El exmarino Roberto Guillermo Bravo fue condenado a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew por una corte del distrito sur de Florida, en los Estados Unidos, informaron a Télam fuentes de la querella.

La sentencia se conoció al cabo de un juicio civil en el que se analizó por primera vez la responsabilidad del exmilitar en la ejecución de 16 presos políticos perpetrada el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada.

Bravo comenzó a ser juzgado el lunes pasado en base a una demanda civil que presentaron en los Estados Unidos familiares de cuatro víctimas: Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps.

La presentación se basó en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) que rige en Estados Unidos y es impulsada por abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Center for Justice Accountability (CJA), un organismo de derechos humanos de la nación norteamericana.

Un jurado encontró responsable a Bravo de ejecuciones sumarias y torturas y no creyó su historia de que la ejecución de prisioneros en la base naval de Trelew se basó en un acto defensa personal cuando estaba siendo atacado en el contexto de un intento de fuga.

En función de los daños que causó, se le asignaron a Bravo distintos montos y punitivos para cada familia que en total ascienden a los 27 millones de dólares, indicaron a esta agencia fuentes allegadas a este proceso oral y público.

La Masacre

El 22 de agosto de 1972, 19 presos políticos y militantes de las organizaciones armadas de ERP, FAR y Montoneros, que días antes habían intentado fugarse del penal de Rawson, en Chubut, fueron baleados por efectivos de la Armada en la base aeronaval Almirante Zar, de Trelew.

Dieciséis de ellos murieron en lo que para la Marina se trató de un intento de fuga que debieron repeler a balazos contra detenidos desarmados.

Las víctimas fueron Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Cappello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho.

En tanto que María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar lograron sobrevivir a esta masacre y dieron sus testimonios antes de ser desaparecidos durante la última dictadura militar.

El camino para iniciar justicia por partes de los familiares se inició en 2009, cuando lograron que la Masacre de Trelew se investigara como delito de lesa humanidad.

El juicio oral y público por la causa se realizó en mayo de 2012 y estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

Los acusados fueron los exmarinos Luis María Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista.

Los primeros tres fueron hallados culpables y los restantes absueltos en primera instancia, aunque luego se revocó esa sentencia y se ordenó un nuevo juicio que nunca se concretó porque fallecieron, ya entrados en años, en medio del largo proceso judicial.

De todos, el único que en la actualidad cumple condena es el excabo primero Carlos Marandino, quien fue hallado culpable de haber participado del fusilamiento que se realizó hace casi 50 años en las celdas de la guarnición militar adonde fueron llevados los presos políticos que habían logrado fugarse, una semana antes, de la cárcel de Rawson.

Paradójicamente, el único detenido fue el que, con su confesión, permitió que la causa se reabriera tras haber sido cerrada en el ámbito castrense durante los años '70.

"Los acribillaron sin ton ni son", confesó Marandino en febrero de 2008, tras años de silencio.

En cuanto al entonces teniente Bravo, los testimonios de sus propios camaradas lo ubican en el lugar de los hechos, con una participación activa y "vaciando el cargador" frente a los detenidos indefensos que buscaban refugio en sus celdas cuando comenzó la balacera.

Bravo reside en Estados Unidos desde 1973, cuando fue enviado a ese país como agregado naval por el Gobierno de facto de Alejandro Lanusse, en un intento de darle protección frente a las acusaciones que pesaban sobre su persona.

En ese país obtuvo la ciudadanía y se desarrolló como un próspero empresario que obtuvo contratos con el Departamento de Estado, y antes de la realización de este juicio tenía presentado un patrimonio de seis millones de dólares, según allegados a la causa.

En 2010, el exmarino logró que la Justicia de Estados Unidos rechazara un pedido de extradición formulado por los tribunales argentinos. En 2014, al producirse una condena en primera instancia sobre la causa, las autoridades argentinas volvieron a reclamar la comparecencia de Bravo.

A fines de 2019, el exmilitar fue detenido por orden de la Corte del Distrito Sur de Florida y para poder esperar en libertad la resolución del caso depositó una fianza de cinco millones de dólares, según fuentes de las querellas.

El 9 de marzo de 2020 se realizó una audiencia en la Corte de la Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo, al entender que "Estados Unidos no puede ser refugio de asesinos en masa".

La decisión está en manos del juez Edwin Torres, quien no tiene plazos legales para expedirse sobre la cuestión y desde entonces los familiares aguardan que Bravo sea enviado a Argentina para dar cuenta de los crímenes de los que se lo acusa.

Ahora, con esta sentencia, los familiares y los representantes legales que los apoyaron en la presentación de esta demanda creen que se sienta un importante precedente para que sea finalmente extraditado a Argentina.