Vicentin: la Cámara Federal confirmo el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los directivos
También confirmó la inhibición de Algodonera Avellaneda. Es por la causa de los créditos irregulares otorgados a la cerealera durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Cámara Federal confirmo el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los directivos de Vicentin y de los ex funcionarios del Banco Nación. También confirmó la inhibición de Algodonera Avellaneda. Es por la causa de los créditos irregulares otorgados a la cerealera durante el gobierno de Mauricio Macri.
La decisión incluye un mensaje para el juez Julián Ercolini: le indican que evalúe disponer un “embargo preventivo, estableciendo un monto específico a ser tutelado en base al actual conocimiento que pudiere haber adquirido en este tiempo respecto de los bienes que efectivamente detenta la empresa”.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens sostuvieron que resultaba “atinada de momento la solución propuesta por el juez al decidir no inhibir a las personas físicas”. Agregaron que “en ese sentido, se advierte que más allá de que aún no se las ha convocado a prestar declaración indagatoria, no se encuentran determinadas sus eventuales intervenciones en los hechos; cuestiones que nos disuaden de considerar en el caso que se hallen configurados los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora".
En la causa están involucrados el ex titular del Banco Nación Javier González Fraga y también Guido Sandleris, además de los directivos de las empresas Vicentín y Algodonera Avellaneda. Dentro del expediente se intenta determinar si hubo perjuicio al Estado Nacional con el otorgamiento irregular de financiación a las empresas por el Banco Nación, calculada en 18.500 millones de pesos y por la falta de ejecución de garantías previstas para ese endeudamiento.
La Justicia resolvió la intervención del conglomerado industrial Vicentín SAIC por un plazo de 90 días, al mismo tiempo que prohíbe la venta de sus acciones y empresas. Habrá un interventor que propuso el Comité de Acreedores, mientras que la subintervención quedará a elección del gobierno de Santa Fe.