El Gobierno alineado tras un solo objetivo: ganar las elecciones

El presidente Alberto Fernández llevó en su gira a Europa un mensaje central: la Argentina tiene vocación de pago a los acreedores internacionales. Se explica de esta forma que haya visitado en su recorrida por el Viejo Continente, prácticamente a los mismos países por los que había pasado, un par de semanas, atrás el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Sucede que si bien en esa oportunidad, el titular del Palacio de Hacienda fue atentamente escuchado por los acreedores, la pregunta recurrente que recibió el ministro fue “qué margen de acción política tenía para llevar adelante sus promesas”.

Y estas dudas se plantearon antes de que la autoridad ministerial fuera debilitada por el “episodio Basualdo”, subsecretario del área de Guzmán que aún permanece en su cargo. Más allá de que “no está previsto ningún ajuste tarifario hasta después de las elecciones” según aseguran en fuentes del kirchnerismo.

Peor aún, este jueves el hijo de la vicepresidente, Máximo Kirchner,  presentó un proyecto de ley para que en 40 municipios de distintas provincias, se paguen tarifas diferenciadas de gas con una reducción que oscila entre el 30% y el 50%. La iniciativa apunta a beneficiar a más de 3 millones de usuarios de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y Buenos Aires, en áreas que serían re categorizadas como “zonas frías” para asignar las tarifas de gas que ya favorecen a la región patagónica.

Cabe recordar que la intención del ministro Guzmán es lograr una re categorización de los usuarios para que el Estado subsidie exclusivamente a los más carenciados. No sólo la Secretaría de Energía no le presentó al ministro una propuesta de segmentación tarifaria, sino que nada menos que Máximo Kirchner ya propone que los subsidios se extiendan 40 municipios.

Volviendo al viaje presidencial, “mucho ruido y pocas nueces” fue la síntesis de un analista internacional sobre la gira que realizó esta semana Fernández con el propósito fundamental de acordar postergaciones en los pagos de la deuda externa a organismos multilaterales.

Entre los principales países del mundo (que son los prestamistas de la Argentina) predomina la idea que “la línea política del Gobierno del Frente de Todos evitará llevar adelante un programa de austeridad como el que reclaman los acreedores”, explica, y por lo tanto “no cabe más que esperar hasta después de las elecciones de medio término para hablar en serio”.

En estos círculos se reconoce el rol “moderado” que juega el ministro Guzmán, aunque no dejan de observar la debilidad política del funcionario -reiteradamente desautorizado por el kirchnerismo más duro-. Los más críticos señalan que “sólo le interesa acordar con el Fondo y no se preocupa por temas muy graves, como la inflación”.

Más aún, algunos llegan a afirmar que si Guzmán todavía continúa en su puesto es porque el Frente de Todos no encuentra otra figura con suficientes contactos internacionales como para reemplazarlo. Más allá de que en los gobiernos kirchneristas “uno no se va cuando quiere sino cuando lo dejan”, recuerdan algunos ex funcionarios.

La opinión predominante entre los analistas financieros es que el Gobierno argentino no pagará los 2.400 millones de deuda que vencen este mes con el Club de París (hay un período de espera de 60 días). La cuenta que realizan es simple: sería de alto riesgo comprometer estas divisas en momentos en que las reservas líquidas del Banco Central apenas superan los 6.000 millones de dólares contra el beneficio de normalizar las cuentas con un organismo que es importante para la obtención de créditos para el sector privado. Como no existe inversión privada, el daño -evalúan- es prácticamente nulo.

Distinta es la situación con el Fondo Monetario Internacional. A este organismo se deberán pagar más de 4.000 millones de dólares en lo que resta del año, pero el Palacio de Hacienda confía en contar con los casi 4.400 millones de dólares que el país recibirá como consecuencia de la decisión de ampliar el capital del organismo.

Tras la reunión mantenida el jueves en Roma, entre el primer mandatario y la Directora Gerente del FMI, Kristalina Giorgieva, ambos calificaron de “constructivas” a las negociaciones. Nada nuevo respecto de los últimos comunicados del Fondo. Tampoco es novedad que el organismo estudia reducir las tasas que cobra por sus préstamos -como destacaron algunas fuentes del oficialismo-; esta posibilidad ya había sido aceptada por la propia Giorgieva al comienzo de la reunión anual de primavera del FMI.  

Dicho sea de paso, últimos movimientos de la política exterior argentina van en contra del acercamiento a los Estados Unidos, el país que más pesa en las decisiones del FMI.

Al respecto, en Washington se realizó una mala lectura del comunicado de la Cancillería argentina alertando por el uso de la fuerza por parte de Israel en el conflicto con la organización Hamas, sin condena a las agresiones de este último -Israel es un aliado histórico de los Estados Unidos-.

Sin dudas, el diálogo con países como Portugal, España, Francia o Italia ayudan a la posición argentina, pero cabe recordar que Estados Unidos, en primer orden, y luego Alemania y Japón son los principales miembros del FMI, con los que aún queda mucho por conversar.

Por su vinculación con el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, el ministro Guzmán tiene buena llegada a decisores internacionales, como la secretaria del Tesoro estadunidense, Janet Yellen, pero estos contactos no servirán si el gobierno argentino no presenta un programa convincente y demuestra su voluntad política de cumplirlo. Señales que hasta no se observan.

