Violencia narco en la ciudad de Rosario: del monopolio al oligopolio del uso de la fuerza

El Estado como institución política tiene una tarea importantísima que es la de mantener el orden en la sociedad que gobierna. Esto es elemental para el correcto funcionamiento de todas las áreas estatales, pero además también para que la convivencia social sea posible. A partir de este principio surge la noción de monopolio de la fuerza, aquella que hace referencia a la capacidad exclusiva que el Estado debe tener de ejercer poder sobre el territorio dado.

En su reconocida obra "Leviatán", el filósofo inglés Thomas Hobbes planteó en el siglo XVII la necesidad de las sociedades humanas de darse un gobierno fuerte que pudiera mantener el orden y sacar al individuo del salvajismo en el cual viviría en estado natural. Hobbes sostenía que el ser humano es por naturaleza malvado y salvaje, por lo cual es necesario que exista una institución superior que lo gobierne y lo controle.

A partir de este concepto, nace la teoría de monopolizar legalmente la fuerza pública donde se plantea que sólo el Estado puede tener esta prerrogativa ya que se supone que es la autoridad máxima en una sociedad y que por lo tanto todos los habitantes deben respetarla. Esto se cristaliza con la existencia de fuerzas armadas oficiales, es decir, al servicio del Estado, que deben luchar contra el desorden, pero también contra la posibilidad de los ciudadanos comunes de armarse, lo cual es ilegal.

Una investigación aún inédita elaborada por el Observatorio de Política Criminal (OPC) que dirige Ariel Larroude, analizó el problema más grave que padece la ciudad de Rosario y concluyó que el Estado provincial "terminó cediendo el uso monopólico de la violencia en distintos grupos criminales para que estos resuelvan los problemas emergentes del crimen organizado a través del uso de la fuerza y al margen de la ley".

El informe -titulado "Rosario: un sueño de paz"- plantea en su introducción que "la ciudad se conviritió desde hace una década en un enclave territorial regido por un oligopolio que reparte entre policías y delincuentes la potestad de dar muerte". El trabajo plantea que para muchos autores que estudiaron el fenómeno coinciden en que "el uso monopólico de la fuerza es la razón de ser de la policía". Sin embargo, destaca que "el verdadero trabajo policial no consiste solamente en reprender violentamente situaciones delictivas, sino, por sobre todo, en la posibilidad de relacionarse con circunstancias que puedan requerir el uso de la fuerza".

El caso rosarino muestra que la policía no actúa en forma corporativa. "Hay indicios marcados que dan cuenta que en esta ciudad ese corpus se atomizó y se multiplicó, por lo que allí conviven desde hace tiempo varias potestades represivas que actúan de manera individual y, por ende, de forma desorganizada, por lo que la contención de la violencia social está en falta y, esa situación, es parte de la explicación a tantos hechos sangrientos", apunta Larroude.

Desde la perspectiva analítica del Observatorio Criminal "cuando esa violencia social no puede ser absorbida y se encuentra impregnada en la cotidianeidad de un territorio desde hace tiempo, es porque el Estado ya no posee ese monopolio coercitivo sino que lo comparte, por delegación o debilidad, justamente con esa sociedad que debe tutelar pero a la vez reprender si sus acciones se expresan al margen del derecho". Por esta razón "en Rosario se constituyó un tipo de orden social que acepta la ilegalidad y la violencia en la misma medida en que la padece".

En este sentido es clave establecer -afirma el experto- que "la clase política no le encuentra solución al problema pese a que a ningún sector partidario le pueda llegar a convenir una violencia sostenida por mucho tiempo, en tanto atentaría contra sus aspiraciones a largo plazo".

A modo de conclusión introductoria, la investigación de Larroude establece que "la cesión del monopolio de la fuerza en Rosario es producto natural de tres procesos: el cambio en el paradigma del consumo y de la comercialización de estupefacientes en los centros urbanos de la Argentina; la atomización del control territorial por parte de la policía; y la consolidación de un orden económico violento y clandestino".

Del país de tránsito, al país de consumo

Según la investigación del Observatorio, Argentina atraviesa hace algunos años "una etapa de mayor complejidad en las formas en la que se viene manifestando el narcotráfico". De aquellas etapas, en las que los mercados de tráfico internacional y de abastecimiento de los mercados locales de consumo aparecían como diferenciados, con características propias y con bajos niveles de conflictividad, "se ha avanzado a una situación en la que es posible establecer interrelaciones de mayor envergadura entre esas manifestaciones y un incremento de la violencia letal (asociada a los mercados ilícitos o a la criminalidad organizada), principalmente en los centros urbanos".

Desde el año 2000, la marihuana y la cocaína registraron en los grandes centros urbanos "una dinámica expansiva respecto de otras sustancias". Así, mientras que la prevalencia anual de consumo de marihuana en población general pasó de un 3,2% en 2011 a un 7,8% en 2017; la de cocaína se incrementó de un 0,73% en 2010 a un 1,5% en 2017¹. En este contexto, "la Provincia de Santa Fe ha registrado también importantes incrementos en el mismo período. La proporción de personas que consumieron marihuana en la última década ascendió de un 2,4% en 2011 a un 9,6% en 2017; en tanto la de cocaína se incrementó de un 1,1% en 2010 a un 1,8% en 2017. Los últimos datos disponibles para Santa Fe (2017) registran valores superiores a la media nacional para ambas sustancias".

