Finalmente, Diputados dio sanción al refinanciamiento de la deuda con el FMI. Haber quitado el artículo donde se apoyaban los memorandos que especificaban el programa económico logró allanar el camino para que se vote por amplia mayoría. El haber aplazado en el tiempo la presentación del FMI y exponer al Congreso a votar contrarreloj antes del 22 de marzo cuando el país debe pagar casi USD 3.000 millones dejó blanco sobre negro dos cuestiones. 

En primer lugar, una fragilidad del ejecutivo para llevar adelante la negociación y la capacidad de implementar un programa económico por parte del oficialismo. La improvisación es conveniente en una coalición electoral que no puede confluir en un plan de gobierno. 

En segundo lugar, acercó la aprobación y la negociación interna a las elecciones 2023. De ahí en parte que se han desnudado algunas mezquindades políticas. Hacia dentro del oficialismo se ve una fractura propia de la especulación con los comicios del año siguiente. No había razones para no votar el refinanciamiento por parte del oficialismo en la Cámara, sobre todo cuando el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras había quedado excluido del proyecto. En cambio, casi insólitamente, en la oposición se vio más unidad que en el propio espacio que presenta el proyecto de ley. 

Quizás se empiezan a configurar domésticamente un nuevo mapa: del esquema pendular de dos sectores extremos ahora parece existir un justicialismo comprometido con realizar a futuro reformas estructurales y una oposición que también entiende que las reformas son necesarias. La velocidad y el contenido de esas reformas no son seguramente afines entre estos dos centros de gravedad, pero al menos hay acuerdo que no se puede seguir en un sin rumbo en medio de la restricción de un acuerdo con el FMI. 

No obstante, el oficialismo jugó al límite del coqueteo del default, algo que muestra la debilidad del gobierno para dirimir diferencias internas. Difícil pensar en un 2023 donde el peronismo pueda ir unido en una próxima elección luego de tantas fracturas internas. No ya por la voluntad de los dirigentes, sino porque trasladaron esa división dentro de su electorado. 

Esta división está en el centro de escena respecto al rol y desempeño del Ministro de Economía, jefe de la cartera que justamente debería haber salido fortalecida porque es la que negoció el programa que ahora se implementará. La apuesta fuerte la hizo el propio Martín Guzmán al decir que no existe la posibilidad de votar el financiamiento y no el acuerdo, algo que terminó existiendo y prevaleciendo. 

En concreto ahora el programa entrará en vigencia si es aprobado por el Senado y luego por el directorio del FMI. En ese régimen prevemos que la recuperación se estancará y la inflación se acelerará en medio de un intento por no profundizar las distorsiones acumuladas en estos últimos dos años. 

Este cambio de régimen se dará en medio de un mundo que juega en contra tanto en lo relativo a actividad como a inflación. En el plano de la actividad reina la incertidumbre en un mundo más agitado donde el riesgo político se elevó fuertemente. En materia de inflación, los bienes primarios siguen subiendo de precio y una inflación de costos mezclada con el excedente de liquidez no sólo acelerará directamente la tasa de inflación internacional, sino que hará muy difícil la tarea de las autoridades monetarias.

Deberán balancear tanto la tasa de sacrificio para retirar estímulos como también enfrentar el desafío de actuar con información imperfecta donde no se sabrá hasta qué punto la responsabilidad de la inflación es fuente de la política de dinero fácil durante pandemia y hasta qué punto es un fenómeno de aumento del precio de insumos básicos de producción y bienes esenciales para la población como alimentos y combustibles.