario esperado es realmente marcada. En líneas generales, las pautas macroeconómicas sobre las que está elaborado el presupuesto incluyen un crecimiento del 2,7% promedio para 2024, una inflación que desacelera a niveles del 70% anual a diciembre de 2024, y un dólar oficial en $ 607 que, aun asumiendo que este año cierra en $ 366, implica una apreciación del 2,5% anual. En materia fiscal proyecta la convergencia desde un déficit primario de 2,4% del PBI en 2023 a uno de 0,9% en 2024, en línea con el sendero que inicialmente se había comprometido con el FMI.

Se trata de un escenario que no se condice con las proyecciones que puedan hacerse para un año que promete el avance en un plan de estabilización (con un amplio abanico de opciones) y que, aun cuando este resultare exitoso, implicará inicialmente más inflación y menos actividad.

Nuestro escenario base <moderado>, que deja de lado opciones extremas de estabilización y asume exitoso el programa aplicado, considera un ajuste del tipo de cambio real en torno al 20% y la estabilización posterior en esos niveles, inflación convergiendo aceleradamente a 100% anual en diciembre (185% anual promedio), y caída de la actividad concentrada en los primeros meses, pero repuntando hacia el final del año (-6% anual promedio, pero 0% anual dic/dic). En el plano fiscal, la corrección de precios relativos se acompañaría con el avance en el saneamiento de las cuentas públicas, sin necesariamente implicar un superávit fiscal en 2024 dado que el desequilibrio de partida es superior al estimado en el presupuesto (piso de 3% del PBI vs 2,4%).

En paralelo el Gobierno siguió avanzando en propuestas que compensen el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos en momentos en los que la inflación mensual perforó los dos dígitos en agosto y promete sostener esos niveles también en septiembre. Esta semana amplió en $ 15.000 el bono de $ 37.000 ofrecido a jubilados y pensionados hace 15 días y redujo retenciones a exportaciones lácteas. El gasto anunciado llega a un total del 1,02% del PBI incluyendo todas las medidas post PASO.

Con el desboque del gasto estimamos que el déficit primario cerrará en un mínimo de 3% del PBI este año. La posibilidad de financiar esta brecha fiscal tendrá al BCRA también como protagonista, ya sea por la transferencia de recursos vía Adelantos Transitorios o por la compra de títulos del Tesoro en el mercado secundario para sostener y habilitar nuevo fondeo de privados. Las necesidades de financiamiento para lo que resta del año suman $ 7,4 Bn (equivalentes a 3,9% del PBI) entre vencimientos de deuda en pesos ($ 4,4 Bn) y gap fiscal ($ 2,9 Bn). Sin la demanda de asistencia directa al BCRA, cubrir el total de necesidades implicará una tasa de rolleo de los vencimientos superior al 200%. En medio de un proceso electoral que conlleva gran incertidumbre respecto a la situación económica de los próximos meses, cabe pensar que los giros del BCRA para financiar la brecha serán determinantes. Todavía cuenta con un margen de $ 3,2 Bn, que cubrirían 40% del total. La contracara será el compromiso de más inflación en el corto plazo, pero ya incidirá sobre la próxima gestión.

En consecuencia, parece difícil proyectar cómo cerrará el año y cómo será 2024 que será muy diferente de acuerdo a quien sea el ganador de las elecciones presidenciales. Aún así, lo que sí podemos prever es que 2023 terminará estando muy lejos de la convergencia fiscal planeada a principios de año y acordada con el FMI y que en 2024 la corrección de algunos precios atrasados redundará en una inflación aún alta. En esa transición el mercado de deuda no está exento de sufrir un estrés por las dudas acerca de la capacidad y voluntad de pago de un nuevo gobierno y, asociado a esto, existe también un riesgo de contagio al sistema bancario. Habrá que esperar hasta octubre o noviembre para tener un panorama más certero.