En las últimas horas, el gobierno nacional sufrió un revés político, a poco menos de dos semanas de las PASO. La Cámara Federal de Comodoro Py decidió reabrir la parte de la causa por el Vacunatorio VIP que había sido archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti.

La resolución fue firmada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens e involucra a quienes se vacunaron tanto en el Ministerio de Salud como en Olivos y en el Hospital Posadas. Para Capuchetti, no había existido delito más allá del reproche moral y ético. La PIA apeló la decisión y consideró que aún quedaban aristas para profundizar la investigación.

“Será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, dijeron los magistrados y consideraron que las vacunas eran un bien escaso que el Estado debía administrar.

Remarcaron además que se desconocía “en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”.

“Interpretar algunos tipos penales de la parte especial del Código Penal –de vaga e imprecisa redacción- para que forzosamente encuadren en las conductas denunciadas se apoya exclusivamente en una interpretación extensiva de los tipos penales y pasa groseramente por alto el carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal, como así también el hecho claro, conciso y evidente de que las personas vacunadas se encontraban dentro del grupo considerado como prioritario por la Resolucion 2883/20 que expresamente establecía la posibilidad de avanzar simultáneamente entre las diferentes etapas tal como lo recomendaban los especialistas”, había marcado la jueza Capuchetti en su momento.

Ahora, la magistrada deberá profundizar la investigación de acuerdo a lo marcado por la Cámara, que siguió lo expresado por quien impulsó esta revisión, el fiscal Rodríguez. “Encomendando a la jueza el desarrollo de las medidas pertinentes para develar cada uno de esos interrogantes a fin de precisar la adecuada gravitación de los hechos y, de existir, el correcto deslinde de las consecuentes responsabilidades, teniendo también en consideración las medidas de prueba sugeridas por el Dr. Rodríguez”, se sostuvo.

Además, los camaristas decidieron que la asociación civil Bases Republicanas (liderada por una ex funcionaria macrista) podrá ser querellante en el expediente.