A penas asuma el nuevo gobierno de Javier Milei deberá tomar decisiones respecto a YPF ya que la Argentina tiene hasta el 10 de enero de 2024 presente garantías a los demandantes en la causa judicial por la estatización de la empresa petrolera. 

Así lo determinó la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, quien accedió al pedido de la Argentina, y autorizó extender hasta esa fecha el plazo para que el país realice su presentación.

Además, el Tribunal concederá  “una extensión de una semana del plazo de la República, hasta el 30 de enero de 2024, para presentar su escrito de apertura y solicitar una revisión expedita del Tribunal de Apelaciones”.

“La suspensión temporal de la ejecución permanecerá vigente hasta que la República no haya depositado los activos a los demandantes antes del 10 de enero de 2024 o hasta el 30 de enero de 2024, lo que ocurra primero”, estableció la jueza.

Por último, el fallo de Preska remarca que “tras el cumplimiento de ambas condiciones se concede a la República una nueva suspensión de la ejecución pendiente de apelación”.

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Un fallo de dicha magistrada obligaba a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones por cómo se realizó la expropiación de YPF pero hace poco más de una semana  Preska dio el visto bueno para que la Argentina pueda evitar pagar la totalidad, pero con ciertas condiciones: tenía hasta el 5 de diciembre para depositar un activo que sea del agrado de los demandantes.

Ahora autorizó la extensión de dicho plazo accediendo a un nuevo pedido del gobierno argentino teniendo en cuenta el proceso de transición de autoridades que se producirá en el país a partir del 10 de diciembre.

La solicitud había sido presentada por el estudio de abogados que representa al país, Sullivan & Cromwell: “El 19 de noviembre de 2023, el pueblo de la Argentina eligió un nuevo Presidente. El presidente electo prestará juramento el 10 de diciembre de 2023 y se espera que la nueva administración nombre nuevos líderes para el gabinete y los ministerios de la República a partir de esa fecha. Dada la transición, la República solicita respetuosamente que la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia definitiva vigente hasta el 5 de diciembre de 2023”.  

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