Apuestas

Mientras tanto, en el Gobierno tiende a crecer la preocupación por las próximas elecciones de medio término. La fórmula del oficialismo pasa por ampliar la cantidad de vacunados y consolidar la recuperación económica y el poder adquisitivo de la población como principales cartas de triunfo.

Confían en que, si bien los números no son holgados, puedan alcanzar un triunfo en el territorio clave: la provincia de Buenos Aires.

Desde el Gobierno se señala que lleva cierta tranquilidad el claro vuelco del dirigente bonaerense Sergio Massa hacia el kirchnerismo ya que, comentan, cada vez es más cercana la relación del ex intendente de Tigre con el líder de La Campora, Máximo Kirchner.

Quienes no lo quieren a Massa sostienen que este acercamiento responde a la imposibilidad de crear una alternativa propia. En su momento, un grupo de dirigentes evaluó una tercera alternativa, cansados de la polarización entre macristas y cristinistas convencidos de que Alberto Fernández “no va romper con Cristina”.

Más aún, algunos creen que “Massa juega a ser una suerte de Alberto Fernández, aspirando a ocupar la presidencia en 2024 para luego dar lugar al turno de Máximo Kirchner”.

Sin embargo, el horizonte no está despejado para el oficialismo en el territorio bonaerense.

Les preocupa la aparición de Florencio Randazzo como una posible fuerza que reste votos del peronismo/macrismo “desencantado”. Encuestas privadas dan cuenta de cerca de un 20% de desencantados con la gestión oficial, un porcentaje que inquieta a los analistas de la Casa Rosada. Asimismo, Data Clave pudo saber que Randazzo no tenía en sus planes participar en estas elecciones pero tomó la decisión de jugar ante la demanda de importantes dirigentes políticos y empresarios.

Malestar

En el Gobierno están preocupados por la elevada inflación y en la fuerte suba de los alimentos que golpea en los segmentos más vulnerables. La medición de abril sorprendió por lo elevada -4,1% acumulando, 17,6%  en el primer cuatrimestre del año y equivalente a 62% anualizada-. En la primera semana de mayo los alimentos siguieron subiendo a un ritmo de 4,2% mensual -con fuerte incidencia de los productos frescos y particularmente carne-, según la última medición de la consultora Eco Go.

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar: el viernes por la tarde se conoció que el régimen de Precios Máximos continuarán hasta el 8 de junio. Si bien eliminaron casi 40 productos, aún quedan numerosos artículos atrapados dentro del régimen, según se quejan los empresarios.

Las autoridades insisten en los mecanismos de regulación pese a la falta de resultados. Un estudio presentado por la Bolsa de Comercio de Córdoba señala que, durante 2020, el 66% de los bienes y servicios de la canasta que componen el Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC fue regulado por al menos con un control de precios.

Esto no evitó que la inflación siguiera acelerándose. El problema es de vieja data y se viene agravando: durante la presidencia de Cristina Fernández los precios promediaron el 2% mensual, con Mauricio Macri subieron a 2,8% y en los últimos meses Alberto Fernández promedia 4,1%.  

Las empresas estiman que para junio el Gobierno terminará la nueva canasta de productos que tendrán congelados sus precios por 180 días y, según prometieron las autoridades, desarticularan definitivamente Precios Máximos. “Ver para creer”, murmuran en el sector privado.

Desde la Secretaría de Comercio comandada por Paula Español advierten que habrá “severos controles” para velar por el cumplimiento de los acuerdos tanto de Precios Máximos como de Precios Cuidados. Desde la provincia de Buenos Aires, en tanto, reclaman medidas más efectivas y que abarquen más bocas de expendio.

Existen 280.000 mil puestos de venta y los precios cuidados y máximos sólo se encuentran en las 70.000 bocas que son de los supermercados, sostienen en el sector productivo. Con la nueva canasta, la Secretaría de Comercio buscará llegar a otras bocas de expendio (supermercados pequeños, asiáticos, almacenes) y aspira a asegurar que los precios sean respetados y por esta razón pide que se identifiquen los precios,  un costo adicional para las empresas.

“No hay clima de negocios” repiten los empresarios. La alta carga impositiva, las regulaciones, los mayores costos por la pandemia, los “aprietes de algunos sindicatos”, la doble indemnización, son solo algunas de las dificultades que enumeran para demostrar porque razón algunas empresas prefieren emigrar.

“Tengo en carpeta numerosas empresas en venta” confesaba un importante consultor al tiempo que señalaba “pero nadie quiere comprar salvo que sea un regalo y aún así dudan”. Es que, existe un análisis de que los problemas de la Argentina llevara mucho tiempo en solucionarse.

Un elemento que fundamenta este diagnóstico lo aporta el economista Roberto Cachanosky: “Hace 9 años que la economía argentina no crea puestos de trabajo en el sector privado formal. Mientras la población crece al 1,33% anual y se necesita incorporar a los jóvenes al mercado laboral, el sector privado se achica por falta de inversiones porque se ahuyentan capitales”. Estimaciones privadas calculan que Argentina tiene un déficit -como mínimo- de no menos de 3 millones de empleos privados.

“La situación es insostenible en el tiempo en la medida en que hay cada vez más ayuda estatal y menos generación de riqueza privada”, sostienen en fuentes empresarias. Los números que manejan muestran que en el año 2008 el Estado pagó 12,7 millones de beneficios, cifra que llegó a 21,3 millones en 2019 y a 33 millones el año pasado -pandemia mediante-.