Esta demanda vertiginosa fue clave en la creación de mercados locales a partir de la producción nacional de estupefacientes, principalmente de elaboración sintética que, además, se vio reforzada por el mercado amplio y de fácil acceso que tiene la Argentina a los precursores químicos, utilizados para la elaboración final del producto. "La instalación en Rosario de laboratorios de pasta base para agilizar la producción local y disponer de ella como producto terminado, reemplazó al traslado desde las fronteras de la mercancía ya elaborada, lo que incrementaba notoriamente los costos del producto y lo ponía fuera del alcance de las clases menos pudientes", destaca Larroude. En ese sentido, "la aparición de modalidades de comercialización, como el narcomenudeo, principalmente en los barrios carenciados, es la resultante de dicho proceso y es parte fundamental para comprender la génesis de la violencia rosarina".

Dicha proliferación de laboratorios de pasta base, de pequeños bunkers de expendio y la consecuente disputa territorial entre clanes por dichos mercados es lo que produjo que "la violencia en Rosario se exacerbe en un contexto propicio para ello, ya que el crecimiento de la oferta multiplicó la disponibilidad de la droga y, a su vez, bajó su precio, volviéndola más accesible y mucho más rentable". Sin embargo, lo que fue distintivo en Rosario, en comparación con otras ciudades argentinas, fue que, "por la rentabilidad inmensa que este mercado genera, se desató una confrontación más violenta que en otras ciudades, como por ejemplo Córdoba capital o la Provincia de Buenos Aires que no registran ni por asomo índices de letalidad similares".

Atomización del control policial del territorio

Para el Observatorio, "las dinámicas por las disputas territoriales que rodean al narcotráfico no son estáticas, tienen particularidades y aristas que pueden hacer socavar los acuerdos más básicos que posibilitan que dicho comercio pueda mantenerse y desarrollarse pese a su ilegalidad".

En los barrios más postergados de las zonas aledañas a los centros urbanos, esos acuerdos tienden a cuestionarse con mayor frecuencia, más todavía cuando son varios los actores que entran en disputa. "Cuando esto ocurre, si no se interviene con rigurosidad, los pactos tradicionales para mantener a raya la delincuencia quedan obsoletos y los hechos de sangre se vuelven habituales", destaca el informe.

Por eso, ante situaciones de zozobra, rápidamente son las cúpulas de la agencia policial y, por sobre todo, la clase política, las que ajustan las clavijas y vuelven a rubricar los acuerdos con la criminalidad para que todo fluya dentro de los márgenes ilegales aceptados por todos los actores. "Sin embargo, lo expresado anteriormente en Rosario no sucedió. Ni la cúpula policial actuó ante los primeros hechos de violencia letal como un cuerpo homogéneo capaz de regular el territorio, ni la clase política hizo lo necesario para evitar más derramamiento de sangre, cuestión que produjo un desmanejo notorio en el control de la criminalidad de la ciudad ribereña".

Tras efectuar una descripción detallada sobre el modo que los gobiernos socialistas de Hermes Binner y Antonio Bonfatti adoptó para intentar "controlar" sin éxito el accionar de estas bandas mediante el clásico pacto entre cúpulas policiales y delincuentes y un intento por depurar paulatinamente los lazos entre la política y la policía, el autor sostiene que "con la irrupción de un nuevo mercado local de drogas, las viejas cajas policiales quedaron cortas en comparación a lo que se podía recaudar participando del negocio narco".

Sin embargo, pese a estos intentos socialistas, "lo único que se logró fue que el dinero que la dirigencia seguía percibiendo ya no fuera la resultante del pretendido control sobre el delito y la violencia, sino producto de una atomización anárquica de esos circuitos de recaudación. Para decirlo claramente, lo que se cortó durante el gobierno socialista de Binner no fue la caja de recaudación policial sino, más bien, el control político sobre la delincuencia que generaba esa caja".

En ese nuevo marco de relaciones institucionales, la ciudad de Rosario comenzó a convulsionarse rápidamente. Los hechos de violencia letal relacionados por el narcotráfico fueron creciendo en la medida que las fuerzas de seguridad profundizaron su atomización y comenzaron a vender unilateralmente protección al mejor postor.

La declaración de la “emergencia en seguridad” en toda la provincia de Santa Fe en 2012, fue otra muestra de voluntad de reforma que buscó promover nuevos lineamientos estratégicos orientados a obtener una mayor eficacia en la lucha contra el delito a partir de una brusca descentralización regional y una mayor profesionalización del personal policial.

"Esta restructuración, lejos de generar un impacto en la delincuencia, a partir de un funcionamiento eficaz de las fuerzas de seguridad, cristalizó la atomización del poder policial que hasta ese momento venia insinuándose, otorgándole mayor discrecionalidad a dispositivos paralelos de control territorial que estaban ungidos para responder verticalmente pero que comenzaron a hacerlo de manera unilateral y fuera de las líneas jerárquicas a partir de dicha reforma", concluye este capítulo.

Conclusiones y propuesta

Tras una minuciosa descripción de los puntos más trascendentes de la problemática delictiva rosarina, el informe -de cuya elaboración participaron, además del mencionado Larroude, los especialistas Mariana Souto Zabaleta y Glen Evans- enuncia una serie de propuestas para abordar esta conflictividad que azota a Rosario desde hace casi diez años. "Básicamente, planteamos cinco ítems que deben ser desarrollados de manera simultánea, no de manera individual, toda vez que si estas propuestas no son aplicadas a la vez, se corre el riesgo de desvirtuarlas y volverlas inoperantes. A saber:

a) La creación de un Comité de Crisis en el marco de la ley de Seguridad Interior;

b) la regionalización operativa de las fuerzas de seguridad, principalmente para la prevención y represión de los delitos vinculados a la narcocriminalidad;

c) abrir una discusión seria sobre el rol de la Inteligencia Criminal en la Argentina;

d) la promoción continua y obligatoria del “Plan Voluntario de Desarme Civil”;

e) avanzar hacia una modificación sustentable de la ley de drogas que actualmente rige en la Argentina".